El Ministerio Público solicitó una condena de 12 años de prisión para el ex senador Hernán David Rivas, acusado por el presunto uso de documentos académicos falsos para acreditar su condición de abogado. Durante los alegatos finales, los fiscales sostuvieron que no existe una trayectoria universitaria verificable que respalde el título presentado por el ex legislador y cuestionaron las contradicciones surgidas durante el juicio oral.

La Fiscalía solicitó este lunes una pena de 12 años de cárcel para el ex senador Hernán David Rivas, en el marco del juicio oral y público que afronta por el supuesto uso de un título falso de abogado.

El pedido fue formulado durante la etapa de alegatos finales ante el Tribunal de Sentencia, luego de que la representación del Ministerio Público expusiera los elementos que, a su criterio, demuestran que Rivas no habría cursado regularmente la carrera de Derecho en la Universidad Sudamericana.

Para la acusación, una de las principales debilidades de la versión sostenida por el ex legislador se encuentra en la falta de documentos, registros y antecedentes académicos que permitan reconstruir de manera coherente su paso por la universidad.

Los fiscales remarcaron que la formación universitaria normalmente deja una serie de registros verificables, entre ellos inscripciones, matrículas, materias cursadas, asistencia a clases, evaluaciones, trabajos académicos, docentes, actas y otros documentos propios de una carrera de grado.

Sin embargo, según la postura del Ministerio Público, durante el desarrollo del juicio no se pudo establecer de forma suficientemente consistente dónde, cuándo y bajo qué modalidad Rivas habría cursado sus estudios jurídicos.

A lo largo de las audiencias fueron mencionadas distintas sedes y ciudades vinculadas a su supuesta formación académica, entre ellas Luque, Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero. Para los fiscales, las versiones presentadas sobre esos lugares no lograron coincidir con los registros documentales analizados durante el proceso.

La utilización del título en organismos públicos

Uno de los principales puntos expuestos por la acusación fue la utilización del título de abogado en diferentes momentos de la trayectoria política e institucional de Hernán Rivas.

La Fiscalía reconstruyó cronológicamente las ocasiones en las que el ex legislador habría acreditado su condición de profesional del Derecho para acceder a determinados cargos o cumplir requisitos institucionales.

Uno de esos episodios se produjo en junio de 2020, cuando Rivas se desempeñaba como diputado y fue designado como representante de la Cámara Baja ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Para ocupar ese cargo era necesario reunir las condiciones constitucionales establecidas para ejercer la representación ante el organismo encargado de juzgar la conducta de magistrados y otros operadores del sistema judicial.

La acusación sostiene que en aquella oportunidad se dejó constancia oficial de que Rivas reunía la calidad de abogado.

Posteriormente, el título universitario y el certificado de estudios fueron presentados ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de gestionar su matriculación profesional.

La matrícula de abogado fue expedida el 7 de julio de 2021. En esa misma fecha, Rivas prestó juramento ante la Corte y pasó a figurar formalmente como auxiliar de justicia.

Dos años más tarde, ya como integrante de la Cámara de Senadores, volvió a ser designado como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en julio de 2023.

Para el Ministerio Público, esta secuencia resulta relevante porque la supuesta condición profesional atribuida a Rivas no habría quedado limitada al ámbito universitario, sino que habría sido utilizada posteriormente dentro de distintas instituciones del Estado.

Fiscalía cuestiona la trayectoria académica

Durante los alegatos, la Fiscalía sostuvo que la documentación presentada como respaldo de la formación universitaria del ex senador no tendría correspondencia con una trayectoria académica real y verificable.

Uno de los puntos centrales de la acusación fue la dificultad para reconstruir de manera lógica el supuesto recorrido universitario de Rivas.

Los fiscales cuestionaron que existan versiones relacionadas con estudios realizados en distintas sedes sin que, de acuerdo con su exposición, se hayan encontrado registros académicos suficientes y coincidentes que permitan confirmar esas afirmaciones.

La acusación señaló que si una carrera fue desarrollada en una determinada ciudad, deberían existir documentos propios de esa sede, como registros de inscripción, docentes que impartieron las materias, listas de alumnos, evaluaciones, actas, asistencias y otros antecedentes.

En ese contexto, el Ministerio Público sostuvo que durante el juicio surgieron distintas inconsistencias acerca de los lugares donde Rivas habría estudiado.

También fueron cuestionados determinados aspectos relacionados con su trabajo final de grado. La Fiscalía mencionó supuestas diferencias relacionadas con el título de la tesis y otras irregularidades detectadas en la documentación atribuida a la Universidad Sudamericana.

Según la tesis acusatoria, estas inconsistencias no serían hechos aislados, sino que formarían parte de una serie de elementos que impedirían considerar auténtica y coherente la trayectoria universitaria presentada por el acusado.

Testimonios bajo cuestionamiento

Otro de los aspectos que tuvo especial protagonismo durante los alegatos finales fue la declaración de los testigos convocados al juicio.

A lo largo del proceso prestaron declaración personas presentadas como antiguos compañeros de estudio de Rivas, responsables vinculados a la institución universitaria y representantes de organismos relacionados con el sistema educativo.

Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que varias de estas declaraciones presentaron contradicciones respecto a los lugares, fechas y circunstancias en las que supuestamente se desarrollaron los estudios del acusado.

Los representantes del Ministerio Público incluso consideraron que algunos testigos habrían faltado a la verdad durante sus testimonios ante el Tribunal.

Por ese motivo, solicitaron que los antecedentes de determinadas declaraciones sean remitidos a la Fiscalía para analizar la eventual apertura de nuevas investigaciones por la posible comisión de testimonio falso.

Será el Ministerio Público el que, eventualmente y en investigaciones independientes, deberá determinar si existen elementos suficientes para iniciar procesos contra esas personas.

Documentos oficiales bajo análisis

Para la acusación, uno de los elementos de mayor importancia dentro del caso es que la condición de abogado atribuida a Rivas terminó siendo incorporada a documentos y registros oficiales.

La Fiscalía argumenta que esos documentos públicos hicieron constar una calidad profesional que, según su teoría del caso, no contaba con una formación universitaria auténtica que la respaldara.

En consecuencia, el debate judicial no se concentra únicamente en determinar si existieron irregularidades administrativas dentro de una universidad, sino también en establecer si documentos presuntamente falsos fueron utilizados para producir efectos dentro de instituciones públicas.

Durante el juicio fueron analizados el certificado de estudios, el título universitario, la matrícula profesional y las documentaciones relacionadas con las designaciones de Rivas ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

La Fiscalía considera que el conjunto de estas actuaciones demuestra una secuencia de utilización del supuesto título profesional.

Defensa y decisión pendiente

La solicitud de 12 años de prisión constituye el pedido de pena formulado por la Fiscalía y no representa todavía una condena.

La responsabilidad penal de Hernán Rivas deberá ser determinada por el Tribunal de Sentencia después de escuchar la totalidad de los alegatos y valorar las pruebas producidas durante el juicio.

La defensa tiene la posibilidad de cuestionar las conclusiones del Ministerio Público, presentar su propia interpretación de las pruebas y sostener los argumentos que considere favorables al acusado.

El Tribunal deberá analizar tanto los elementos documentales como las declaraciones testimoniales y el resto de las evidencias incorporadas durante el proceso antes de emitir una resolución.

El juicio se desarrolla ante un Tribunal de Sentencia integrado por los jueces María Fernanda García de Zúñiga, Juan Carlos Zárate y Yolanda Portillo.

La causa llega así a una etapa decisiva luego de un extenso debate sobre la autenticidad de la documentación académica atribuida al ex legislador y sobre la manera en que esos documentos fueron posteriormente utilizados para acreditar oficialmente su condición de abogado.

La resolución que adopte el Tribunal deberá establecer si la acusación logró demostrar los hechos más allá de toda duda razonable o si los elementos expuestos durante el juicio resultan insuficientes para responsabilizar penalmente al acusado.

Hasta que exista una sentencia definitiva, Rivas mantiene su estado de inocencia conforme a las garantías del proceso penal.