El Instituto de Previsión Social (IPS) atraviesa una delicada crisis financiera y busca implementar mecanismos para frenar las llamadas “fugas” que afectan sus recursos y perjudican directamente a los asegurados.
La previsional enfrenta actualmente una necesidad mínima de G. 150.000 millones para la compra de medicamentos. Según las autoridades, parte de la crisis se arrastra desde hace décadas y está vinculada a prácticas irregulares como compras y licitaciones dudosas, evasiones, alteraciones de datos informáticos y causas civiles y penales que permanecen estancadas durante años.
El titular del IPS, Dr. Prof. Isaías Fretes, señaló que la institución lleva adelante una cruzada para evitar nuevos perjuicios financieros y recuperar la funcionalidad del seguro social.
En ese contexto, el director jurídico del IPS, Pablo Morínigo, destacó que uno de los principales desafíos de su gestión es optimizar los recursos disponibles y fortalecer el trabajo del área legal.
“La organización es algo fundamental en mi gestión, ya que debo optimizar los recursos que tengo para obtener resultados favorables para la previsional y, en consecuencia, para los asegurados”, expresó.
Morínigo afirmó que la nueva administración busca trabajar con mayor transparencia y agilizar los procesos jurídicos pendientes. Además, indicó que el Departamento Jurídico cuenta actualmente con 38 abogados, entre contratados y funcionarios fijos, y que se impulsa una desprecarización del personal para mejorar el rendimiento del área.
Por su parte, el director de Inversiones del IPS, Hugo Díaz, explicó que la previsional aplica controles rigurosos sobre sus inversiones, conforme a los límites establecidos en la Ley 7235, tanto en la asignación de activos financieros como en los topes correspondientes a cada emisor.
Díaz señaló que los procesos de inversión se realizan mediante el sistema Datatec, utilizado para llamados y subastas, lo que permite generar reportes y asegurar que las adjudicaciones se realicen conforme a las reglamentaciones vigentes.
El director también sostuvo que los llamados son publicados en tiempo y forma para garantizar mayor transparencia y participación. Posteriormente, se evalúa la capacidad de pago de los interesados, sus indicadores financieros y la inversión comprometida, antes de elevar los procesos al Consejo de Administración.
Las autoridades reconocen que los sistemas de control del IPS han sido vulnerados durante años, por lo que consideran urgente reforzar los mecanismos de supervisión y aplicar sanciones cuando correspondan.
