Unos 300 veteranos que participaron en el golpe de Estado del 2 y 3 de febrero de 1989, que puso fin a la dictadura de Alfredo Stroessner, se movilizaron este lunes desde la Plaza de la Democracia hasta Mburuvicha Róga para exigir al Gobierno una solución a los obstáculos que, según denuncian, les impiden acceder a las indemnizaciones establecidas por ley.
La manifestación motivó un importante despliegue de agentes de la Policía Nacional, incluidos efectivos antimotines, en las inmediaciones de la residencia presidencial.
Los excombatientes reclaman el cumplimiento de la Ley N.º 7081, promulgada en octubre de 2023, que establece un régimen de indemnización para conscriptos del Servicio Militar Obligatorio (SMO), así como para víctimas y afectados directos por los sucesos de febrero de 1989.
Teófilo Mereles, vocero del grupo, expresó su preocupación debido a que solamente alrededor del 20% de los expedientes correspondientes a unos 1.800 potenciales beneficiarios han sido remitidos para su evaluación final.
Según explicó, los afectados presentaron la totalidad de los documentos requeridos ante el Ministerio de Defensa Nacional durante el año 2025, cumpliendo con los plazos establecidos. Sin embargo, aseguró que la institución solo remitió una parte de los expedientes al Ministerio de Economía y Finanzas.
“El plazo para la recepción de documentos en el Ministerio de Economía vence el próximo 10 de junio y miles de carpetas siguen sin ser enviadas”, señaló Mereles.
Ante esta situación, los veteranos entregarán una solicitud al Gabinete Civil de la Presidencia para que el Poder Ejecutivo emita un decreto reglamentario que amplíe el plazo de recepción de expedientes.
“Existen antecedentes jurídicos, ya que anteriormente el Ejecutivo modificó el decreto reglamentario. Por eso consideramos que corresponde una nueva ampliación”, sostuvo.
Los manifestantes anunciaron que permanecerán en la zona hasta obtener una respuesta oficial. Incluso advirtieron que, de no ser recibidos por autoridades del Ejecutivo, mantendrán ocupada media calzada de la avenida Mariscal López, en las cercanías de la Embajada de los Estados Unidos.
“No nos vamos a mover sin una respuesta concreta del presidente o del jefe de Gabinete. Presentamos nuestra nota y esperamos ser atendidos”, afirmó el vocero.
Mereles indicó que entre los participantes se encuentran exreservistas del Regimiento Escolta Presidencial, así como integrantes de unidades de Caballería, Marina, Aeronáutica, Policía Nacional y otras dependencias que tuvieron participación directa en los acontecimientos de febrero de 1989.
La normativa vigente contempla una indemnización equivalente a 750 jornales mínimos, monto que actualmente asciende a aproximadamente G. 83.626.500 y que debe ser abonado en un solo pago a cada beneficiario reconocido.
