Críticas apuntan a declaraciones de una exestudiante de la Universidad Interamericana, quien tras abandonar la institución comenzó a cuestionar públicamente normas y procedimientos académicos. Especialistas señalan que la opinión personal no puede sustituir las competencias de los organismos que regulan la educación superior en Paraguay.
PEDRO JUAN CABALLERO.— Una creciente controversia en el ámbito académico se ha generado a raíz de las declaraciones de una exalumna de la Universidad Interamericana, quien después de dejar la institución y continuar sus estudios de Medicina en otra universidad comenzó a difundir cuestionamientos relacionados con normas, procedimientos y disposiciones de la educación superior paraguaya.
La situación ha despertado críticas debido al tono categórico de algunas de sus afirmaciones y a la manera en que determinadas interpretaciones personales son difundidas públicamente, generando la impresión de que se trataría de conclusiones oficiales sobre el funcionamiento de las instituciones universitarias del país.
Sin embargo, una cuestión fundamental debe ser aclarada: emitir una opinión, formular una crítica o realizar una interpretación jurídica no equivale a ejercer autoridad sobre el sistema educativo paraguayo.
¿OPINIÓN PERSONAL O POSICIÓN OFICIAL?
La exalumna es profesional del Derecho en Brasil y actualmente cursa Medicina en otra institución educativa. No obstante, no se conoce que represente a un organismo regulador de la educación superior paraguaya ni que ejerza una función pública que le otorgue atribuciones para dictar normas, emitir resoluciones o determinar oficialmente cómo deben aplicarse las disposiciones académicas en Paraguay.
Esto no limita su derecho a expresar opiniones o cuestionar a una universidad. Por el contrario, cualquier estudiante o exestudiante tiene derecho a plantear reclamos y hacer públicas sus experiencias.
El problema aparece cuando una interpretación individual es presentada ante estudiantes, familiares o la opinión pública con apariencia de una determinación institucional, especialmente cuando no está acompañada por resoluciones, dictámenes, expedientes o pronunciamientos de las autoridades competentes.
LAS NORMAS NO SE DETERMINAN EN REDES SOCIALES
La educación superior constituye un ámbito regulado por normas y organismos legalmente establecidos. Por ello, cualquier denuncia relacionada con la legalidad de una institución, sus carreras, procedimientos académicos o autorizaciones debe ser analizada a partir de documentación oficial y dentro de los procedimientos correspondientes.
Las redes sociales pueden servir como espacio para expresar inquietudes y reclamos, pero no sustituyen a las instituciones encargadas de fiscalizar y regular la educación superior.
Si una universidad incurre en una irregularidad, corresponde presentar las pruebas ante las autoridades competentes para que se realice la investigación respectiva. Si la acusación carece de respaldo documental, no debería ser presentada como una conclusión definitiva.
SER ABOGADA EN BRASIL NO OTORGA COMPETENCIA REGULATORIA EN PARAGUAY
Otro aspecto que ha generado debate es la utilización de la condición profesional de la exalumna como elemento para respaldar sus interpretaciones sobre la legislación paraguaya.
La formación jurídica puede aportar conocimientos valiosos para analizar normas y procedimientos, pero la profesión ejercida en un país no convierte automáticamente a una persona en autoridad administrativa de otro Estado.
En consecuencia, ser abogada en Brasil no implica tener facultades institucionales para determinar cómo debe funcionar el sistema paraguayo de educación superior.
De igual manera, haber estudiado en una universidad determinada tampoco otorga atribuciones para hablar en nombre de los organismos responsables de la regulación educativa.
CRÍTICAS A LA UNIVERSIDAD DEBEN SER RESPALDADAS
La Universidad Interamericana ha cuestionado algunas de las afirmaciones difundidas y sostiene que determinados señalamientos no tendrían correspondencia con los actos oficiales aplicables a la institución.
Ante esta situación, el debate debería trasladarse del terreno de las declaraciones al de la documentación.
Si existen pruebas de irregularidades, estas deben ser presentadas. Si existen resoluciones de organismos públicos que cuestionen determinadas actuaciones, corresponde identificarlas y hacerlas públicas. Y si existen procesos administrativos o judiciales, deben ser citados de manera precisa.
Ese es el camino que permite diferenciar una denuncia sustentada de una interpretación personal.
UNA DISCUSIÓN QUE EXIGE RESPONSABILIDAD
El hecho de que la exalumna haya optado por continuar su formación en otra institución no elimina su derecho a cuestionar o criticar a su antigua universidad.
Pero tampoco convierte automáticamente sus apreciaciones en conclusiones oficiales.
En una sociedad democrática, las instituciones educativas deben aceptar el escrutinio y responder a las denuncias legítimas. Del mismo modo, quienes realizan acusaciones públicas deben asumir la responsabilidad de demostrar aquello que afirman.
La educación superior involucra directamente el futuro profesional de miles de jóvenes y la confianza de sus familias. Por eso, la información difundida sobre universidades debe ser precisa, verificable y diferenciada claramente entre hechos comprobados, opiniones y acusaciones en proceso de investigación.
AUTORIDAD Y OPINIÓN NO SON LO MISMO
La controversia deja finalmente una cuestión que debería ser comprendida por estudiantes y familias: tener una opinión jurídica o académica no significa tener autoridad institucional.
Las normas pueden ser cuestionadas, interpretadas y debatidas, pero su aplicación administrativa corresponde a los organismos legalmente competentes y, en última instancia, a las autoridades judiciales cuando corresponda.
Por ello, cualquier afirmación sobre la supuesta ilegalidad o irregularidad de una institución universitaria debería ser contrastada con las fuentes oficiales antes de ser asumida como verdadera.
En tiempos en que las redes sociales permiten que una declaración alcance a miles de personas en cuestión de minutos, la responsabilidad resulta todavía mayor.
Criticar es un derecho. Denunciar también. Pero presentar una interpretación personal como si fuera una decisión oficial es una cuestión completamente diferente.
