La ex jueza en lo Civil y Comercial sostiene que la condena contra el ex senador Hernán Rivas por uso de un título falso podría convertirse en un elemento relevante para su reclamo ante la Corte Suprema de Justicia. Irún fue destituida en 2021 por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados con el voto de Rivas y ahora espera que el fallo penal quede firme para incorporar ese antecedente a su acción de inconstitucionalidad.

La ex magistrada Tania Irún volvió a referirse a su destitución del Poder Judicial luego de conocerse la condena a ocho años de prisión contra Hernán Rivas, ex senador y ex integrante del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), en el marco del proceso por el uso de un título falso de abogado.

Irún considera que la situación judicial de Rivas abre un nuevo escenario respecto al procedimiento que terminó con su remoción en 2021, teniendo en cuenta que el entonces miembro del JEM participó y votó en la decisión que terminó apartándola de su cargo.

La ex jueza mantiene desde diciembre de 2021 una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justiciacontra la resolución del Jurado y adelantó que pretende incorporar como hechos nuevos tanto su absolución en el proceso por supuesto prevaricato como la condena dictada contra Rivas, siempre que esta última adquiera firmeza.

Para Irún, no se trata únicamente de una discusión sobre su situación personal, sino de cuestionar la legitimidad de una decisión adoptada por un organismo encargado de juzgar la conducta de magistrados.

“Sin su voto, yo no iba a ser removida”

La ex magistrada remarcó que la participación de Rivas resultó determinante dentro de la votación que terminó con su destitución.

El procedimiento en su contra concluyó con una mayoría de cinco votos contra tres, por lo que Irún sostiene que, de no haberse computado el voto del entonces integrante del JEM, no se habría alcanzado la mayoría que determinó su salida.

Este elemento adquiere ahora una dimensión diferente para la ex jueza debido a la condena penal de Rivas, vinculada precisamente a la acreditación de su formación profesional como abogado.

Irún manifestó que la situación le genera sentimientos encontrados, al considerar que durante años sufrió cuestionamientos a su trayectoria judicial mientras una de las personas que intervino en su destitución enfrentaba dudas sobre la autenticidad de su propia formación académica.

El origen del caso de Tania Irún

La destitución de Irún estuvo relacionada con una resolución emitida durante su desempeño como jueza en lo Civil y Comercial en un litigio que involucraba bienes vinculados a la denominada Secta Moon.

A raíz de aquella decisión judicial, la magistrada fue denunciada por supuesto prevaricato y posteriormente sometida a un proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

La actuación que motivó su enjuiciamiento también fue analizada posteriormente dentro del sistema judicial.

Irún destacó que la resolución cuestionada fue confirmada en segunda instancia y que una acción planteada ante la Corte Suprema de Justicia fue desestimada.

Además, en el proceso penal seguido en su contra por supuesto prevaricato, fue absuelta por unanimidad, bajo la figura de la duda.

Estos antecedentes son ahora utilizados por la ex magistrada para cuestionar el procedimiento que derivó en su destitución y sostener que la sanción aplicada por el JEM merece una nueva revisión constitucional.

Acción pendiente desde 2021

Tras ser apartada del cargo, Irún promovió una acción de inconstitucionalidad en diciembre de 2021.

El expediente atravesó distintas integraciones dentro de la Corte Suprema de Justicia, pero hasta el momento continúa pendiente de una resolución definitiva.

La ex jueza explicó que espera que la condena contra Hernán Rivas quede firme antes de realizar nuevas presentaciones ante la máxima instancia judicial.

Su intención es ampliar el planteamiento original incorporando dos elementos que considera fundamentales: por un lado, su absolución definitiva en el proceso penal por supuesto prevaricato y, por otro, la condena del ex legislador que participó en el JEM que decidió su destitución.

Con ello pretende que la Corte evalúe nuevamente las circunstancias en las cuales fue separada de la magistratura.

No define todavía un eventual regreso

Pese a mantener su reclamo judicial, Irún evitó anticipar si buscaría retornar inmediatamente al Poder Judicial en caso de obtener una decisión favorable.

Señaló que durante los últimos años sus prioridades personales y profesionales fueron modificándose y que actualmente prefiere esperar el resultado de los procesos pendientes antes de adoptar una decisión.

La ex magistrada indicó que después de varios años difíciles comenzaron a aparecer resoluciones que considera favorables y sostuvo que aprendió a no precipitarse respecto a los pasos que tomará en adelante.

Su objetivo inmediato, según expresó, es que la Corte estudie el fondo de su acción y establezca si la decisión del JEM debe permanecer vigente.

Cuestiona el daño institucional

Irún insistió en que el caso no debería ser analizado exclusivamente desde una perspectiva individual.

A su criterio, lo ocurrido también plantea interrogantes sobre el funcionamiento de las instituciones encargadas de controlar y sancionar a los integrantes del Poder Judicial.

La ex jueza señaló que el daño provocado por este tipo de situaciones puede alcanzar a la propia credibilidad del sistema de justicia, especialmente cuando quienes tienen la facultad de evaluar la conducta y capacidad de magistrados posteriormente enfrentan cuestionamientos relacionados con sus propias credenciales profesionales.

Por ese motivo, considera que el caso debe servir para revisar mecanismos institucionales y evitar que situaciones similares vuelvan a producirse.

“Los siguientes Tania Irún”

La ex magistrada también aseguró que durante los años posteriores a su destitución su nombre fue utilizado como una especie de advertencia dentro del ámbito judicial.

Según relató, otros jueces habrían recibido mensajes o presiones en los que se mencionaba la posibilidad de que terminaran convirtiéndose en “los siguientes Tania Irún” si adoptaban determinadas decisiones.

Irún interpreta este tipo de situaciones como una muestra del efecto intimidatorio que puede generar el Jurado de Enjuiciamiento cuando su intervención es utilizada como mecanismo de presión sobre magistrados.

Sostuvo que su caso fue objeto de una fuerte exposición y que incluso se produjeron cuestionamientos que trascendieron su desempeño profesional y alcanzaron aspectos personales.

Condena contra Rivas cambia el escenario

La condena penal de Hernán Rivas introduce ahora un nuevo componente en la disputa jurídica.

El ex legislador fue condenado a ocho años de prisión por el caso de su título falso de abogado, circunstancia que generó cuestionamientos respecto a su paso por organismos vinculados directamente con el sistema judicial.

Entre esos cargos estuvo precisamente su participación en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Para Irún, la relevancia de este hecho radica en que Rivas tuvo la capacidad de evaluar, juzgar y votar sobre la continuidad de jueces y fiscales mientras existían dudas respecto a la legitimidad de su propia condición profesional.

Sin embargo, la condena todavía debe atravesar las etapas procesales correspondientes antes de quedar firme.

Por este motivo, la ex jueza señaló que aguardará la definición judicial antes de incorporarla formalmente como un hecho nuevo dentro de su acción ante la Corte.

Busca una reivindicación más allá de su caso

Irún aseguró que continúa esperando una reivindicación de su trayectoria judicial y de su nombre, pero afirmó que su reclamo también pretende generar un precedente institucional.

La ex magistrada expresó su deseo de que lo sucedido no termine convertido simplemente en una anécdota dentro de la historia reciente del sistema judicial paraguayo.

Considera que una eventual revisión de su caso podría establecer límites más claros y fortalecer las garantías para quienes son sometidos a procedimientos ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

También manifestó que uno de sus principales objetivos continúa siendo combatir prácticas de corrupción y situaciones en las que funcionarios o autoridades puedan ejercer presión sobre quienes desempeñan funciones jurisdiccionales.

La Corte tendrá la última palabra

El siguiente paso dependerá de dos frentes judiciales.

Por una parte, deberá definirse la situación definitiva de Hernán Rivas una vez agotados los mecanismos de impugnación disponibles contra su condena.

Por otra, la Corte Suprema de Justicia deberá pronunciarse sobre la acción de inconstitucionalidad presentada por Tania Irún, que permanece pendiente desde hace varios años.

En caso de que la condena contra Rivas adquiera firmeza, la ex magistrada pretende solicitar formalmente que ese antecedente sea incorporado al análisis de su causa.

La decisión de la Corte podría determinar no solamente la situación jurídica de Irún, sino también abrir un debate más amplio sobre las consecuencias de las actuaciones realizadas por integrantes del JEM cuya idoneidad o habilitación profesional posteriormente haya sido cuestionada judicialmente.

Mientras espera esa definición, Irún sostiene que continuará defendiendo su trayectoria y reclamando una revisión de las circunstancias que terminaron con su carrera judicial en 2021.