Ciudad del Este – Alto Paraná – Py.
La agente fiscal especializada en Antisecuestros, Zunilda Ocampos Marín, imputó y ordenó la detención de cinco efectivos policiales de la División de Investigaciones de la Policía Nacional en el departamento de Alto Paraná, así como la captura de una abogada, por su presunta participación en un grave caso de privación ilegítima de libertad y extorsión agravada.
Los procedimientos se originaron tras la presentación de dos denuncias simultáneas, una en el distrito de Presidente Franco y otra en territorio brasileño, que involucraban a los mismos agentes policiales. Según los testimonios recabados por la Fiscalía, los denunciantes habrían sido privados de libertad por los uniformados, quienes los habrían obligado bajo coacción a vender sus vehículos, quedándose luego con el dinero producto de dichas transacciones.
Los cinco agentes ya detenidos e imputados son:
Oficial inspector Derlis Ariel Chávez Giménez, de 33 años
Suboficial principal Silvio Javier Rojas Vera, de 42 años
Suboficial mayor Celiano Antonio Zayas Benítez, de 43 años
Suboficial mayor Ángel Gabriel Resquín Vera, de 41 años
Suboficial segundo Denis Evaristo Miltos Rojas, de 28 años
Todos ellos permanecerán recluidos en la sede de la Dirección de Policía de Alto Paraná, en Ciudad del Este, a disposición del Ministerio Público.
Primer caso denunciado.
Un ciudadano brasileño denunció haber sido víctima de secuestro, extorsión y robo por parte de presuntos agentes de la Policía de Investigaciones del Alto Paraná. El hecho habría ocurrido en la tarde del pasado 23 de abril, en el kilómetro 4 de la capital del décimo departamento.
Según la denuncia presentada ante el fiscal Alcides Giménez, la víctima, identificada como Pereira Gomes, conducía su vehículo, un Kia Río, cuando fue interceptado por uniformados que lo acusaron de estar al mando de un automóvil supuestamente robado. Los agentes lo habrían llevado a su base operativa, donde le exigieron el pago de 10.000 dólares para liberarlo.
Al no contar con el dinero solicitado, los agentes trasladaron a Gomes, esposado, hasta su residencia en territorio brasileño. Una vez allí, y mediante el uso de la fuerza, redujeron a los miembros de su familia y se apoderaron de una camioneta Hyundai Tucson, color gris plateado, que se encontraba en el garaje. Posteriormente, regresaron con el vehículo robado a Ciudad del Este.
Otro caso denunciado por victima de Pdte. Franco.
Un joven empresario paraguayo denunció haber sido víctima de extorsión, amenazas y privación de libertad por parte de cinco individuos que se habrían identificado como agentes de la Policía de Investigaciones del Alto Paraná. El hecho ocurrió el pasado 3 de junio, en la ciudad de Presidente Franco.
Según el testimonio que brindó ante la fiscal Cinthia Ocampos, los hombres lo interceptaron alegando que estaba siendo investigado por presuntas irregularidades en su negocio de apuestas y juegos de azar en línea. En ese contexto, le habrían exigido el pago de 50.000 dólares para evitar una supuesta investigación penal en su contra.
Bajo amenazas, los presuntos agentes lograron convencer al joven, identificado como Fabio, de vender su camioneta para reunir parte del dinero. Tras varias horas de retención, consiguió concretar la venta del vehículo a un comprador que le realizó depósitos bancarios por un total aproximado de 210 millones de guaraníes.
Luego de recibir el dinero, los agresores liberaron al joven, no sin antes advertirle que debía entregar otros 200 millones de guaraníes antes de fin de mes. De lo contrario, amenazaron con enviar sicarios para atentar contra su vida y la de su familia.
El Ministerio Público investiga el caso y no se descarta que haya más víctimas de este presunto esquema de extorsión operado por policías de investigaciones de Ciudad del Este.
El Ministerio Público investiga el caso, mientras se aguarda la identificación de mas supuestos responsables y el esclarecimiento de los hechos.
En tanto, la abogada Blanca Noemí Gauto Fernández, de 38 años, también fue imputada como cómplice en los mismos hechos, pero se encuentra actualmente prófuga de la justicia. Las autoridades han emitido orden de captura en su contra.
Los hechos están siendo investigados bajo los cargos de privación ilegítima de libertad y extorsión agravada, con indicios que apuntan a un esquema delictivo coordinado para someter a las víctimas y apropiarse de sus bienes mediante amenazas y coerción.
El Ministerio Público continúa las diligencias con el objetivo de esclarecer totalmente los casos y determinar si existen más implicados o víctimas en la causa.
