En los últimos tres años, la Justicia Policial procesa cerca de mil casos contra agentes por inconducta y delitos, mientras que el Poder Ejecutivo dispuso la baja de unos 400 efectivos. Asuntos Internos investiga actualmente unas 5.000 denuncias y el Ministerio del Interior asegura una política de “impunidad cero”.
En los últimos tres años, el Poder Ejecutivo firmó la baja de alrededor de 400 agentes por abandono de cargo, faltas graves, hurto, narcotráfico y otros delitos. Actualmente, unos mil policías enfrentan procesos en la Justicia Policial.
En medio de la polémica generada por un supuesto ranking internacional que ubicaba a Paraguay entre los países con las fuerzas policiales más corruptas —publicación que fue desmentida oficialmente—, el viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior, Óscar Pereira, confirmó que hoy existen cerca de mil juicios abiertos contra efectivos policiales, mientras que otros 400 ya fueron separados de la institución desde el año 2023.
El viceministro explicó que actualmente Asuntos Internos maneja unas 5.000 causas abiertas, derivadas de denuncias por inconducta policial, ausencias injustificadas, incumplimiento del servicio, faltas reglamentarias y hechos delictivos. Este organismo cuenta con un plazo de hasta 60 días para emitir un dictamen en cada caso.
“Todas las denuncias se reciben bajo el lema de ‘impunidad cero’. No se rechaza ninguna”, afirmó Pereira.
Las denuncias pueden originarse a partir de reportes internos de los superiores, publicaciones periodísticas o presentaciones formales de la ciudadanía. Una vez recepcionada la denuncia, Asuntos Internos inicia una investigación preliminar. Si se trata de una falta leve, la sanción puede ser un arresto de 24 a 48 horas o una multa. En los casos graves, y cuando existen elementos suficientes, el expediente es elevado a la Justicia Policial.
En esta etapa se abre un sumario administrativo y, si los hechos investigados constituyen delito, la carpeta es remitida simultáneamente al Ministerio Público para la apertura de una causa penal.
“Hoy hay mil juicios en trámite en la Justicia Policial. Al concluir el proceso, el juez policial determina la sanción correspondiente según la gravedad de la falta”, detalló el viceministro.
Pereira precisó que, entre 2023 y la fecha, 400 policías fueron dados de baja por motivos como abandono del cargo, faltas a superiores, hurto agravado, narcotráfico y el uso de influencias para brindar cobertura a grupos criminales.
El reglamento interno de la Policía Nacional contempla distintas sanciones. En los casos en que la condena en la Justicia Policial ordinaria es inferior a dos años, el agente puede recibir hasta 60 días de arresto en la Agrupación Especializada. Sin embargo, cuando la sentencia supera los dos años, corresponde la baja definitiva. Esta medida queda firme tras la resolución del Tribunal de Calificaciones —instancia similar a la Corte Suprema— y se formaliza mediante un decreto del Poder Ejecutivo.
Desmienten ranking internacional
El viceministro Óscar Pereira volvió a desmentir un ranking difundido en la red social X por la supuesta empresa Infodex, que se presenta como especializada en rankings globales, tendencias y perspectivas. La publicación situaba a Honduras en el primer lugar y a Paraguay en el segundo entre los países con las fuerzas policiales más corruptas, asignando al país una calificación de 8,08 en una escala del 1 al 10, basada supuestamente en el Índice de Percepción de la Corrupción Policial.
“Ese ranking no tiene respaldo técnico ni científico”, sostuvo Pereira, al tiempo de señalar que el Ministerio del Interior se basa en indicadores oficiales elaborados por organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Cifras clave
5.000 causas abiertas en Asuntos Internos por denuncias de inconducta, ausencias, delitos y otras faltas.
1.000 casos elevados a la Justicia Policial, donde se desarrollan los juicios disciplinarios.
400 policías dados de baja desde 2023 por faltas graves y delitos.
“Hay mil juicios en la Justicia Policial y, al finalizar el proceso, el juez define la sanción correspondiente”, subrayó Óscar Pereira, viceministro de Seguridad Interna.
