El agente fiscal Celso René Morales Fernández denunció penalmente que su firma habría sido falsificada y que uno de sus sellos fue utilizado sin autorización en un dictamen atribuido a su persona para gestionar la entrega de una camioneta Toyota Hilux como depositario judicial en Concepción. El documento data de 2023, cuando Morales asegura que llevaba más de dos años desempeñando funciones en Pedro Juan Caballero. El caso surge en medio de una auditoría que investiga presuntas irregularidades en expedientes relacionados con vehículos de alta gama.
El fiscal Celso René Morales Fernández, hasta ahora titular de una Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico en Pedro Juan Caballero, presentó una denuncia contra personas innominadas luego de tomar conocimiento de la existencia de un documento judicial que contiene su nombre, firma y sello, pero cuya elaboración y suscripción niega categóricamente.
El documento cuestionado corresponde a un dictamen fechado en 2023 y habría sido utilizado dentro de un expediente tramitado en la Circunscripción Judicial de Concepción para solicitar la entrega provisional de una camioneta Toyota Hilux en carácter de depositario judicial a un suboficial de la Policía Nacional.
Morales sostiene que existe un elemento temporal que, a su criterio, resulta determinante: desde febrero de 2021 ya no ejercía funciones fiscales en Concepción y había sido trasladado a Pedro Juan Caballero. Además, afirmó que desde entonces no interinó ninguna unidad fiscal de la capital del primer departamento.
El dictamen cuestionado habría sido presentado casi tres años después de su traslado y aparece incorporado a una causa identificada como “Innominado sobre hecho a determinar”. En el documento se recomendaba la entrega de una Toyota Hilux blanca a favor del suboficial Atilio Ariel Delgado Galeano.
La actuación posteriormente habría sido considerada dentro del Auto Interlocutorio N.º 353, dictado durante la gestión de la entonces jueza penal de Garantías Honorina Acosta, actualmente jubilada.
Morales niega haber firmado el documento
Tras conocer la existencia del escrito, el agente fiscal negó cualquier participación en su elaboración y decidió recurrir al Ministerio Público para que se investigue cómo apareció su firma en un expediente en el que asegura que nunca intervino.
Morales manifestó que el documento habría sido confeccionado sin su conocimiento ni consentimiento y cuestionó también la supuesta incautación que habría servido como antecedente para disponer posteriormente la entrega del rodado.
El fiscal solicitó formalmente una pericia caligráfica o grafotécnica para establecer científicamente si la firma estampada en el dictamen pertenece o no a su puño y letra.
La investigación penal quedó a cargo de la fiscala Carolina Quevedo Lailla, quien deberá reconstruir el recorrido documental del expediente e identificar a las personas que participaron en la elaboración, presentación y posterior utilización del dictamen cuestionado.
También se pretende determinar quiénes tuvieron acceso al sello utilizado en el documento.
Morales explicó que durante la época en que trabajaba en Concepción utilizaba diferentes sellos para las actuaciones administrativas y fiscales. Según su versión, uno permanecía habitualmente bajo su poder, mientras que otro se encontraba en dependencias utilizadas por funcionarios asistentes.
Tras su traslado a Pedro Juan Caballero, algunos de esos elementos habrían quedado en la dependencia fiscal.
El agente afirmó posteriormente haber recuperado antiguos sellos y pidió que estas circunstancias sean investigadas para establecer si alguno pudo ser utilizado irregularmente después de su salida de Concepción.
Pide investigar si existen más documentos con su nombre
La denuncia de Morales no se limita exclusivamente al dictamen relacionado con la Toyota Hilux.
El fiscal solicitó también una revisión de las actuaciones realizadas desde febrero de 2021 para determinar si su nombre, firma o sellos pudieron haber aparecido en otros documentos confeccionados después de su traslado.
Para ello planteó la realización de una auditoría sobre registros físicos e informáticos correspondientes a expedientes de la dependencia donde anteriormente prestaba servicios.
El objetivo es establecer si el documento detectado constituye un episodio aislado o si existen otras actuaciones atribuidas irregularmente al agente fiscal.
La investigación también podría requerir declaraciones de funcionarios que trabajaban en las dependencias fiscales y judiciales involucradas durante el periodo en que se produjo el supuesto dictamen.
Auditoría revela un escenario más amplio
El caso de Morales adquiere mayor relevancia porque paralelamente se desarrolla una auditoría sobre presuntas irregularidades en la entrega de vehículos como depositarios judiciales dentro de la Circunscripción Judicial de Concepción.
Los primeros informes hablaban de cinco expedientes sospechosos, pero la revisión posteriormente elevó a nueve la cantidad de casos bajo análisis.
El ministro superintendente de la Circunscripción Judicial de Concepción, Eugenio Jiménez Rolón, informó que los trabajos continúan y calificó como graves y llamativas las circunstancias detectadas hasta el momento.
La principal sospecha apunta a que vehículos, algunos de ellos presuntamente robados en Brasil, habrían sido introducidos dentro de expedientes judiciales para posteriormente ser entregados a determinadas personas mediante la figura del depósito judicial.
Las actuaciones están todavía bajo investigación, por lo que deberá determinarse individualmente el grado de participación, conocimiento o responsabilidad de cada una de las personas cuyos nombres aparecen en los documentos.
En este contexto, Morales sostiene precisamente que su aparición en uno de los expedientes no demuestra su intervención, ya que denuncia que tanto su firma como su sello fueron utilizados sin autorización.
Por ello, el resultado de la pericia grafotécnica solicitada podría convertirse en uno de los elementos centrales para establecer la autenticidad o falsedad del documento atribuido al fiscal.
Vehículos entregados a policías y agentes estatales
Las investigaciones sobre el supuesto esquema también examinan entregas de vehículos de alta gama a integrantes de organismos de seguridad.
Entre los casos analizados figuran rodados que habrían sido entregados como depositarios judiciales a efectivos policiales y otros funcionarios públicos.
La auditoría busca establecer si los expedientes que sustentaron esas entregas realmente existieron, si las incautaciones fueron efectivamente realizadas y si los documentos fiscales y judiciales utilizados fueron auténticos.
Uno de los casos que permitió poner bajo la lupa el sistema se conoció luego de un procedimiento policial relacionado con una camioneta Toyota Fortuner. Las verificaciones posteriores generaron sospechas sobre la documentación utilizada para respaldar legalmente la circulación del rodado y dieron lugar a una revisión más amplia de otros vehículos.
A partir de allí comenzaron a analizarse diferentes expedientes tramitados en Concepción.
La investigación deberá determinar ahora si efectivamente funcionó un mecanismo destinado a introducir vehículos de origen irregular dentro de causas judiciales y posteriormente entregarlos a terceros bajo la apariencia de una resolución legal.
Morales será trasladado a Horqueta
La denuncia se conoce prácticamente al mismo tiempo que una serie de cambios dispuestos por la Fiscalía General del Estado en unidades fiscales de Amambay y Concepción.
Mediante la Resolución F.G.E. N.º 3407, firmada el 8 de septiembre, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso varias reasignaciones que comenzarán a regir el próximo 15 de septiembre.
Entre ellas se encuentra el traslado de Celso René Morales Fernández desde Pedro Juan Caballero hasta Horqueta, Departamento de Concepción.
Morales asumirá allí como titular de la Unidad Penal Ordinaria N.º 1 y tendrá además funciones en las áreas Laboral, Niñez y Adolescencia, así como intervención en determinadas denuncias relacionadas con maltrato animal.
En su reemplazo en Pedro Juan Caballero fue designada la fiscala Sarita Bonzi García, quien dejará sus actuales funciones en Capitán Bado para ponerse al frente de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico N.º 1.
Hasta el momento no se han divulgado elementos que permitan establecer que la reasignación de Morales tenga relación directa con la denuncia presentada por la supuesta falsificación de su firma. Los cambios forman parte de una resolución que alcanza simultáneamente a varios agentes fiscales de las jurisdicciones de Amambay y Concepción.
El propio Morales manifestó que acatará la disposición de la Fiscalía General y asumirá las nuevas funciones que le fueron asignadas.
El agente fiscal cuenta con una extensa trayectoria en investigaciones relacionadas con narcotráfico y aseguró que, independientemente de su traslado, continuará acompañando las diligencias destinadas a esclarecer el supuesto uso irregular de su identidad funcional.
Investigación deberá determinar responsabilidades
La atención se concentra ahora en los resultados de las pericias sobre el dictamen atribuido a Morales y en la auditoría de los expedientes tramitados en Concepción.
La fiscala Carolina Quevedo deberá determinar si efectivamente la firma fue falsificada, establecer quién utilizó el sello y reconstruir cómo el documento llegó hasta el expediente judicial que derivó en la entrega de la camioneta.
Paralelamente, las investigaciones sobre los demás expedientes deberán establecer si las irregularidades detectadas responden a actuaciones aisladas o si existió una estructura organizada destinada a utilizar procedimientos judiciales para dar apariencia de legalidad a vehículos de procedencia irregular.
Por ahora, las personas mencionadas en las actuaciones se encuentran bajo investigación y la aparición de sus nombres en documentos o expedientes no constituye por sí sola una determinación de responsabilidad penal.
En el caso particular de Celso René Morales, será precisamente la investigación que él mismo promovió la que deberá establecer si, como sostiene, terceros falsificaron su firma y utilizaron sin autorización sus sellos oficiales para respaldar una actuación fiscal que niega haber realizado.
Hasta este jueves 10 de septiembre de 2026, no encontré información pública que confirme imputaciones o identificaciones de responsables por la falsificación denunciada por Morales; la investigación continúa.
