ASUNCIÓN. El Gobierno analiza una serie de medidas para contener la creciente presión financiera que enfrentan el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio de Salud Pública, entre ellas la reglamentación de los amparos judiciales relacionados con medicamentos de alto costo, tratamientos especializados y tecnologías sanitarias.
La propuesta fue presentada por autoridades del IPS durante una reunión con legisladores y técnicos encargados de estudiar alternativas para mejorar la sostenibilidad económica de la previsional, en un contexto marcado por el aumento de las demandas judiciales de pacientes que buscan acceder a tratamientos que no reciben oportunamente por parte del sistema público.
El asesor financiero ad honórem del IPS, Carlos Pereira, explicó que la intención no es eliminar el derecho constitucional al amparo, sino establecer reglas claras para su aplicación, especialmente en los casos que implican elevados costos para las instituciones sanitarias.
“El amparo es un derecho que nadie pretende restringir, pero necesitamos una reglamentación que permita ordenar el acceso a medicamentos de alto impacto económico y a tecnologías sanitarias que actualmente se obtienen mediante resoluciones judiciales”, manifestó en declaraciones a Radio Monumental.
Amparos absorben gran parte del presupuesto
Pereira recordó que durante su gestión como integrante del Consejo de Administración del IPS recibía semanalmente órdenes judiciales que obligaban a la institución a adquirir medicamentos, insumos o tratamientos con costos millonarios.
Según explicó, estas resoluciones llegaron a comprometer cerca del 80% del presupuesto destinado a medicamentos, dejando apenas un 20% para abastecer el vademécum general que beneficia al resto de los asegurados.
La situación, sostuvo, genera un fuerte desequilibrio financiero, ya que obliga a destinar recursos de manera inmediata para cumplir con decisiones judiciales, reduciendo la capacidad del IPS para garantizar el suministro regular de medicamentos esenciales a miles de pacientes.
Salud también registra un aumento sostenido
La problemática no afecta únicamente al IPS.
El viceministro de Atención Integral a la Salud, Saúl Recalde, reveló que el Ministerio de Salud experimentó un crecimiento considerable en la cantidad de amparos judiciales durante los últimos años.
De acuerdo con los datos oficiales, la cartera sanitaria recibió entre 1.500 y 1.600 acciones de amparo en apenas dos años, una cifra muy superior a los 256 casos registrados entre 2019 y 2020.
El funcionario advirtió que el incremento ha sido constante durante los últimos tres a cuatro años y representa uno de los principales desafíos administrativos y presupuestarios para el sistema de salud pública.
Medicamentos que dejaron de comprarse
Recalde explicó además que una parte importante de los amparos presentados contra el IPS corresponde a medicamentos que anteriormente eran adquiridos normalmente por la previsional, pero cuya compra fue suspendida por diversos motivos.
Como consecuencia, numerosos pacientes recurrieron a la Justicia para obtener tratamientos indispensables para enfermedades graves, generando nuevas obligaciones económicas para la institución.
“Los amparos dictados contra el IPS están relacionados con medicamentos que la institución compraba y dejó de comprar, lo que terminó generando mayores inconvenientes”, señaló.
Indicación médica bajo análisis
Otro aspecto que preocupa a las autoridades sanitarias es el incremento de prescripciones de medicamentos de alto costo.
Según Recalde, existen casos en los que algunos profesionales realizan indicaciones médicas sin seguir criterios técnicos suficientemente fundamentados, lo que posteriormente deriva en acciones judiciales para exigir la provisión inmediata de dichos tratamientos.
El viceministro sostuvo que esta realidad debe ser analizada con responsabilidad, ya que considera que algunas prescripciones han contribuido al crecimiento de los amparos en los últimos años.
Buscan crear criterios técnicos
Como parte de la estrategia, el Ministerio de Salud y el IPS impulsan la conformación de un comité técnico y una comisión multidisciplinaria encargados de evaluar científicamente cada solicitud relacionada con medicamentos de alto costo antes de que el caso llegue a la vía judicial.
La intención es establecer protocolos claros que permitan determinar cuándo corresponde suministrar determinados tratamientos y bajo qué condiciones deben ser financiados por el Estado o por la previsional.
Las autoridades sostienen que una reglamentación podría brindar mayor transparencia, uniformidad y previsibilidad tanto para los pacientes como para las instituciones.
También denuncian sobrecostos
Durante la presentación de las medidas, Recalde también cuestionó los elevados precios de algunos medicamentos importados comercializados en Paraguay.
El funcionario afirmó que una de las razones de esos sobrecostos guarda relación con los extensos plazos de pago que enfrentan los proveedores cuando venden al Estado.
Según explicó, las empresas incorporan ese riesgo financiero al precio final de los productos, lo que termina encareciendo considerablemente las compras públicas de medicamentos.
¿Qué es un amparo judicial en salud?
El amparo judicial es una acción constitucional de carácter urgente que permite a un paciente solicitar la intervención de un juez cuando considera que una institución de salud vulnera su derecho a la vida o a la atención médica.
A través de este mecanismo, una persona puede exigir la provisión inmediata de medicamentos de alto costo, prótesis, estudios especializados, cirugías o tratamientos que fueron negados o demorados por el sistema sanitario.
Si el juez concede el amparo, la institución demandada queda obligada a cumplir la resolución de manera inmediata.
Debate entre sostenibilidad y derecho a la salud
La propuesta de reglamentar los amparos abre nuevamente el debate sobre el equilibrio entre dos principios fundamentales: el derecho constitucional de los pacientes a acceder oportunamente a tratamientos que pueden salvar sus vidas y la necesidad de preservar la sostenibilidad financiera del sistema público de salud.
Mientras las autoridades sostienen que una regulación permitiría ordenar el uso de los recursos y garantizar una distribución más equitativa del presupuesto, diversos sectores insisten en que cualquier modificación deberá respetar plenamente el derecho de los ciudadanos a recurrir a la Justicia cuando la atención médica no sea brindada en tiempo y forma.
