Helga Lizany Concepción Solís Gómez, sobrina del fallecido diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes, se presentó voluntariamente ante la Policía en Pedro Juan Caballero, luego de que la Fiscalía ordenara su detención en el marco de una investigación derivada del caso “La Mafia Manda”. La mujer está imputada por presuntos hechos vinculados a asociación criminal, frustración de la persecución y ejecución penal y tráfico de influencias.
La exasistente fiscal se presentó alrededor de las 21:00 del martes, acompañada de su abogado Marco Antonio López Bogarín, ante la oficina regional del Departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional, en Pedro Juan Caballero. Posteriormente, fue trasladada a Asunción para quedar a disposición del Ministerio Público.
La Fiscalía había ordenado su detención después de que un allanamiento realizado en su vivienda no permitiera localizarla. Solís Gómez figura como una de las cinco personas imputadas en una causa que investiga presuntas filtraciones de información sensible desde la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y otros mecanismos de supuesto favorecimiento a personas investigadas por hechos vinculados al crimen organizado.
Presunto papel dentro de la estructura
Según la imputación presentada por los fiscales Ingrid Cubilla, Luis Amado Said, José Martín Morínigo y Cristian Ortiz, Solís Gómez habría utilizado los contactos que desarrolló durante su desempeño como asistente fiscal para acceder o transmitir información relacionada con investigaciones y procedimientos judiciales.
La Fiscalía sostiene que la mujer habría tenido vínculos con funcionarios del Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensa Pública y agentes de la Senad, relaciones que presuntamente habrían sido utilizadas en beneficio de personas investigadas. La imputación le atribuye asociación criminal, frustración de la persecución y ejecución penal agravada por la condición funcional y tráfico de influencias, entre otros hechos que podrían ser ampliados conforme avance la investigación.
Uno de los aspectos señalados por los investigadores guarda relación con la presunta filtración de información vinculada al operativo Sanctus, realizado en diciembre de 2023, durante el cual el supuesto narcotraficante brasileño Ronaldo Mendes Nunes logró evitar su captura. La Fiscalía investiga si información sensible habría sido transmitida a través de contactos dentro de la Senad.
Los vínculos con la Senad, bajo investigación
En la misma causa fueron imputados Hugo Derlis Baptista Báez, Cristian Porfirio Amarilla Cabaña, Aldo Osmar Pintos Martínez y Alicia Marlene Vázquez Samaniego, todos vinculados a distintas funciones dentro de la Senad.
La investigación sostiene que Solís Gómez habría mantenido una relación sentimental con Aldo Pintos, entonces comandante de las Fuerzas Especiales de la Senad, y que por medio de esos contactos habría accedido a información considerada sensible por los investigadores. Pintos también fue imputado y quedó detenido tras presentarse ante las autoridades.
La causa se originó a partir del análisis de mensajes extraídos del teléfono de Lalo Gomes, fallecido en agosto de 2024 durante un procedimiento policial en Pedro Juan Caballero. Los investigadores sostienen que las comunicaciones revelaron una red de contactos entre el exdiputado y funcionarios de instituciones vinculadas a la lucha contra el crimen organizado.
Antecedentes como asistente fiscal
La imputación también incorpora hechos ocurridos durante el periodo en que Solís Gómez se desempeñaba como asistente fiscal en Pedro Juan Caballero. Entre ellos figura una investigación relacionada con un procedimiento por infracción de la Ley de Armas, en la que presuntamente habría gestionado modificaciones en el acta policial para alterar la calificación jurídica del caso.
Asimismo, informes anteriores de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) ya habían señalado a Solís Gómez como una persona con acceso a funcionarios de distintas instituciones y con un supuesto papel de intermediación para pedidos atribuidos a su tío.
La investigación continúa y las acusaciones formuladas por el Ministerio Público deberán ser determinadas en el proceso judicial, bajo el principio de presunción de inocencia que ampara a todos los imputados.
