El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil impuso este lunes nuevas medidas cautelares al senador Marcos do Val, del partido derechista Podemos, en el marco de la investigación sobre una supuesta campaña de desinformación y ataques contra la Policía Federal, en el contexto de la trama golpista relacionada con el expresidente Jair Bolsonaro.
Las restricciones fueron dictadas por el magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso, y contemplan el uso obligatorio de tobillera electrónica, la prohibición de utilizar redes sociales, así como la obligación de permanecer en su domicilio durante las noches y fines de semana, según informaron medios locales.
Marcos do Val regresó al país este lunes tras permanecer unos días en Estados Unidos, a pesar de no haber recibido autorización judicial para abandonar el país. Durante su estadía, el legislador publicó un video en redes sociales asegurando que “no estaba huyendo”, sino “disfrutando con su hija en el parque Universal Orlando”. También alegó haber notificado con antelación a la Justicia sobre los detalles de su viaje.
“Alexandre de Moraes recibió con 15 días de anticipación las informaciones de dónde iba a estar, cuál era mi vuelo, el hotel en el que estoy y hasta las entradas que compré”, manifestó el senador en el mismo video.
El año pasado, De Moraes ya había ordenado la retención de los pasaportes del legislador —incluido el diplomático— y el bloqueo de sus cuentas bancarias. Sin embargo, el pasaporte diplomático no fue retenido, lo que le permitió abandonar el país durante el receso parlamentario.
El magistrado también impuso en julio una serie de medidas similares al expresidente Jair Bolsonaro, como el uso de tobillera electrónica y la prohibición de usar redes sociales. Estas acciones motivaron una respuesta de la administración del expresidente estadounidense Donald Trump, que acusó a De Moraes de liderar una “campaña de censura y persecución política”.
Como represalia, el gobierno de Trump revocó el visado estadounidense de De Moraes y lo incluyó en la Ley Magnitsky, que permite sancionar a extranjeros implicados en corrupción o violaciones a los derechos humanos. Además, se utilizó el juicio contra Bolsonaro como argumento para imponer un arancel adicional del 50 % a ciertas importaciones brasileñas.
El caso de Marcos do Val es una pieza más en el complejo entramado judicial que rodea al bolsonarismo, cuyas figuras más visibles enfrentan acusaciones por presuntos intentos de subvertir el orden democrático tras las elecciones de 2022.
