En los últimos tiempos se han observado ciertos desaciertos, hechos llamativos e incluso situaciones que podrían considerarse reprochables dentro del sistema de justicia de la Circunscripción Judicial de Amambay, particularmente en lo que respecta a quienes tienen la delicada responsabilidad de juzgar la delincuencia y velar por el cumplimiento de la ley.
Existe un viejo dicho que afirma que de los errores se aprende. Ojalá así sea, por el bien de la tan anhelada justicia que la ciudadanía reclama y merece. Los hechos que involucran a jueces, actuarios, agentes fiscales, asistentes y demás operadores judiciales deben ser entendidos como oportunidades para reflexionar y corregir rumbos, especialmente cuando las actuaciones generan dudas sobre la transparencia, la imparcialidad o la ética en el ejercicio de la función pública.
Con frecuencia, el ser humano cae en la tentación de perseguir objetivos personales utilizando cualquier medio para alcanzarlos, amparándose en la errónea interpretación del principio maquiavélico de que el fin justifica los medios. En muchos casos, el propósito ya no parece ser la construcción de un nombre respetable, el cultivo del honor o la búsqueda de la hidalguía profesional, sino la obtención de poder económico, convertido hoy en uno de los valores más codiciados dentro de una sociedad que muchas veces mide el éxito únicamente por los bienes materiales.
Sin embargo, siempre existe la posibilidad de rectificar. Quizás mañana, como diría algún romántico poeta, quienes hayan actuado de mala fe o hayan incurrido en conductas alejadas de los principios que exige la función pública se miren al espejo no solamente para contemplar su imagen, sino para realizar una profunda introspección. Tal vez entonces comprendan que la honestidad, la imparcialidad, la integridad y el espíritu de servicio constituyen los verdaderos pilares sobre los cuales debe edificarse la justicia.
La ciudadanía espera una justicia imparcial, justa, equitativa y coherente. Espera que una nueva generación de operadores judiciales se convierta en símbolo de cambio y renovación, dejando atrás prácticas que han deteriorado la confianza pública. Quienes tienen en sus manos la responsabilidad de sancionar a los delincuentes deben recordar que también forman parte de la sociedad y que su conducta está sometida al mismo escrutinio moral y legal que exigen a los demás.
No hace falta hablar únicamente de desafueros, destituciones o expulsiones. Lo que realmente hace falta es un cambio profundo de actitud. Es necesario que cada actor del sistema judicial asuma con responsabilidad su misión y trabaje en favor de una justicia honorable, capaz de recuperar el respeto y la credibilidad que la institución necesita para cumplir adecuadamente su función.
Es tiempo de volver a reconocer que quienes integran el Poder Judicial y el Ministerio Público están llamados a ejercer sus funciones con honorabilidad, honradez, pulcritud y vocación de servicio a la patria. Solo así será posible construir un Paraguay donde la justicia, la libertad y la confianza ciudadana no sean simples aspiraciones, sino realidades palpables que llenen de orgullo a toda la nación.
La transformación de la justicia no depende únicamente de reformas legales o administrativas. Depende, sobre todo, de la voluntad de quienes tienen el deber de servir con rectitud. Cuando la ética prevalece sobre los intereses personales, la justicia deja de ser una promesa y se convierte en el fundamento de una sociedad verdaderamente democrática y respetuosa de los derechos de todos.
