Los jefes municipales hacen muy poco o casi nada para mejorar la administración de sus instituciones para así optimizar los recursos de los contribuyentes, según informó la Contraloría General de la República (CGR). Entre las recomendaciones emitidas tras las auditorías se insta a los intendente a reforzar los controles en el uso del dinero público, así como tener un estricto cronograma de trabajo, mayor cuidado en la firma de contratos con empresas constructoras y con el personal municipal.
La Municipalidad de Lambaré (Central) tuvo un cumplimiento del 13 por ciento, de las cuatro observaciones realizadas luego de la autoría en el 2023. En tanto, la Municipalidad de Minga Guazú (Alto Paraná) tuvo un cumplimiento de 28 por ciento de las 16 recomendaciones efectuadas por la CGR en el 2022. Por su parte, la Municipalidad de Primero de Marzo (Cordillera) alcanzó a cumplir el 36 por ciento de las once exigencias planteadas por el ente contralor.
Asimismo, la Municipalidad de Itauguá (Central) cumplió en un 50 por ciento las recomendaciones dejadas por el ente contralor, por lo cual obtuvo un “cumplimiento parcial” tras la auditoría realizada durante el 2022. En idéntica situación se encuentra la Municipalidad de Villa Oliva (Ñeembucú), que de las 12 observaciones cumplió la mitad, por lo cual debe reforzar sus procedimientos de control administrativo.
La Municipalidad de Hernandarias (Alto Paraná) tuvo un cumplimiento de 58 por ciento de las 13 observaciones que le hizo el citado organismo en 2022.
