El Ministerio Público imputó a cinco agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional en Ciudad del Este y a una abogada por los supuestos hechos punibles de privación de libertad y extorsión agravada. La víctima fue obligada a pagar más de G. 200 millones para evitar el allanamiento de su vivienda, según la denuncia.
La fiscala Zunilda Ocampos Marín presentó la imputación contra el oficial inspector Derlis Ariel Chávez Giménez; el suboficial Silvio Javier Rojas Vera; el suboficial mayor Celiano Antonio Zayas Benítez; el suboficial mayor Ángel Gabriel Resquín Vera; el oficial Denis Evaristo Miltos, y la abogada Blanca Noemí Gauto Fernández.
El hecho ocurrió el pasado 3 de junio sobre la avenida Monday de la ciudad de Presidente Franco, cuando Fabio Junior Troche Zarza, Jorge Esteban Stoian Vidiella y la hija adolescente de este último fueron interceptados a bordo de una camioneta Kia Sportage por un grupo de personas armadas que se identificaron como policías de Investigaciones. Los agentes se movilizaban en una camioneta Toyota Hilux color gris.
De acuerdo con el acta fiscal, Troche Zarza fue obligado a descender de su vehículo y subir a la camioneta de los uniformados, mientras que otros dos policías tomaron control del rodado de las víctimas, donde permanecieron Stoian Vidiella y su hija.
Los tres fueron trasladados hasta la sede del Departamento de Investigaciones, ubicada detrás del Departamento de Identificaciones, en Ciudad del Este. Allí, los policías habrían exigido el pago de USD 50.000 para evitar supuestos allanamientos por causas relacionadas a lavado de dinero y crimen organizado.
Troche Zarza fue retenido por aproximadamente tres horas en un quincho dentro del predio policial, mientras que Stoian y su hija permanecieron en el vehículo. Durante ese tiempo, los uniformados le indicaron a Troche que se comunicara con su abogada, Blanca Noemí Gauto, quien acudió al lugar y se reunió con los efectivos.
Tras la reunión, Gauto le sugirió al afectado entregar el dinero “para evitar problemas”, según el expediente. Finalmente, se acordó el pago de USD 30.000 en efectivo y otros USD 20.000 a ser abonados en el plazo de un mes.
Para cumplir con lo exigido, la víctima vendió un vehículo y recurrió a préstamos bancarios, según declaró ante la Fiscalía.
El caso fue calificado por la fiscala Ocampos como un claro hecho de extorsión y privación de libertad, por lo que solicitó medidas restrictivas contra los seis imputados.
