Por Firmino Benitez Barroso
Cambiar jueces no alcanza: Paraguay necesita transformar un sistema que mantiene al ciudadano lejos de la administración de justicia.
Paraguay tiene una democracia que permite al ciudadano elegir a quienes gobiernan y a quienes legislan. Sin embargo, cuando se trata de administrar justicia, ese mismo ciudadano queda prácticamente al margen. ¿Puede llamarse plenamente republicano un sistema judicial en el que el pueblo no participa?
La pregunta resulta inevitable frente a una Justicia cuestionada por la mora, la corrupción, la influencia política y una creciente cantidad de personas sometidas a prisión preventiva sin condena. El problema, por tanto, no parece limitarse a determinados funcionarios: es estructural y está en el propio modelo.
Durante años se han anunciado reformas, se han modificado leyes y se han reemplazado autoridades. Pero los mismos vicios continúan. Cambian los nombres, mientras permanecen las estructuras. Y cuando un sistema reproduce indefinidamente sus propios errores, ha llegado el momento de preguntarse si no es el sistema mismo el que debe ser transformado.
La propuesta de incorporar juicios por jurados abre una discusión que Paraguay ya no debería postergar. No se trata simplemente de importar un modelo extranjero, sino de recuperar un principio esencial de toda República: la soberanía reside en el pueblo.
Si los ciudadanos tienen capacidad para elegir al presidente, a los legisladores, gobernadores e intendentes, resulta difícil sostener que carecen de criterio para participar, bajo reglas claras y garantías procesales, en decisiones trascendentales sobre la libertad y los derechos de sus semejantes.
La Justicia tampoco puede seguir siendo un espacio cerrado. La transparencia no debe ser una concesión: debe ser una obligación. Las decisiones de quienes administran justicia deben estar sometidas al escrutinio público, porque la publicidad de los actos constituye una condición fundamental para recuperar la legitimidad perdida.
Paraguay no necesita otra reforma cosmética. Necesita una transformación que devuelva independencia, imparcialidad, transparencia y participación ciudadana al sistema judicial.
La República no puede existir plenamente si uno de sus poderes permanece distante de la sociedad.
La Justicia debe dejar de ser percibida como patrimonio de unos pocos y volver a ser entendida como lo que realmente es: un servicio público al ciudadano y una herramienta esencial para defender la libertad, la igualdad y el Estado de derecho.
Porque una democracia sin una Justicia independiente es frágil. Y una Justicia sin participación y control ciudadano corre el riesgo de convertirse en poder sin pueblo.
