Desde hace ya demasiado tiempo, la Policía Nacional del Paraguay arrastra un grave déficit en uno de los pilares fundamentales de cualquier institución pública: la comunicación con la ciudadanía. A pesar del avance tecnológico y de la creciente necesidad de respuestas rápidas y eficaces, la Policía sigue operando bajo un sistema de atención telefónica obsoleto, ineficaz y, en muchos casos, totalmente inoperante.
Es una realidad conocida por todos que los números de teléfono fijo asignados a las comisarías, unidades especializadas y oficinas administrativas simplemente no funcionan. Nadie los atiende, o bien están fuera de servicio. La situación se agravó aún más con la caída del servicio de COPACO, la empresa nacional de telecomunicaciones, dejando a buena parte de las reparticiones policiales literalmente incomunicadas con la ciudadanía.
En un contexto donde los delitos se vuelven más complejos, y donde la inmediatez puede salvar vidas, la Policía Nacional no puede seguir operando como si estuviéramos en los años 90. La ciudadanía necesita —y exige— canales de comunicación eficientes para realizar denuncias, pedir auxilio, reportar hechos sospechosos o simplemente acceder a información útil. Lamentablemente, hoy por hoy, muchas personas terminan acudiendo a los medios de comunicación para obtener una respuesta, porque en la Policía no hay nadie que escuche del otro lado de la línea.
Este colapso del sistema de atención telefónica no solo refleja una desconexión institucional, sino que también deja al desnudo una preocupante indiferencia por parte de quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad ciudadana. Mientras patrulleras nuevas circulan por las calles —a menudo sin mayor propósito que pasearse o estorbar el tránsito— la ciudadanía se encuentra sola cuando más necesita asistencia.
No se trata solo de responder llamados. Se trata de generar confianza, de estar presentes, de ofrecer respuestas y soluciones rápidas. En muchas comisarías ni siquiera se cuenta con una línea habilitada y actualizada, y si la hay, no se contesta. Las oficinas están llenas de personal, pero vacías de voluntad para brindar atención efectiva al pueblo que dicen proteger.
Desde la comandancia de la Policía Nacional debe tomarse esta falencia con la urgencia que merece. Es imprescindible una reforma profunda del sistema de comunicación institucional. La ciudadanía necesita líneas activas, números móviles disponibles las 24 horas, atención por mensajería instantánea y personal capacitado para atender los requerimientos con profesionalismo.
De nada sirve una estructura policial grande y dispersa, si ninguna de sus partes puede ser contactada cuando realmente se la necesita. La modernización no debe ser solo estética o de equipamientos; debe empezar por lo esencial: la capacidad de escuchar y atender al ciudadano. La seguridad comienza con la comunicación. Y hoy, esa comunicación está rota.
A esto se suma el uso exclusivo y centralizado del sistema 911 como canal de atención, que lejos de agilizar la respuesta, muchas veces termina generando más frustración. Quienes llaman en busca de ayuda urgente se enfrentan a operadores que realizan largas rondas de preguntas burocráticas, a menudo sin conocimiento básico de la geografía nacional, lo que retrasa la acción policial en situaciones críticas. Esta desconexión entre el centro de llamadas y la realidad local solo provoca descontento en la población y una pérdida de confianza en el sistema. Centralizar todo en un solo número no tiene sentido si eso implica desatender a la ciudadanía en los momentos donde más necesita ser escuchada y auxiliada.
