Un tribunal de sentencia de Pedro Juan Caballero condenó a siete años de pena privativa de libertad a un joven hallado culpable de un violento asalto ocurrido en la ciudad brasileña de Ponta Porã, donde la víctima fue despojada de su motocicleta tras ser atacada con un cuchillo.
La resolución judicial se fundamentó en la aplicación del Código Penal Paraguayo, específicamente en el Artículo 9, que habilita la aplicación de la ley penal paraguaya a hechos cometidos en el extranjero cuando se cumplen determinadas condiciones legales.
Asalto violento y huida a Paraguay
El hecho ocurrió el 22 de junio de 2022, cuando la ciudadana Yrma Yua Martínez, de 36 años, circulaba por una calle de Ponta Porã. En esas circunstancias fue interceptada por Osvaldo Dejesús Zeballos Leguizamón, entonces de 21 años, quien —según quedó probado en juicio— la atacó con un cuchillo para despojarla de su motocicleta Kenton Dax 110 cc, de color negro.
Durante el asalto, la mujer recibió dos heridas de arma blanca, lesiones que le dejaron secuelas físicas que aún padece.
Tras cometer el robo, el sospechoso cruzó la frontera hacia Pedro Juan Caballero, donde fue detenido pocas horas después mientras circulaba a bordo del biciclo sustraído.
Condena basada en jurisdicción penal paraguaya
El caso fue analizado por un Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Mario Peralta Ovelar (presidente), Marcelina Quintana de Acosta y Librada Beatriz Peralta Céspedes, quienes resolvieron declarar culpable al acusado y dictar la pena de siete años de prisión.
Para fundamentar la jurisdicción paraguaya en un hecho ocurrido fuera del territorio nacional, el tribunal aplicó el Artículo 9 del Código Penal Paraguayo, que establece que la ley penal paraguaya puede aplicarse a hechos realizados en el extranjero cuando:
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El hecho esté penalmente sancionado en el lugar donde se cometió; y
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El autor, al momento del hecho, tenga nacionalidad paraguaya o la haya adquirido posteriormente.
En este caso, el tribunal concluyó que ambos requisitos se cumplían, ya que el robo con violencia también constituye delito en Brasil y el acusado posee nacionalidad paraguaya, lo que habilitó su juzgamiento por tribunales nacionales.
Intervención del Ministerio Público y la Defensa
La acusación estuvo representada por la agente fiscal Reinalda Palacios, quien sostuvo durante el juicio que las pruebas reunidas demostraban la autoría del acusado y la violencia empleada durante el asalto.
Por su parte, la defensa del procesado fue ejercida por la abogada Cinthia Fernández, integrante del Ministerio de la Defensa Pública.
El fallo fue dado a conocer en la tarde del viernes, poniendo fin al proceso judicial iniciado tras el asalto ocurrido en la zona fronteriza entre Brasil y Paraguay, un contexto donde los tribunales suelen aplicar normas de jurisdicción extraterritorial para evitar la impunidad de delitos cometidos a ambos lados de la frontera.
