El Colegio de Abogados del Paraguay (CAP) elevó el tono y reclamó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la cancelación inmediata de la matrícula profesional del senador colorado Hernán David Rivas Román, en medio de la controversia generada tras su reciente sobreseimiento en la causa por presunto uso de título falso.
A través de un comunicado, el gremio advirtió que el caso representa una “grave amenaza” al principio de igualdad ante la ley y cuestionó con dureza la resolución judicial que benefició al legislador.
“Este Colegio insta al pleno de la Corte Suprema de Justicia a que, en ejercicio de sus facultades legales, proceda de manera inmediata a la cancelación de la matrícula profesional del señor Hernán David Rivas Román”, señala el pronunciamiento.
El CAP remarcó además la gravedad institucional del caso, al tratarse de un parlamentario en funciones que incluso integró el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), órgano clave en el control de jueces y fiscales. En ese sentido, sostuvo que quienes ocupan ese tipo de cargos deben cumplir estándares éticos que exceden los requisitos formales.
“La alta responsabilidad que implica integrar dicho órgano exige una irreprochabilidad pública incuestionable”, enfatiza el documento.
Si bien el gremio aclaró que no le corresponde determinar responsabilidades penales —atribución exclusiva del Poder Judicial—, cuestionó con firmeza el fallo emitido el 30 de marzo de 2026 por un Tribunal de Apelación en lo Penal de la Capital, que dispuso el sobreseimiento definitivo del legislador.
Según el CAP, la resolución presenta “inconsistencias argumentativas de tal magnitud” que impiden considerarla como el resultado de un razonamiento jurídico sólido y sereno.
La preocupación institucional se profundiza, además, ante denuncias de presuntas presiones o amenazas contra agentes fiscales que intervinieron en la causa, con el objetivo de frenar o desalentar una eventual revisión del fallo por parte de la Corte.
“El CAP repudia enérgicamente cualquier forma de intimidación contra operadores de justicia y reafirma que la independencia del Ministerio Público es un pilar esencial del Estado de Derecho”, sostiene el comunicado.
En ese contexto, el gremio expresó su expectativa de que la Corte Suprema analice el caso con rigor y corrija las falencias señaladas, en defensa de la legalidad y la institucionalidad.
Finalmente, el Colegio de Abogados subrayó que la ciudadanía exige igualdad ante la ley, sin privilegios derivados del poder político.
“La sociedad paraguaya tiene derecho a que sus instituciones no claudiquen ante el poder ni ante la amenaza, y a que la ley sea aplicada sin distinción de cargos o investiduras”, concluye el pronunciamiento.
El trasfondo del caso se remonta a la decisión de la Cámara de Apelaciones, que resolvió sobreseer al senador al considerar prescripto el hecho punible relacionado con la supuesta producción de documentos públicos de contenido falso, cerrando así la posibilidad de un juzgamiento penal
