El Ministerio Público imputó al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, junto con otras diez personas, por supuesta lesión de confianza en una investigación relacionada con el uso de fondos municipales destinados a obras en el Hospital Regional. El caso analiza transferencias realizadas entre 2019 y 2022 al Consejo Local de Salud.
El Ministerio Público presentó una tercera imputación contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, esta vez en el marco de una investigación sobre presuntas irregularidades en la utilización de recursos municipales destinados a obras de infraestructura en el Hospital Regional de la capital de Alto Paraná.
La imputación fue formulada el 6 de marzo de 2026 por fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, quienes investigan transferencias realizadas por la Municipalidad al Consejo Local de Salud entre los años 2019 y 2022.
Según el acta fiscal, durante la administración de Prieto se habrían transferido al Consejo Local de Salud G. 11.295.555.300, recursos provenientes principalmente de la recaudación de la Terminal de Ómnibus de la ciudad. Estos fondos debían ser utilizados para inversiones en infraestructura en el Hospital Regional, incluyendo refacciones, ampliaciones y la construcción de pabellones para distintas áreas médicas.
No obstante, la investigación sostiene que parte de esos recursos habría sido utilizada en contratos adjudicados de forma irregular a empresas constructoras vinculadas a personas cercanas al entorno político y administrativo municipal.
Contratos bajo sospecha
Entre las firmas mencionadas en la investigación figuran Servmaq, vinculada a Freddy Guzmán Martínez, y M & M Constructora, relacionada con la contadora Cinthia Noelia Alen Guerrero. De acuerdo con la Fiscalía, ambas empresas habrían recibido múltiples contratos para ejecutar obras dentro del hospital.
Los fiscales señalan que entre 2020 y 2022 se adjudicaron trabajos para refacciones de pabellones, intervenciones en unidades de Terapia Intensiva y remodelaciones en áreas médicas como Traumatología, Nefrología y Urgencias.
Uno de los contratos más relevantes corresponde a la refacción de la fachada y áreas del pabellón de trauma, adjudicado a M & M Constructora por G. 3.075.179.485. Según la investigación fiscal, las obras ejecutadas no habrían correspondido con los montos abonados.
Peritajes realizados por el Laboratorio Forense del Ministerio Público estiman que solo en ese contrato el perjuicio económico podría alcanzar G. 505.154.095.
Obras no certificadas
La Fiscalía sostiene además que varias de las obras financiadas con estos recursos habrían sido pagadas sin contar con los controles técnicos obligatorios.
Según el expediente, no se designaron fiscalizadores de obra ni se emitieron dictámenes técnicos que certificaran la ejecución real de los trabajos. El informe técnico señala que los pagos se habrían realizado por montos superiores a lo efectivamente construido.
En total, el perjuicio económico estimado para la Municipalidad de Ciudad del Este sería de aproximadamente G. 757.166.276.
Los investigadores también sostienen que el Consejo Local de Salud habría realizado pagos a las empresas sin certificaciones técnicas, basándose únicamente en documentos administrativos como facturas o formularios.
Presuntas irregularidades en las contrataciones
Otro punto señalado por la Fiscalía es que los contratos no habrían seguido los procedimientos establecidos en la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.
Según el acta de imputación, en lugar de licitaciones abiertas las adjudicaciones se habrían realizado de forma directa, lo que habría limitado la competencia entre proveedores.
Los fiscales también mencionan que las adjudicaciones habrían sido direccionadas principalmente hacia las empresas Servmaq y M & M Constructora, que recibieron repetidamente contratos financiados con los aportes municipales.
Asimismo, informes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) señalan que M & M Constructora no registraba compras de materiales o insumos propios de la actividad constructiva, lo que llevó a los investigadores a considerar que podría tratarse de una empresa de fachada.
Los imputados
Además de Miguel Prieto Vallejos, fueron imputados miembros del Consejo Local de Salud y personas vinculadas a las contrataciones. Entre ellos figuran Walter Hugo García Méndez, Salem Esgaiib Zugaib, Lucía Elizabeth Lisboa de Torales, Hugo Benítez Vázquez, Valeria Fabiana Romero Escobar y Karen Elizabeth González Vergara.
También fueron imputados Freddy Guzmán Martínez, representante de Servmaq, y Cinthia Noelia Alen Guerrero, vinculada a M & M Constructora.
Según la Fiscalía, todos habrían participado en distintos grados en el esquema que permitió adjudicar contratos y efectuar pagos por obras que no habrían sido ejecutadas completamente.
Denuncia que dio origen al caso
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada en 2020 por el entonces concejal municipal Celso Miranda, conocido como “Kelembu”, quien alertó sobre presuntas irregularidades en la construcción del pabellón de contingencia Covid-19 en el hospital.
A partir de esa denuncia, el Ministerio Público inició una investigación que incluyó peritajes técnicos, análisis de documentos administrativos y revisión de contratos firmados entre la municipalidad y el Consejo Local de Salud.
Tras reunir los elementos preliminares, los fiscales concluyeron que existen indicios suficientes para formular la imputación por lesión de confianza.
Con esta causa, Prieto suma su tercera imputación, dentro de un total de 53 denuncias presentadas ante la Fiscalía. Las anteriores corresponden al caso de compra de kits de alimentos durante la pandemia del Covid-19, conocido como “Tía Chela”, y a una investigación sobre la adquisición de insumos para la panadería municipal.
El proceso judicial se encuentra en su etapa inicial y será ahora la Justicia la que determine, durante el desarrollo de la causa, si se confirman o no las responsabilidades penales señaladas por el Ministerio Público.
