El diputado independiente Rubén Rubin anunció que pedirá tratar en la primera semana de agosto su proyecto de ley que establece la cadena perpetua para delitos especialmente graves como feminicidios, abusos sexuales, homicidios a policías, periodistas y personas indefensas.
La iniciativa cuenta con el respaldo del presidente del Congreso, Basilio «Bachi» Núñez, y del senador Dionisio Amarilla. El tratamiento en Cámara Baja está previsto para el próximo 5 de agosto.
Durante una conferencia de prensa, Rubin y Núñez presentaron el proyecto de ley de “Tolerancia Cero” contra el crimen, que propone modificaciones al Código Penal, incluyendo la figura de “prisión permanente revisable”.
“Celebro esta propuesta de modificar el Código Penal ante hechos tan graves como los que hemos vivido recientemente. También somos responsables por omisión si no actuamos. El colega Rubin tomó la iniciativa y como senador, cuando llegue el proyecto a la Cámara Alta, tendrá mi apoyo. El violador que mata a una niña indefensa no puede quedar libre en 3 o 4 años. Basta de víctimas fatales, tenemos que poner un punto final”, afirmó Bachi Núñez.
Rubén Rubin, por su parte, subrayó la urgencia de actuar: “Somos cómplices si no hacemos nada. Estamos acá para cambiar la realidad del país”.
El proyecto plantea una modificación al artículo 38 del Código Penal, elevando la pena máxima a 90 años y habilitando la revisión de condenas a partir de los dos tercios de su cumplimiento, en los casos de penas mayores a 50 años. “Adaptamos la figura de prisión permanente revisable, como ya lo hizo gran parte de la región, considerando las limitaciones que tenemos para aplicar la cadena perpetua en sentido estricto”, explicó Rubin.
La propuesta no modifica la edad de imputabilidad, por lo que solo se aplicará a mayores de edad. Se contempla su aplicación en delitos graves como homicidios cometidos contra periodistas, agentes de seguridad, víctimas de robos, feminicidios y abusos sexuales a menores.
Entre las reformas, se establece también el aumento de la pena mínima para el abuso sexual infantil. “El Código Penal vigente establece ‘hasta’ tres años, lo cual es inaceptable. Nosotros eliminamos ese ‘hasta’ e incluimos un mínimo elevado. La pena puede llegar a 30 años, pero no puede empezar en cinco. El mínimo ya debe ser alto”, sostuvo Rubin.
Un crimen que generó indignación nacional
La propuesta legislativa surge en un contexto de gran conmoción social, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una niña de 11 años con signos de abuso sexual, el lunes pasado en el distrito de Fulgencio Yegros, Caazapá.
El principal sospechoso es su propio tío, Marcelo Giménez, quien ya había sido encarcelado en 2022 por manosear a la misma niña, entonces de solo ocho años. Giménez recuperó su libertad en mayo de este año y, según la familia, había amenazado con vengarse. Su hermano menor, también sospechoso, se encuentra prófugo con orden de captura vigente.
La tragedia reactivó el debate sobre penas más severas y la necesidad de cerrar vacíos legales que permiten que reincidentes salgan en libertad tras cumplir penas mínimas.
