Ciudad del Este- Py.
Gremios del transporte privado han intensificado su presión sobre la Municipalidad de Ciudad del Este con el objetivo de suspender el servicio gratuito de transporte que algunas universidades locales ofrecen exclusivamente a sus estudiantes. Alegan una supuesta competencia desleal, pese a que dicho servicio no tiene fines comerciales ni afecta directamente a sus operaciones.
Las universidades afectadas brindan transporte interno para estudiantes que deben trasladarse entre hospitales universitarios, laboratorios, centros tecnológicos y aulas. Se trata de un servicio cerrado, sin cobro de pasajes ni atención al público general, financiado con fondos propios como parte del apoyo académico.
A pesar de esto, algunos sectores del transporte exigen su eliminación, argumentando perjuicios económicos. Desde las casas de estudio se advierte que esta ofensiva responde únicamente a intereses lucrativos, sin considerar el impacto que tendría en miles de jóvenes que dependen de esta ayuda para continuar sus estudios.
“La función del transporte universitario es facilitar el acceso al conocimiento, no competir con el transporte comercial”, señalaron representantes del sector educativo, quienes manifestaron su preocupación por la posibilidad de que se imponga una medida que perjudique directamente a los estudiantes.
Destacan además que, en contraste con lo que ocurre en otras ciudades del país, como Encarnación, donde el programa Che Bus —un sistema de transporte estudiantil gratuito— funciona gracias a un acuerdo entre el municipio y empresas privadas, en Ciudad del Este las universidades sostienen solas este esfuerzo, sin apoyo estatal ni convenios públicos.
Las autoridades universitarias subrayan que el aporte del sector académico al desarrollo local es significativo. La presencia de miles de estudiantes, tanto del interior como del exterior del país, dinamiza la economía a través del alquiler de viviendas, consumo, alimentación, recreación y uso del transporte público en actividades no académicas.
“El ataque a este servicio no responde a una competencia real, sino a una oportunidad de lucro no aprovechada. No se trata de mejorar el transporte, sino de impedir alternativas solidarias”, advierten desde el sector educativo.
Lo que está en juego, recalcan, es el derecho a la educación, la permanencia en las aulas y la igualdad de oportunidades. “La educación no es una amenaza ni una mercancía. Es un derecho que debe protegerse”, concluyen.
