El presidente Santiago Peña amplió por decreto las operaciones de defensa interna de las Fuerzas Armadas a la Región Oriental. El Gobierno argumenta la presencia de grupos criminales y organizaciones vinculadas al narcotráfico y al terrorismo.
El presidente de la República, Santiago Peña, oficializó mediante decreto la ampliación del despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de defensa interna, extendiendo su ámbito de actuación a todo el territorio nacional. La medida, que inicialmente se concentraba en el Chaco y zonas fronterizas, ahora abarca también la Región Oriental ante el avance de grupos criminales y organizaciones calificadas como terroristas.
El documento presidencial establece “el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación en operaciones de defensa interna” y define como nuevo ámbito territorial de intervención la Región Oriental. Con esta disposición, el Gobierno formaliza una estrategia de militarización que, según argumenta, responde al incremento de amenazas vinculadas al crimen organizado transnacional.
La normativa se sustenta en un informe remitido por el ministro del Consejo de Defensa Nacional (Codena), Cíbar Benítez Cáceres, en el que se advierte que reportes de inteligencia confirman la presencia de integrantes de agrupaciones ilegales en varios departamentos de la Región Oriental. Estas estructuras estarían vinculadas al narcotráfico, delitos conexos y presuntas actividades terroristas.
De acuerdo con el decreto, dichas organizaciones estarían aprovechando la ausencia de operaciones conjuntas entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en determinadas zonas para establecer bases logísticas y centros de planificación estratégica. “Están utilizando los flancos abiertos en el territorio nacional para montar estructuras operativas que fortalecen su accionar y colocan a la ciudadanía en una situación de riesgo permanente”, señala el texto oficial.
El alcance de las operaciones incluye no solo áreas terrestres, sino también ríos fronterizos, cauces nacionales e internos considerados estratégicos para el tráfico ilícito.
Finalmente, el decreto autoriza al Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) a ejecutar la orden presidencial y coordinar las acciones correspondientes en el marco de la nueva disposición.
La decisión marca un giro en la política de seguridad interna y abre el debate sobre los alcances constitucionales y operativos del rol militar en funciones tradicionalmente asignadas a fuerzas policiales.
