Pobladores de San Pedro volvieron a movilizarse por el crítico estado de la ruta PY08, mientras militares retirados cuestionan la administración de la Caja Fiscal y víctimas de la llamada “mafia de los pagarés” denuncian la continuidad de descuentos ilegales.
Diversos sectores sociales protagonizaron nuevas movilizaciones y reclamos en distintos puntos del país, exigiendo respuestas concretas del Gobierno ante problemáticas que afectan directamente a la ciudadanía. Entre los principales reclamos se destacan la reparación urgente de la ruta PY08, la autarquía de la Caja Fiscal y el cese de descuentos irregulares vinculados a la denominada mafia de los pagarés.
En el departamento de San Pedro, pobladores de la ciudad de Guayaybí se movilizaron portando carteles y pancartas para exigir el recapado asfáltico de un tramo de aproximadamente 150 kilómetros de la ruta PY08, que conecta San Pedro con Concepción. Los manifestantes denunciaron el grave deterioro de la vía, que ha provocado numerosos accidentes de tránsito e incluso muertes, convirtiéndose en una amenaza permanente para conductores y pobladores de la zona.
Los ciudadanos expresaron su indignación y desconfianza ante los recientes anuncios del presidente de la República, Santiago Peña, así como de representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería y de la Gobernación de San Pedro, quienes habían asegurado que las obras de reparación se iniciarían de forma inmediata.
Sin embargo, los movilizados sostienen que las promesas se repiten sin resultados concretos, por lo que reclaman acciones urgentes y verificables. “Ya no creemos en anuncios, queremos máquinas trabajando y una ruta segura”, manifestaron durante la protesta.
En paralelo, militares retirados volvieron a plantear la necesidad de que la Caja Fiscal sea autárquica, denunciando una supuesta falta de transparencia en la gestión del sistema por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Según señalaron, la actual administración pone en riesgo la sostenibilidad del sistema previsional y afecta los derechos de los jubilados.
Asimismo, víctimas de la llamada mafia de los pagarés denunciaron que, pese a las investigaciones en curso y a los reclamos públicos, continúan los descuentos irregulares sobre salarios y jubilaciones, sin que existan medidas efectivas para frenar estos cobros considerados ilegales.
Las movilizaciones reflejan un creciente malestar social y la exigencia de respuestas inmediatas por parte de las autoridades, ante problemas que impactan tanto en la seguridad vial como en la economía y los derechos de amplios sectores de la población.
