MISIONES. La Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron este lunes una serie de allanamientos en el Departamento de Misiones en el marco de la denominada operación YIDA Transfronteriza, una investigación que apunta a desarticular una presunta red internacional dedicada a ciberestafas, estafa piramidal y lavado de activos.
El procedimiento fue encabezado por agentes del Departamento de Delitos Financieros de la Policía Nacional, bajo dirección del Ministerio Público. La causa está a cargo de la fiscala Ruth Benítez, quien coordina las diligencias investigativas orientadas a identificar a los presuntos responsables, rastrear el circuito del dinero y determinar el alcance real de la estructura.
Durante los allanamientos fueron detenidas tres personas identificadas como Ramón Segovia Báez, Jhonathan Marcelo Segovia Báez y Jorge Rodríguez Morel. Los tres son investigados por su presunta vinculación con la organización, aunque deberán ser sometidos al proceso correspondiente y rige para ellos la presunción de inocencia.
El comisario Julio Vera, jefe del Departamento de Delitos Financieros, explicó que el operativo es resultado de un trabajo de investigación desarrollado durante varias semanas. Según detalló, inicialmente se recibieron 62 denuncias, que fueron remitidas al Ministerio Público para su análisis. A partir de allí, los investigadores realizaron la trazabilidad de cuentas bancarias y detectaron al menos 11 cuentas que habrían sido utilizadas para canalizar el dinero proveniente de las víctimas.
Con el avance de las pesquisas, las autoridades lograron centralizar denuncias presentadas en distintos puntos del país. De esa manera, el número de casos vinculados al mismo esquema llegó a 211 denuncias. No obstante, los datos preliminares manejados por los intervinientes señalan que la cantidad de víctimas podría ser mucho mayor y alcanzar a unas 2.000 personas.
Según la investigación, la estructura operaba mediante falsas ofertas de trabajo remoto difundidas a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. Las víctimas eran atraídas con promesas de altos ingresos por realizar supuestas tareas digitales, entre ellas la calificación de productos destinados al mercado chino.
Una vez captadas, las personas eran inducidas a transferir dinero a cuentas bancarias administradas por operadores locales. Posteriormente, esos fondos habrían sido convertidos en criptomonedas y enviados a billeteras digitales del extranjero, presuntamente controladas por otros miembros de la organización. Este mecanismo habría sido utilizado para dificultar el rastreo del dinero y ocultar el origen de los fondos.
El esquema también incluía una modalidad típica de estafa piramidal. Las víctimas, tras realizar depósitos iniciales y ver supuestas ganancias dentro de una plataforma fraudulenta, intentaban retirar el dinero acumulado. Sin embargo, los administradores bloqueaban el acceso a los fondos y exigían nuevos pagos bajo el argumento de impuestos, comisiones o desbloqueos de cuenta.
Hasta el momento, la investigación permitió documentar más de 60 víctimas directas, con un perjuicio patrimonial confirmado de G. 605.468.213. Sin embargo, el análisis de evidencias digitales y movimientos de criptoactivos permitió detectar operaciones que superarían los USD 3 millones en criptomonedas.
Los intervinientes también incautaron numerosas evidencias durante los procedimientos, que serán analizadas por peritos especializados. Entre los elementos bajo revisión se encuentran dispositivos electrónicos, documentos y registros que podrían ayudar a reconstruir la ruta del dinero y establecer el rol de cada persona dentro de la presunta estructura.
La Fiscalía cuenta con aproximadamente 25 órdenes de captura y cuatro órdenes de allanamiento dentro de la causa, por lo que no se descarta que el operativo continúe con nuevas detenciones o procedimientos en los próximos días.
Las autoridades sostienen que se trataría de una red con ramificaciones internacionales, debido al uso de plataformas digitales, cuentas bancarias locales, operaciones en criptomonedas y billeteras del exterior. El caso vuelve a exponer el crecimiento de las estafas digitales en Paraguay, especialmente aquellas que se presentan como oportunidades de inversión o empleo remoto.
Desde la Policía recomiendan desconfiar de ofertas laborales que prometen ganancias elevadas con tareas simples, especialmente cuando exigen transferencias previas de dinero para habilitar cuentas, liberar supuestas ganancias o pagar comisiones. También instan a las víctimas a realizar la denuncia formal para que los casos puedan ser incorporados a la investigación.
La causa sigue abierta y el Ministerio Público deberá determinar si los detenidos serán imputados, qué hechos punibles se les atribuirán formalmente y si existen otros integrantes de la estructura operando dentro o fuera del país.
