Tres altos mandos de la Senad van a prisión por presuntas filtraciones y protección al entorno de Lalo Gomes
El juez interino de Crimen Organizado, Humberto Otazú, ordenó la prisión preventiva de tres altos funcionarios de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), investigados por una presunta estructura que habría filtrado información sensible, obstaculizado procedimientos y favorecido al fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes y a personas vinculadas a su entorno. La medida se cumple en la Prisión Militar de Viñas Cué.
La investigación que busca determinar el alcance de una presunta red de protección y filtración de información dentro de organismos estatales sumó un nuevo capítulo con la decisión judicial de enviar a prisión preventiva a tres altos mandos de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).
El juez interino de Crimen Organizado, Humberto Otazú, decretó la prisión preventiva de Cristian Porfirio Amarilla Cabaña, director de Inteligencia; Aldo Osmar Pintos Martínez, comandante de Fuerzas Especiales; y Alicia Marlene Vázquez Samaniego, jefa del Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado.
Los tres fueron imputados en el marco de una investigación derivada del caso relacionado con el fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, en la que el Ministerio Público sostiene que determinados funcionarios habrían utilizado sus posiciones para acceder, transmitir o manejar información sensible vinculada con investigaciones contra estructuras dedicadas al narcotráfico.
La resolución judicial establece que los tres imputados deberán permanecer en la Prisión Militar de Viñas Cué, mientras avanza el proceso penal. La audiencia de imposición de medidas se realizó por medios telemáticos.
Una investigación que apunta a una presunta estructura de protección
De acuerdo con la imputación fiscal, los funcionarios investigados habrían formado parte de una estructura que supuestamente proporcionaba información y protección institucional a integrantes del denominado Clan Gomes.
La Fiscalía sostiene que esa estructura habría permitido obtener y transmitir datos relacionados con procedimientos antidrogas, dificultar determinadas investigaciones y frustrar acciones operativas.
Es importante señalar que estas afirmaciones corresponden a la hipótesis del Ministerio Público y deberán ser demostradas durante el proceso judicial.
Los tres agentes están procesados por hechos punibles relacionados con asociación criminal, frustración de la persecución y ejecución penal y omisión de funcionario encargado de prevenir, mientras que a Aldo Pintos también se le atribuye tráfico de influencias.
El caso de Ronaldo Mendes Nunes
Uno de los principales puntos de la investigación está relacionado con el brasileño Ronaldo Mendes Nunes, señalado por la Fiscalía como presunto narcotraficante y quien habría logrado escapar de un operativo destinado a detenerlo.
Según la investigación fiscal, Aldo Pintos habría proporcionado información sensible sobre procedimientos de la Senad que posteriormente habría llegado hasta Lalo Gomes.
La Fiscalía también atribuye a Pintos una participación en hechos que presuntamente contribuyeron a frustrar la detención de Mendes Nunes y a desvincular posteriormente al fallecido diputado de la fuga.
El caso se remonta a un operativo en el que las autoridades pretendían detener al brasileño. Según la acusación difundida por el Ministerio Público, Lalo Gomes habría intervenido posteriormente para ayudar al hombre a escapar.
El papel atribuido a Cristian Amarilla
Otro de los principales investigados es Cristian Porfirio Amarilla Cabaña, quien se desempeñaba como director de Inteligencia de la Senad.
La Fiscalía sostiene que Amarilla habría mantenido contacto directo con Lalo Gomes y que, junto con otros funcionarios y la sobrina del fallecido legislador, habría proporcionado información relacionada con investigaciones de narcotráfico.
También se le atribuye una intervención relacionada con el denominado caso Pavo Real, específicamente en la elaboración de un informe en el que, según la imputación, no habría sido incluido el nombre de Lalo Gomes pese a que este habría aparecido mencionado en información extraída de un teléfono celular analizado dentro de la investigación.
La Fiscalía considera que esa actuación habría contribuido a favorecer la situación del entonces diputado.
La investigación también alcanza a Alicia Vázquez
La tercera funcionaria enviada a prisión preventiva es Alicia Marlene Vázquez Samaniego, quien ocupaba la jefatura del Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado.
Según la hipótesis fiscal, Vázquez habría participado en tareas vinculadas con el análisis de bienes y personas relacionadas con investigaciones de estructuras de narcotráfico.
La acusación sostiene que habría existido una omisión en un informe relacionado con el caso Pavo Real, donde supuestamente no se incluyó a Lalo Gomes pese a información que lo vinculaba con uno de los inmuebles bajo investigación.
La sobrina de Lalo Gomes también quedó bajo proceso
La causa no se limita a los tres funcionarios de la Senad.
Helga Lizany Solís Gomes, sobrina de Lalo Gomes y exasistente fiscal, también fue imputada y detenida dentro de la investigación.
Inicialmente se abstuvo de declarar ante el Ministerio Público. Su defensa había solicitado para ella el arresto domiciliario con utilización de tobillera electrónica y controles policiales, argumentando que cuenta con arraigo y que se presentó voluntariamente ante la Justicia.
Sin embargo, posteriormente, el juez Humberto Otazú también decretó su prisión preventiva, de acuerdo con la actualización judicial del 17 de septiembre.
La Fiscalía la señala como una pieza relevante dentro del supuesto esquema de contactos y filtración de información. Según la imputación, durante el periodo en que se desempeñó como asistente fiscal habría utilizado relaciones con funcionarios del Ministerio Público, el Poder Judicial y la Defensa Pública para favorecer a determinadas personas investigadas.
Además, la investigación sostiene que habría tenido acceso a información sensible a través de su relación con Aldo Pintos.
Un antecedente ocurrido en Pedro Juan Caballero
Entre los hechos mencionados por la Fiscalía aparece además un episodio ocurrido en Pedro Juan Caballero, cuando Lizany Solís Gomes se desempeñaba como asistente fiscal.
Según la imputación, en junio de 2019 habría intervenido para modificar determinados aspectos de un acta de procedimiento policial correspondiente a una persona procesada por un caso relacionado con la Ley de Armas.
La Fiscalía sostiene que los cambios habrían permitido que el hecho fuera considerado un delito y no un crimen, situación que posteriormente habría posibilitado la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva.
El Ministerio Público también atribuye a la exasistente fiscal gestiones relacionadas con el destino de evidencias, sosteniendo que habría solicitado que determinados elementos fueran enviados a Criminalística de la Policía Nacional y no al Laboratorio Forense del Ministerio Público.
Todas estas circunstancias forman parte de la teoría del caso de la Fiscalía y deberán ser sometidas al contradictorio dentro del proceso penal.
Otro funcionario permanece investigado
Además de los tres agentes enviados a prisión y de la sobrina de Lalo Gomes, la investigación alcanza al agente especial supervisor general Hugo Derlis Baptista Báez, quien aparece mencionado entre los funcionarios investigados, aunque al momento de la resolución que envió a los tres altos mandos a Viñas Cué todavía no estaba sometido al proceso penal.
La causa es investigada por los fiscales Ingrid Cubilla, José Martín Morínigo, Christian Ortiz y Luis Said.
La postura de la Senad
El ministro de la Senad, Jalil Rachid, había calificado las imputaciones contra funcionarios de la institución como un golpe para la entidad y su gestión.
Posteriormente cuestionó públicamente el manejo de la investigación por parte de los fiscales, mientras que la Fiscalía sostiene su hipótesis sobre una presunta estructura de filtración y protección vinculada con el entorno de Lalo Gomes.
El proceso judicial deberá determinar finalmente si las conductas atribuidas a los funcionarios constituyen los hechos punibles señalados por el Ministerio Público y cuál fue el verdadero alcance de las presuntas filtraciones.
Un caso que vuelve a poner el foco sobre las instituciones
La decisión de enviar a prisión preventiva a tres altos funcionarios de la Senad representa uno de los principales avances procesales de esta investigación, debido a que involucra a personas que ocupaban cargos estratégicos dentro de la institución encargada de combatir el narcotráfico.
El caso busca establecer cómo se habría obtenido y transmitido información reservada, quiénes habrían intervenido en las presuntas filtraciones y si esas acciones tuvieron como finalidad favorecer a personas investigadas por narcotráfico.
Por ahora, Amarilla, Pintos, Vázquez y Solís Gomes permanecen bajo medidas cautelares y enfrentan una investigación penal, por lo que la responsabilidad definitiva deberá establecerse mediante una sentencia judicial.
La causa también vuelve a poner bajo la lupa las conexiones que, según la Fiscalía, habrían existido entre determinados funcionarios públicos y el entorno del fallecido diputado Lalo Gomes, mientras el Ministerio Público continúa reuniendo elementos para sustentar sus acusaciones ante la Justicia.
