Detectan un esquema que multiplica hasta ocho veces las deudas y mantiene descuentos irregulares a trabajadores y funcionarios públicos.
La Comisión Especial del Senado que investiga la denominada mafia de los pagarés anunció que profundiza las indagaciones sobre el modus operandi de un grupo empresarial que habría aplicado descuentos automáticos irregulares y promovido demandas judiciales con montos inflados, afectando a cientos de personas.
Durante el receso parlamentario, los senadores realizan un seguimiento minucioso a los descuentos promovidos por el conglomerado integrado por NDL, Emprendimientos Mikasa y Fast Credit, firmas que posteriormente venderían las supuestas deudas a Pirámide Gestiones y Cobranzas SA, empresa vinculada a Víctor Manuel Rotela. Las demandas judiciales contra los “deudores” serían impulsadas por el propio propietario o desde su empresa.
Deudas infladas hasta ocho veces
Los primeros hallazgos revelan que a las víctimas se les descuenta hasta siete u ocho veces el monto real de la deuda, lo que evidencia una inflación exorbitante del capital originalmente adeudado.
Más empresas bajo la lupa
Otra firma investigada es Manager SRL, que —a través de Equifax (Informconf)— mantiene como morosas a personas que ya saldaron sus deudas o cuyos compromisos datan de antes de 2014. En muchos casos, las víctimas ya no cuentan con documentos de respaldo por el tiempo transcurrido.
También figura Asistencia Integral Financiera (ASIF), que ofrecía supuestos servicios de gestión crediticia y asesoramiento, pero hacía firmar pagarés por servicios que nunca fueron prestados. Esos documentos igualmente terminaron registrados en Informconf, dejando a las personas como morosas.
Según la Comisión, este mismo esquema se repite en otras empresas y ya se identificaron centenares de víctimas.
Además, continúan las investigaciones sobre demandas por montos superiores a las deudas reales, que involucran a firmas y personas como Bahía Costanera SA, Iridium, Cofivo SA, Realidad SA de Mandatos, EDA y Asociados, ML Hogar, GSC SA, Préstamos Personales SA, así como a Deisy Noelia Vega, María Concepción Guirland, Gabriel Alejandro Lanzos Guerreros, Lidia Mabel Estigarribia y Roberto Ariel Rodríguez Pavón, entre otros.
Irregularidades en el BNF
La investigación también alcanza al Banco Nacional de Fomento (BNF), que continúa realizando descuentos automáticos sin controles suficientes a docentes, enfermeros, médicos y otros funcionarios públicos.
El BNF había firmado un contrato con Walton Capital SA para la gestión de descuentos a favor de casas comerciales. Sin embargo, se detectó que los débitos siguen ejecutándose sin verificar plazos ni montos, por lo que en muchos casos los descuentos no se detienen aun cuando la deuda ya habría sido cancelada.
La Comisión Especial permanece abierta durante el receso para atender a las víctimas los lunes, martes y miércoles, de 09:00 a 14:00, además de consultas vía WhatsApp al (0986) 800-300.
Filizzola: “La nueva ley es un paso clave”
El senador Rafael Filizzola, presidente de la Comisión Antimafia, celebró la promulgación de la Ley N.º 7614/2025, de saneamiento para juicios ejecutivos, calificándola como “un paso fundamental para evitar que más compatriotas sigan siendo víctimas de un esquema fraudulento”.
Explicó que la normativa busca poner fin a descuentos indebidos y a procesos irregulares que afectaron a miles de personas, muchas de las cuales “llegaron a perder la totalidad de sus ingresos”. Añadió que la ley apunta a corregir prácticas abusivas del derecho que prosperaron por “zonas grises del sistema judicial”.
Promulgan ley transitoria para suspender embargos
El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la Ley N.º 7614, que tendrá vigencia transitoria por dos años y fue creada para sanear juicios ejecutivos irregulares, especialmente los vinculados a la mafia de los pagarés.
La normativa permite revisar juicios ejecutivos, acciones preparatorias y procesos de cobro, tanto los identificados por la Comisión del Senado como aquellos cuyos expedientes no se encuentren físicamente en los juzgados.
Cuando un expediente esté extraviado, el secretario judicial tendrá 10 días para localizarlo. Si no aparece, el juez deberá ordenar su reconstitución de oficio y exigir al demandante la presentación del título original (pagaré o cheque). En ese lapso, deberán levantarse embargos y otras medidas cautelares.
Si se constatan graves irregularidades o violaciones al debido proceso, el juez deberá declarar la nulidad del juicio, levantar las medidas y ordenar la devolución de los montos descontados al demandado.
Víctimas celebran la ley, pero exigen una lucha frontal
La Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés valoró la promulgación de la ley como un avance importante, pero advirtió que la estructura criminal sigue operando. En ese sentido, exigió al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, que investigue el esquema bajo la figura de crimen organizado.
“Instamos a los jueces a aplicar esta ley de manera directa y sin dilaciones, para que se haga justicia y se proteja a las víctimas. Las leyes solo serán eficaces si el Poder Judicial se alinea a su razón de ser: impartir justicia respetando los derechos humanos”, señala el comunicado.
La organización también llamó a las víctimas a gestionar activamente la aplicación de la norma en los juzgados y advirtió que continuará su lucha en el Parlamento para impulsar más reformas y promover el juicio político a ministros de la Corte Suprema.
