La muerte de un docente y un líder indígena durante un operativo de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en Corpus Christi, Departamento de Canindeyú, continúa generando cuestionamientos y versiones contrapuestas. Mientras familiares y miembros de la comunidad sostienen que las víctimas no pertenecían a ninguna organización criminal y denuncian graves irregularidades en el procedimiento, el ministro de la Senad, Jalil Rachid, defendió la actuación de sus agentes y aseguró que estos fueron sorprendidos por hombres armados en medio de un despliegue que, según afirmó, no estaba inicialmente dirigido a ese vehículo.
Las víctimas fueron identificadas como Catalino Ramón Correa Acevedo, docente, y Antonio Carrillo Mancuello, líder indígena. La Senad los vincula con la estructura encabezada por Felipe Santiago Acosta, alias Macho, pero esa versión es rechazada por sus familiares y por integrantes de la comunidad Yhapó 4, que reclaman una investigación independiente para esclarecer exactamente cómo se produjeron las muertes.
Rachid asegura que el encuentro fue “sorpresivo”
El ministro Jalil Rachid explicó este lunes que los agentes se encontraban realizando trabajos de inteligencia y preparando intervenciones en la zona cuando se produjo el encuentro con el automóvil en el que viajaban Correa y Carrillo.
De acuerdo con el titular de la Senad, el procedimiento surgió en una situación de flagrancia y no como una intervención previamente planificada contra los dos fallecidos. Esa circunstancia, sostuvo, explicaría por qué los agentes antidrogas no registraron en video el momento exacto del supuesto enfrentamiento.
La ausencia de una grabación del procedimiento se convirtió precisamente en uno de los principales puntos bajo cuestionamiento, debido a que existen dos relatos radicalmente diferentes acerca de lo sucedido.
La Senad sostiene que los ocupantes del Toyota Allion en el que se desplazaban las víctimas abrieron fuego contra los intervinientes, generándose posteriormente un intercambio de disparos. Según la versión institucional, fueron incautados en poder de los fallecidos dos fusiles calibre 7.62 que habrían sido utilizados durante el enfrentamiento. Un integrante de las Fuerzas Especiales de la institución también habría recibido un impacto de bala en el pecho, pero su placa balística evitó que resultara herido.
Familia sostiene que fueron detenidos y posteriormente asesinados
La versión de la familia de Catalino Correa es completamente diferente.
Bruno Correa, padre del docente, aseguró que su hijo y Antonio Carrillo habían participado de actividades relacionadas con un festejo por el Día del Niño en una escuela de la comunidad Yhapó 4 y que salieron del lugar para buscar un lechón que sería utilizado durante la celebración.
Según el relato de la familia, ambos habrían sido interceptados anteriormente por uniformados y posteriormente continuaron su recorrido. El padre del docente sostiene que más tarde fueron nuevamente abordados y afirma que los agentes los hicieron descender del automóvil antes de someterlos a agresiones y finalmente matarlos.
Se trata, hasta ahora, de una denuncia de los familiares y no de un hecho establecido judicialmente. La familia también cuestionó la presencia de las armas atribuidas por la Senad a los fallecidos y señaló una circunstancia que considera llamativa: Catalino habría salido conduciendo su propio vehículo, pero posteriormente su cuerpo habría sido encontrado en el sector correspondiente al acompañante.
La comunidad indígena también rechazó públicamente que Correa y Carrillo fueran integrantes de la organización de alias Macho y pidió una investigación seria e independiente sobre el procedimiento.
Autopsias pasan a ser fundamentales para reconstruir lo ocurrido
Los resultados preliminares de las autopsias agregaron nuevos elementos que deberán ser analizados cuidadosamente por los investigadores.
El médico forense Pablo Lemir informó que ambos cuerpos presentaban lesiones provocadas por proyectiles de arma de fuego. En el caso de Catalino Correa fueron constatadas varias heridas y el disparo considerado mortal presentó una trayectoria descendente. También fueron observadas lesiones contusas en zonas como el tobillo y la muñeca, aunque el especialista explicó que por sí solas estas marcas pueden corresponder a distintas hipótesis y no permiten establecer todavía cómo fueron producidas.
Lemir indicó además que no se encontraron las lesiones clásicamente asociadas a determinados métodos de tortura, por lo que los estudios preliminares no permiten confirmar la acusación formulada por los familiares. Al mismo tiempo, tampoco permiten cerrar la investigación sobre las circunstancias de las muertes.
En el caso de Antonio Carrillo, la causa de muerte fue vinculada a una herida de arma de fuego en la región maxilofacial que produjo un shock hipovolémico. Los peritos también realizaron procedimientos adicionales destinados a establecer características de los disparos.
Será especialmente relevante determinar la distancia desde la cual fueron efectuados los disparos y realizar los estudios balísticos correspondientes. La Fiscalía anunció análisis químicos de las prendas de vestir para contrastar los indicios y precisar cómo se produjeron los impactos.
Por esa razón, las conclusiones definitivas dependerán no solo de las autopsias, sino también de la balística, análisis de residuos, reconstrucción del lugar y otros elementos técnicos.
Fiscalía ordinaria investigará las dos muertes
Rachid señaló que la Senad trabajaba en la zona junto con el Ministerio Público ante sospechas relacionadas con tráfico de armas y cultivos de marihuana.
Sin embargo, debido a que el procedimiento terminó con dos personas fallecidas, el caso relacionado específicamente con esas muertes fue remitido, por disposición del Ministerio Público, a la Fiscalía ordinaria, que deberá investigar de manera separada las circunstancias del supuesto enfrentamiento.
La Senad, por su parte, afirma que continuará desarrollando operaciones en la zona.
El punto central de la investigación será determinar si los hechos ocurrieron como sostiene la institución —un intercambio de disparos iniciado por los ocupantes del automóvil— o si existieron irregularidades durante la intervención, como denuncian los familiares y miembros de la comunidad.
Senad vincula a los fallecidos con la estructura de alias Macho
Según la versión oficial, la denominada Operación Redención fue desplegada el 14 de agosto en una zona rural conocida como Americana, dentro del distrito de Corpus Christi.
Inicialmente fue aprehendido Bruno López Ortiz, quien, de acuerdo con la Senad, tenía en su poder un subfusil semiautomático y un cargador. Aproximadamente media hora después habría ocurrido el encuentro con el Toyota Allion ocupado por Correa y Carrillo.
La institución sostiene que ambos mantenían vínculos con la organización de Felipe Santiago Acosta, alias Macho, aunque hasta el momento no se han divulgado públicamente todos los elementos de inteligencia que sustentarían esa afirmación.
Rachid alegó que existen datos que no pueden hacerse públicos debido a que la investigación continúa y que la institución sigue desarrollando operaciones en Canindeyú.
Rachid habla de una “mutación” de la estructura de Macho
Otro aspecto mencionado por el ministro fue una supuesta transformación de las actividades de la estructura criminal liderada por Acosta.
Según Rachid, los sucesivos operativos e incautaciones habrían reducido su capacidad dentro del narcotráfico, provocando una migración hacia otras actividades, principalmente extorsiones contra productores de la zona. La propia Senad sostiene que desde agosto de 2023 ha desarrollado diferentes operaciones destinadas a debilitar la logística, financiamiento y poder armado de esta estructura.
El ministro también afirmó que personas relacionadas con el grupo exhibirían armas de grueso calibre a través de redes sociales. Este lunes, la institución difundió imágenes que, según su versión, corresponden a este tipo de ostentaciones.
Sin embargo, la existencia de personas armadas dentro de una zona o incluso los posibles vínculos de una estructura criminal no resuelven por sí mismos la controversia principal: qué ocurrió exactamente durante el procedimiento en el que murieron Correa y Carrillo y qué participación concreta tenía cada uno de ellos.
El antecedente de Vivian Paredes vuelve a ser recordado
Los cuestionamientos también hicieron resurgir uno de los episodios más graves protagonizados por agentes de la Senad.
El 18 de junio de 2016, durante un operativo en Nueva Italia, agentes antidrogas confundieron el vehículo en el que se desplazaba una familia con una camioneta que creían vinculada a narcotraficantes y efectuaron varios disparos.
La niña Vivian Paredes Zanotti, de 3 años, recibió un impacto mortal, mientras que su tío Alessandro Zanotti resultó herido. Cinco agentes especiales de la institución fueron posteriormente condenados a 15 años de prisión por aquel caso.
Ese antecedente volvió a ser mencionado ahora en medio de las exigencias de transparencia sobre el procedimiento de Corpus Christi.
Dos versiones enfrentadas y una investigación que deberá aportar respuestas
Por el momento existen dos relatos profundamente enfrentados.
La Senad asegura que sus agentes se encontraron inesperadamente con hombres armados vinculados a la organización de alias Macho y que respondieron después de ser atacados.
Los familiares y la comunidad, en cambio, sostienen que Catalino Correa era un docente y Antonio Carrillo un referente indígena sin relación con esa organización, cuestionan la aparición de los fusiles y denuncian que las muertes ocurrieron bajo circunstancias distintas a las presentadas oficialmente.
La ausencia de una filmación directa del momento del supuesto enfrentamiento hace todavía más importantes las pruebas independientes: autopsias, balística, residuos de disparos, análisis de las armas incautadas, trayectorias de los proyectiles, inspección del automóvil, testimonios y reconstrucción de la escena.
Hasta que esas diligencias concluyan, atribuir definitivamente responsabilidad criminal a los fallecidos o afirmar que existió una ejecución excedería lo que las pruebas conocidas permiten sostener.
El caso de Corpus Christi queda así bajo una fuerte expectativa pública, con una investigación que deberá esclarecer no solamente quién disparó y desde dónde, sino también si el uso de la fuerza estuvo justificado y cuál era realmente la vinculación —si existía— de Catalino Ramón Correa Acevedo y Antonio Carrillo Mancuello con la estructura criminal mencionada por la Senad.
