El procedimiento se efectuó en el marco de una investigación por presunto cohecho pasivo agravado y tráfico de influencias que involucra a un funcionario del Ministerio Público.
La fiscal anticorrupción Marlene González encabezó una entrega vigilada que derivó en la detención de un abogado en Coronel Oviedo, en el marco de la investigación por presunto cohecho pasivo agravado y tráfico de influencias vinculada al reconocido caso del feminicidio de María Fernanda Benítez, ocurrido en julio de este año.
La intervención fue realizada por la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, acompañada de funcionarios fiscales. La diligencia incluyó el allanamiento de un estudio jurídico ubicado en el centro de Coronel Oviedo, donde se concretó la entrega vigilada de G. 30 millones, monto que habría sido solicitado de manera indebida.
Según datos preliminares, el dinero correspondería a un supuesto “arreglo” relacionado con el proceso del caso María Fernanda, adolescente brutalmente asesinada, y cuya causa involucra a varios imputados.
La denuncia que dio origen a la investigación fue presentada por Franco Acosta, propietario de la farmacia donde presuntamente se habrían facilitado medicamentos abortivos prohibidos al principal sospechoso del crimen. Acosta, quien cuenta con prisión domiciliaria, afirmó haber sido víctima de pedidos de dinero por parte de un funcionario del Ministerio Público y un abogado defensor, que habría actuado como intermediario para obtener beneficios procesales.
El estudio jurídico allanado pertenece al abogado Juan Carlos Bedoya (hijo), quien fue detenido durante el procedimiento y trasladado posteriormente a la capital para continuar con las diligencias.
La Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar la participación del funcionario fiscal mencionado y esclarecer el alcance de la presunta red de tráfico de influencias que intentaba incidir en uno de los casos más emblemáticos de violencia machista registrados este año.
