Julian Assange luchó durante dos días en los tribunales británicos para evitar su extradición a Estados Unidos, donde enfrenta la posibilidad de ser condenado a 175 años de cárcel por 17 delitos de espionaje, conspiración y fraude informático. Esto se debe a su papel como fundador de WikiLeaks y la divulgación de información clasificada del Departamento de Estado y de las guerras de Irak y Afganistán.
Un tribunal de alto nivel deberá tomar una decisión, posiblemente esta semana, sobre si Assange tiene la capacidad de apelar la orden de extradición emitida en junio de 2022 por la entonces secretaria de Interior, Priti Patel.
El propio Assange compareció por videoconferencia desde la prisión de Belmarsh, donde ha estado esperando una decisión final sobre su caso desde que fue detenido en la embajada ecuatoriana en Londres en abril de 2019, después de siete años de encierro para evitar la extradición.
Stella Morris, la abogada y esposa de Assange, declaró: «La decisión del tribunal decidirá esencialmente si Julian vive o muere». Ella advirtió que la extradición equivaldría a la pena de muerte, dada la frágil salud del activista australiano de 52 años y las severas condiciones de aislamiento en las prisiones estadounidenses.
Si Assange perdiera la capacidad de apelar, el último recurso de sus abogados sería una interpelación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que intervino en su día para detener la deportación de inmigrantes a Ruanda. Stella Morris advirtió que tan solo tendrían 24 horas para recurrir y escasas garantías de prosperar.
«Esta es nuestra última oportunidad ante los tribunales británicos», advirtió Morris. «Cada día que pasa en prisión es un riesgo para la vida de Julian».
Decenas de seguidores se congregaron el martes ante el alto tribunal en el Strand de Londres para exigir la liberación del fundador de WikiLeaks. Amnistía Internacional ha abanderado su caso y ha advertido que «la seguridad de los editores y periodistas de investigación de todo el mundo pende de un hilo» si Julian Assange es finalmente extraditado y juzgado en Estados Unidos.
El caso de Julian Assange ha generado una gran repercusión a nivel internacional, con defensores de los derechos humanos y la libertad de prensa mostrando su apoyo.
Estos acontecimientos han atraído la atención de la opinión pública y han llevado a la reflexión sobre la importancia de proteger a los periodistas y editores que exponen la verdad y la corrupción.
