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Traslado apresurado: denuncian falencias en nuevo penal de mujeres en Emboscada

Emboscada, Paraguay.

El nuevo Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad en Emboscada, donde fueron trasladadas más de 600 internas tras el cierre del Buen Pastor, aún no se encuentra totalmente operativo. Así lo confirmó el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), que realizó una visita de verificación al lugar.

Pese a que la infraestructura del penal es amplia y moderna, la comisionada del MNP, abogada Magdalena Palau, advirtió que el traslado se realizó de forma “apresurada” y sin que el predio esté al 100% de su funcionamiento. “Fue evidente que se trató de una mudanza rápida. La infraestructura es buena, tiene mucho potencial, pero todavía hay aspectos que deben ser ajustados”, expresó.

Condiciones observadas

Durante la visita, los comisionados constataron que tanto el suministro de agua como el de electricidad estaban operativos, aunque con interrupciones puntuales. Según Palau, la provisión de agua fue suspendida momentáneamente en algunos sectores debido a protestas de las internas, quienes presionaban de forma reiterada los botones de las cisternas dentro de las celdas como forma de manifestación.

El complejo cuenta con 356 celdas, la mayoría con capacidad para cuatro personas, aunque actualmente albergan entre dos y tres internas por celda. Las mujeres fueron distribuidas en módulos según su situación procesal: unas con condena firme y otras con procesos abiertos.

Además del grupo proveniente del Buen Pastor, también fueron trasladadas mujeres desde otras penitenciarías del país. El Viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, adelantó que la intención a largo plazo es concentrar en este penal a toda la población femenina privada de libertad del país.

Encierro prolongado y escaso contacto con familiares

Una de las principales preocupaciones expresadas por el MNP fue el régimen de encierro. “Muchas de ellas pasaron casi tres días sin salir de sus celdas, más que al pasillo frente a las mismas”, indicó Palau. Las internas manifestaron su disconformidad por la falta de contacto con familiares, así como la imposibilidad de recibir visitas, medicamentos y alimentos que habitualmente eran entregados por sus seres queridos.

El encierro prolongado generó distintos niveles de tensión entre las mujeres. En algunos pabellones el ambiente era tranquilo, mientras que en otros se percibía un mayor nivel de angustia. El Ministerio de Justicia también confirmó que varias internas presentaban síntomas de abstinencia, tanto de cigarrillos como de otras sustancias.

Infraestructura incompleta y personal en capacitación

Aunque el complejo cuenta con áreas previstas para comedor, parque infantil y canchas deportivas, estas aún no están habilitadas. Por el momento, las internas continúan comiendo en los pasillos cercanos a sus celdas.

“Entramos a la cocina y a la cámara frigorífica, y vimos que había suficientes insumos. Pero es como una mudanza: hay cosas, pero todavía no todo está en su lugar”, explicó la comisionada.

En cuanto al personal penitenciario, actualmente se encuentran operativas unas 200 agentes, de las cuales 70 fueron trasladadas desde la cárcel de Minga Guazú, otras 100 provienen del Buen Pastor, y unas 30 son nuevas contrataciones que están siendo capacitadas directamente en el lugar.

Denuncias y respuesta oficial

Familiares de las internas denunciaron un aislamiento extremo y la falta de acceso a información sobre el estado de las mujeres. También expresaron preocupación por la supuesta falta de alimentos y medicamentos.

No obstante, desde el Ministerio de Justicia negaron estas versiones. El viceministro Rubén Maciel aseguró que “no pasaron hambre, sed ni frío, ya que se les proveyó de comida, agua embotellada y ropa de cama”.

Pese a estas declaraciones, el MNP insiste en que el traslado debió haberse realizado con mayor planificación y que, si bien se valora el esfuerzo del Ministerio de Justicia por mejorar las condiciones carcelarias, es necesario garantizar desde el inicio el respeto a los derechos básicos de las personas privadas de libertad.

Fuente: Ultima Hora.