La Cámara de Senadores aprobó por mayoría el proyecto de ley que crea el Registro Unificado Nacional (RUN), por el cual se fusionan tres instituciones, que dependerá del Poder Judicial.
Sectores critican que la Corte será juez y parte.
La Cámara de Senadores estudió el proyecto de ley “que crea el Registro Unificado Nacional” (RUN), que dependerá de la Corte Suprema de Justicia.
La iniciativa del Poder Ejecutivo apunta a fusionar tres instituciones: Registros Públicos (DGRP), el Servicio Nacional de Catastro (SNC) y el Departamento de Agrimensura y Geodesia (DAG).
Desde las comisiones aseguraron que el tema fue ampliamente discutido en varias reuniones de trabajo, por lo que aconsejaron su aprobación con modificaciones e incluso agregaron más artículos.
No obstante, desde los sectores de escribanos, notarios y campesinos reclamaron la falta de audiencias públicas y debate. Cuestionaron, principalmente, la legalización de las tierras mal-habidas, la atribución de la Corte como juez y parte, y el aumento del costo de las escrituras.
La propuesta original cuenta con un total de 203 artículos; mientras que las comisiones de Asuntos Constitucionales y la Bicameral de Reordenamiento de la Estructura del Estado agregaron más de 10 artículos cada uno.
Comisiones aumentan artículos en la ley
El senador Javier Zacarías, presidente de la Comisión Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, defendió la iniciativa porque el RUN busca ser un “órgano técnico y administrativo el Poder judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, y atiende específicamente en los bienes inmuebles y en los bienes registrables”.
Citó, entre los objetivos de la ley, la simplificación de los trámites, identificación de inmuebles superpuestos, redice los plazos para concretar transferencias, introducción del registro electrónico, reduce los costos, el respeto de la propiedad privada y se establece una cartografía única del Paraguay.
En tanto, introdujeron un artículo sobre la tierra de pueblos indígenas; sanciones administrativas específicas a funcionarios por el incumplimiento de los plazos; se crea un departamento de Geolocalización dentro del RUN; se incluye a los agrónomos habilitados para la agrimensura, así como también se establecen requisitos para el gerente del RUN y se deroga la Ley N 6875, que regula el ejercicio de la agrimensura, para ponerle en la actual propuesta.
En la versión de la Comisión de Asuntos Constitucionales se mantiene la dependencia del RUN en la Corte Suprema de Justicia.
“Se ha discutido el tema y se han consensuado varios artículos de esta ley. Quedó en 216 artículos, producto del diálogo”, remarcó.
A su turno, Arnaldo Samaniego, presidente de la Bicameral, también afirmó que hubo varias reuniones y debate del tema.
Desde su comisión agregaron 14 nuevos artículos, por lo que de 203 pasó a 217.
Mientras los senadores estudiaban el proyecto que crea el RUN, frente al Congreso Nacional ciudadanos se manifestaban porque consideran que ley apunta a legalizar tierras mal-habidas.
Esta versión crea la figura de la mensura administrativa, modifica el acápite de la ley para dar mayor amplitud y establecer artículos sancionatorios para el incumplimiento de los plazos, entre otros puntos que mostró en una dispositiva.
Oposición cuestiona injerencia del Poder Judicial
El senador Ignacio Iramain expresó su preocupación por el conflicto que genera de la ley al aumentar la inseguridad jurídica en el país.
En ese sentido, se preguntó: “¿Cómo era posible subordinar estas intuiciones en el Poder Judicial para convertirle en juez y parte? Estamos hablando de la tierra, tenemos que tener bien clara la película”.
Mencionó que otros países de la región el catastro depende del Poder Ejecutivo, no del Judicial, “que es pusilánime y no se preocupa por las violaciones constituciones”, de acuerdo con sus palabras.
Para el senador, el país sigue caminando como el cangrejo, hacia atrás. “Dejemos de aprobar leyes inaplicables”, subrayó y abogó por trabajar en leyes que realmente construyan el país.
Los senadores Rubén Velázquez y José Oviedo, de Yo Creo, apuntaron a la falta de consensos en la iniciativa, atendiendo que hay manifestaciones de sectores. “En nuestro país, el problema de las tierras y de la titulación lleva décadas, este proyecto tiene muchas observaciones por varias deficiencias que guardan relación a cuestiones de fondo y de forma”, manifestó Velázquez.
Oviedo, además, reclamó que de todas las modificaciones que propusieron, solo incluyeron una.
¿Se centraliza el poder?: “La corrupción compra conciencias”
La senadora Esperanza Martínez criticó que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) no sea incluido en el esquema del RUN.
Recordó varias desigualdades sociales y el “bastardeo de la reforma agraria”, sobre todo porque a su entender la ley no busca dar justicia a los campesinos e indígenas.
“No se va a conseguir que se puede resolver el problema de la tierra. Vamos a avanzar en descampesinización de la tierra, vamos a lograr que los poderosos de este país sí encuentren eficiencia en los registros”, advirtió.
Con la ley, se centraliza el poder y se pone a una gerente para resolver los problemas de la tierra, de acuerdo con Martínez.
“Quiere controlar para mantener privilegios”, sostuvo.
Habló sobre un “contrato de corrupción” que “compra conciencias, diputados, senadores, ministros”.
Pidió la prosternación por 15 días, para corregir la ley a fin de implementar la celeridad y la seguridad jurídica, pero no tuvo el acompañamiento de la mayoría de sus colegas.
Ramón Retamozo, que en ese momento fungía de presidente de la Cámara Alta, le reclamó por pasarse un minuto con 40 segundos en su discurso.
Bachi despotrica contra manifestaciones: “Son minoría”
El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Bachi Núñez, bajó a su cural para defender el proyecto oficialista.
Llamó a la reflexión, ya en el país existe tres poderes del Estado; y cuestionó que sea la oposición quien pida ahora que el RUN dependa del Ejecutivo cuando hablaron de “copamiento”.
Mencionó el Registro de Automotores depende del Poder Judicial.
El senador Enrique Salyn Buzarquis se refirió al proyecto como “ley catástrofe” y afirmó que la iniciativa desalienta la inversión y genera desempleo.
Foto: Rodrigo Villamayor
Además, puso como ejemplo de éxito la fusión de Aduanas y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) para crear la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
“Yo creo que la fusión de estas instituciones va a ir en beneficio de la ciudadanía”, afirmó.
Despotricó la manifestación frente al Congreso Nacional y sostuvo que no son la “mayoría”.
“Estamos acostumbrados a manifestaciones. Casi echaron Senado a bombas porque cortamos privilegios con la Ley de Superintendencia, donde se daban prestamos a casas de electrodomésticos que no reunían los requisitos. Entonces, una vez más, porque hay gente manifestándose o gremio, acá desde esta banca, a mí no me hacen retroceder”, subrayó.
