Nanawa, Presidente Hayes.
El tío materno del niño de 11 años que falleció esta semana en condiciones extremas de abandono expresó su profundo dolor y cuestionó duramente a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia por haberle quitado la custodia del menor. Según relató, el niño vivió durante tres años bajo su cuidado y el de su pareja, en condiciones muy distintas a las que se encontraron al momento de su muerte.
El pequeño, que padecía parálisis cerebral, falleció el miércoles en una vivienda de la ciudad de Nanawa. El cuerpo fue derivado a la Morgue Judicial, donde se confirmó este jueves que la causa de muerte fue una insuficiencia respiratoria aguda, acompañada de desnutrición severa, deshidratación y una infección respiratoria no tratada.
Roque Martínez, tío del menor y hermano de la madre, lamentó entre lágrimas la decisión judicial que devolvió al niño al cuidado de su progenitora, quien actualmente se encuentra detenida por violación del deber del cuidado, a disposición del fiscal Irán Suárez, en la Comisaría 6ª de José Falcón.
Tío de niño fallecido en estado de abandono cuestiona a la Defensoría: “No le faltaba nada con nosotros”
“Cuando estuvo con nosotros, era un niño gordito, bien alimentado. Le dábamos de comer, lo cuidábamos, comprábamos sus medicamentos. Hacíamos lo que podíamos con mi señora. Después vino la Defensoría y nos sacaron todo”, expresó Martínez en declaraciones a la prensa.
Según su testimonio, tras el alejamiento de la madre biológica, él y su pareja asumieron la crianza del niño y de sus hermanas menores. Sin embargo, cuando la madre reapareció en Villa Hayes, la Defensoría resolvió restituirle la custodia sin una evaluación adecuada del entorno, de acuerdo con lo denunciado por el tío.
“El corazón se me rompe al verlo así ahora. No entiendo cómo permitieron que vuelva con ella, cuando estaba bien con nosotros”, agregó entre sollozos. También mencionó que las hermanas menores del niño fueron llevadas con una tía, mientras que otra hija de la mujer ya es mayor de edad.
El caso genera fuerte conmoción social y vuelve a poner en tela de juicio los criterios de evaluación de riesgo aplicados por las instituciones responsables de la protección de la infancia.
