Los fiscales que sostuvieron la acusación contra el exsenador expresaron su conformidad con la pena impuesta por el caso de su título falso de abogado, aunque habían solicitado 12 años de prisión. Señalaron que la decisión sobre una eventual apelación dependerá de los fundamentos de la sentencia, cuyo texto completo se conocerá el 2 de octubre.

Los fiscales Christian Benítez, Patricia Sánchez y Luz Guerrero valoraron la condena de ocho años de prisión impuesta al exsenador Hernán David Rivas Román en la causa vinculada con su título falso de abogado. A criterio del equipo investigador, la sanción tiene especial relevancia por las características de los hechos juzgados y constituye un resultado significativo, pese a ser inferior a los 12 años solicitados por el Ministerio Público.

Durante una entrevista concedida este viernes a Radio Monumental 1080 AM, los representantes de la Fiscalía explicaron las dificultades que enfrentaron para reunir las pruebas, detallaron su posición frente al fallo y se refirieron a las investigaciones relacionadas con otras personas mencionadas en el proceso.

Sánchez sostuvo que la imputación se formuló a partir de elementos que permitían sostener una sospecha sobre la existencia de un hecho penalmente relevante. Asimismo, destacó que una decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia permitió que la causa avanzara hasta el juicio oral y público.

La fiscala señaló que el resultado debe analizarse atendiendo a los delitos atribuidos y a las escalas penales consideradas durante el proceso. La acusación comprendió los hechos de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.

En ese contexto, explicó que, aunque la pretensión fiscal era una pena mayor, los ocho años impuestos representan una sanción elevada para este tipo de hechos. Según su valoración, no existen precedentes comparables en los términos planteados por la acusación.

La apelación dependerá de los fundamentos del tribunal

La conformidad expresada por los fiscales no implica que ya hayan cerrado el análisis sobre una eventual impugnación. Benítez aclaró que primero deberán conocer la resolución íntegra para estudiar cómo el Tribunal de Sentencia justificó la pena.

De acuerdo con lo señalado en la entrevista, el texto completo de la sentencia se dará a conocer el próximo 2 de octubre. A partir de esa instancia, el Ministerio Público contará con un plazo de diez días para presentar los recursos que considere pertinentes.

El fiscal explicó que la diferencia entre los años solicitados y la condena impuesta no será, por sí sola, el factor determinante para apelar. La evaluación se concentrará en la solidez de los argumentos utilizados por los magistrados.

Si la decisión está suficientemente fundamentada, adelantó, la Fiscalía no promoverá un recurso únicamente por haber obtenido una sanción menor a la requerida. Consultados además sobre la posibilidad de una prescripción doble, los investigadores sostuvieron que la causa no se encuentra próxima a ese escenario.

La reconstrucción de los antecedentes académicos

Uno de los principales desafíos de la investigación fue reunir información sobre la supuesta formación universitaria de Rivas. Guerrero explicó que el equipo contaba inicialmente con datos limitados de personas que figuraban como exalumnos o docentes.

En numerosos casos, los investigadores solo disponían de nombres, apellidos y, como máximo, números de cédula. Esa situación obligó a solicitar informes y realizar tareas de localización individual para identificar a quienes podían aportar información.

La búsqueda de estas personas resultó necesaria para contrastar los antecedentes académicos atribuidos al exlegislador y reunir elementos que permitieran sostener la acusación durante el juicio.

Benítez manifestó que el Ministerio Público mantuvo desde el inicio la convicción de que las pruebas respaldaban su hipótesis. En su evaluación, el desarrollo del debate permitió presentar un caso sólido sobre la falta de la formación profesional que Rivas afirmaba tener.

Otras investigaciones vinculadas con el caso

Durante la entrevista, Sánchez también se refirió a la causa penal abierta en 2025 respecto de Óscar Rodríguez Kennedy y Euclides Acevedo, quienes fueron autoridades de la Universidad Sudamericana, institución en la que Rivas supuestamente cursó la carrera de Derecho.

La fiscala mencionó igualmente una investigación relacionada con el exministro de Educación Eduardo Petta, por el aval al título durante su administración.

Aclaró que estas actuaciones son distintas del proceso que culminó con la condena del exsenador. Las personas mencionadas participaron como testigos en el juicio y sus declaraciones fueron valoradas dentro del conjunto de elementos presentados por la acusación. La existencia de estas investigaciones no supone, por sí misma, una declaración de responsabilidad penal.

Por otra parte, el Tribunal dispuso la remisión de antecedentes de dos profesores y dos alumnos para que se investigue la posible comisión de falso testimonio. Corresponderá a esas actuaciones determinar si existieron conductas penalmente relevantes.

Cumplimiento de la pena y relevancia institucional

En cuanto al cumplimiento de la condena, Benítez sostuvo que Rivas deberá cumplir una pena efectiva de prisión y descartó, en su interpretación del caso, la posibilidad de prisión domiciliaria. Sánchez precisó que las cuestiones propias de la ejecución de la sanción corresponden a los jueces competentes en esa etapa.

El fiscal calificó el juicio como uno de los procesos más importantes de los últimos tiempos. Su valoración estuvo acompañada de una defensa del trabajo investigativo desarrollado para llevar la causa hasta una sentencia condenatoria.

El caso se extendió durante varios años y alcanzó a Rivas mientras ocupaba espacios de relevancia institucional, entre ellos la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Durante ese periodo también se produjo su pérdida de investidura como senador del movimiento Honor Colorado.

Con la condena ya dictada, la próxima instancia señalada por la Fiscalía será el estudio de la sentencia íntegra. Ese análisis permitirá definir si el Ministerio Público acepta los fundamentos de la pena de ocho años o plantea una revisión mediante los recursos correspondientes.