Dos jueces en funciones, ex magistrados, abogados y funcionarios judiciales están procesados por presunta participación en una red que promovía juicios irregulares para el cobro fraudulento de deudas.
La Fiscalía presentó una acusación formal contra dos juezas en funciones, dos ex jueces, funcionarios judiciales y abogados de empresas de cobranza, todos implicados en una red de corrupción en los Juzgados de Paz de Asunción, conocida como la “mafia de los pagarés”.
El documento, firmado por los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, abarca hechos cometidos en los juzgados de La Encarnación, Recoleta, Catedral (2° Turno) y San Roque. Según la investigación, los acusados formaban parte de un esquema en el que se promovían acciones judiciales con documentos falsificados y sin el conocimiento de los deudores, con el objetivo de obtener resoluciones favorables de forma ilícita.
Juicios sin conocimiento de los deudores
La Fiscalía sostiene que abogados representantes de firmas de cobranza iniciaron acciones preparatorias, juicios ejecutivos y ordinarios para reclamar deudas inexistentes o no notificadas debidamente. Para lograrlo, se habrían utilizado notificaciones falsas, intimaciones de pago ficticias y embargos irregulares.
«Estas maniobras derivaron en resoluciones judiciales contrarias a derecho, con la intención de beneficiar a las partes actoras», indica el informe de la Fiscalía.
Cargos presentados
Las juezas Nathalia Garcete (Catedral 2° Turno) y Carmen Analía Cibils (La Encarnación), junto a los ex jueces Víctor Nilo Rodríguez (Recoleta) y Lilian González de Bristot (San Roque), fueron acusados por prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso, ambos en calidad de autores.
Los abogados de empresas de cobranza enfrentan cargos como instigadores de esos delitos, también en calidad de autores.
Por su parte, los ujieres notificadores fueron señalados por la producción inmediata de documentos públicos falsos, así como por complicidad en el prevaricato de los jueces. En tanto, los actuarios judiciales están acusados de uso y producción de documentos falsos, además de ser cómplices del delito de prevaricato.
También fueron imputados los oficiales de justicia, por la producción inmediata de documentos públicos falsos, en calidad de autores.
Acusaciones divididas por juzgados
Debido a recusaciones presentadas en dos de los juzgados investigados, la fiscal Belinda Bobadilla fue apartada de esos casos, por lo que las acusaciones fueron formuladas por los fiscales Jorge Arce y Leonardi Guerrero. Las demás fueron presentadas en conjunto por los tres agentes del Ministerio Público.
En cuanto al quinto Juzgado de Paz de Asunción, la Fiscalía informó que ya se presentó una imputación por hechos similares. El plazo límite para presentar el requerimiento conclusivo fue fijado para el 1 de octubre, según lo establecido por el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción.
