El exlegislador integró el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados durante casi 40 meses y, según los registros analizados, su voto fue determinante en distintas resoluciones. Entre los expedientes más relevantes figuran las destituciones del fiscal Jorge López Lohman y de la jueza Tania Irún, además de causas en las que votó por absoluciones. El tema vuelve a cobrar relevancia tras su condena a ocho años de prisión por el caso de su título falso de abogado.
La actuación de Hernán David Rivas Román dentro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) vuelve al centro del debate público luego de la condena a ocho años de prisión que recibió el pasado 24 de septiembre por los hechos de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
Rivas integró el órgano encargado de juzgar a jueces, fiscales y defensores públicos durante un periodo cercano a los 40 meses. Primero lo hizo como representante de la Cámara de Diputados, desde el 3 de julio de 2020, y posteriormente como representante de la Cámara de Senadores, desde el 6 de julio de 2023 hasta el 26 de octubre del mismo año.
La situación adquiere una dimensión particular porque el Tribunal de Sentencia que lo condenó concluyó que Rivas no cursó ni aprobó la carrera de Derecho, pese a haber utilizado documentación que lo acreditaba como abogado y que le permitió acceder a cargos institucionales, incluido su lugar en el JEM.
En los últimos días también se conoció que existen 1.311 resoluciones del JEM en las que participó Rivas, de las cuales un análisis publicado por ABC identificó 54 decisiones en las que su voto definió el resultado.
Entre esos antecedentes aparecen cuatro expedientes particularmente relevantes.
La destitución del fiscal Jorge López Lohman
Uno de los casos más significativos corresponde al fiscal Jorge López Lohman, quien fue sometido a un proceso ante el JEM después de imputar a tres funcionarios judiciales —Diego Rodríguez Ozuna, Vicente Andrés Ferreira y Mónica Elizabeth Baumann— por una causa relacionada con la presunta producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.
En noviembre de 2021, Rivas votó por la destitución del fiscal y, de acuerdo con los registros citados por Última Hora, su voto constituyó el quinto necesario para alcanzar la mayoría requerida para la remoción.
López Lohman falleció posteriormente, el 4 de mayo de 2022. Su familia cuestionó la destitución y, tras la reciente condena de Rivas, volvió a reclamar que se esclarezcan las circunstancias relacionadas con aquella decisión.
El caso adquirió una nueva dimensión debido a que el propio Rivas fue condenado años después por hechos vinculados con la utilización de documentación que acreditaba una condición profesional que el Tribunal de Sentencia determinó que no correspondía a su trayectoria académica.
El caso de la jueza Tania Irún
Otro expediente donde el voto de Rivas fue determinante fue el de la entonces jueza Tania Irún, destituida por el JEM en noviembre de 2021.
La magistrada había dictado una resolución relacionada con un litigio por el cumplimiento de un contrato y que ordenaba la transferencia de unas 300.000 hectáreas ubicadas en el Departamento de Alto Paraguay, en el Chaco, a favor de cuatro empresas radicadas en Islas Vírgenes y Chipre.
El proceso ante el JEM terminó con su destitución. Según los antecedentes publicados, Rivas emitió el quinto voto necesario para concretar la remoción, teniendo en cuenta que la legislación exige cinco votos para destituir a un magistrado.
La propia Irún sostuvo posteriormente que el voto de Rivas había sido determinante para su salida del cargo. La exmagistrada cuestionó la decisión y manifestó su expectativa de que los hechos pudieran ser revisados y esclarecidos.
En este expediente, al igual que en el caso de López Lohman, Rivas votó en el mismo sentido que el entonces integrante del JEM Jorge Bogarín Alfonso, quien posteriormente fue designado por el Departamento de Estado de Estados Unidos como significativamente corrupto, una calificación atribuida por esa administración estadounidense.
La jueza Graciela Scala y un voto a favor de la absolución
No todas las intervenciones decisivas de Rivas estuvieron vinculadas a destituciones.
En el expediente correspondiente a la jueza Graciela Scala de Giménez, el entonces integrante del JEM votó por su absolución.
La magistrada había sido sometida a un proceso relacionado con el uso de un recurso de aclaratoria mediante el cual se modificó a la baja una regulación de honorarios que había sido establecida previamente por su propio juzgado.
De acuerdo con los antecedentes difundidos, Rivas votó en dos oportunidades —en septiembre y octubre de 2021— a favor de absolver o archivar las actuaciones que involucraban a Scala. Su postura coincidió nuevamente con la de Bogarín Alfonso.
Este antecedente resulta relevante porque muestra que la incidencia de Rivas dentro del órgano no se limitó a acompañar decisiones de destitución: también existen expedientes en los que su posición contribuyó a evitar que se alcanzara una decisión sancionatoria.
El expediente del fiscal Gabriel Ramírez Palumbo
El cuarto caso destacado corresponde al fiscal Gabriel Ramírez Palumbo, investigado ante el JEM por una presunta inobservancia de la Ley N.º 843/96, relacionada con el acuerdo bilateral entre Paraguay y Brasil para la devolución de vehículos hurtados.
En abril de 2021, cuatro integrantes del órgano votaron por aplicar al fiscal una sanción de apercibimiento. Rivas, sin embargo, se pronunció por la absolución.
Al no alcanzarse los cinco votos necesarios, la sanción no prosperó. De esta manera, su voto tuvo nuevamente un efecto concreto sobre el resultado de la causa.
La relevancia de sus votos vuelve a ser analizada
Los cuatro expedientes forman parte de un universo mucho más amplio de actuaciones en las que participó Rivas durante su paso por el JEM.
Un análisis recientemente difundido reúne las 1.311 resoluciones en las que intervino durante su permanencia en el organismo y señala que en 54 de ellas su voto fue determinante para definir el resultado.
La discusión cobró especial fuerza después de que un Tribunal de Sentencia lo condenara a ocho años de prisión por utilizar documentos públicos de contenido falso para acreditar una condición profesional que le permitió acceder a funciones públicas.
Según los fundamentos difundidos del fallo, el tribunal concluyó que Rivas no había cursado ni aprobado la carrera de Derecho. Los jueces también señalaron inconsistencias entre la documentación académica presentada y la ausencia de registros que acreditaran efectivamente su paso por las aulas.
La sentencia, sin embargo, todavía tiene consecuencias procesales pendientes. La situación de su matrícula profesional permanece suspendida y, según informó la Corte Suprema de Justicia, el sumario administrativo continuará supeditado a la resolución definitiva del proceso penal.
Mientras tanto, también surgieron interrogantes sobre las consecuencias que podría tener la participación de Rivas en decisiones del JEM. El senador Mario Varela planteó públicamente que la legislación no habría previsto un escenario en el que una persona que posteriormente fuera considerada no habilitada como abogado hubiera integrado el órgano encargado de juzgar a magistrados. La eventual nulidad de decisiones, no obstante, deberá ser analizada por las autoridades judiciales competentes en cada caso.
Así, los casos López Lohman, Irún, Scala y Palumbo constituyen algunos de los antecedentes más relevantes para reconstruir el peso que tuvieron los votos de Rivas dentro del JEM y entender por qué su reciente condena reabrió el debate sobre las decisiones adoptadas durante el periodo en que ejerció funciones dentro de uno de los órganos más importantes del sistema de justicia paraguayo.
