El caso del exjuez de Paz de Ybycuí, Francisco Goiburú, continúa sin una definición judicial pese a las graves acusaciones que pesan en su contra.

Procesado por presunto prevaricato y advertido durante el juicio oral sobre la eventual configuración del hecho punible de extorsión, el magistrado sigue sin una sentencia firme, mientras una serie de recusaciones mantiene paralizado el proceso desde hace varios meses.

La causa se encuentra actualmente en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que debe resolver una recusación planteada contra integrantes del Tribunal de Apelación. Recién esta semana se conformó la sala encargada de estudiar el expediente, con el ministro Alberto Martínez Simón como preopinante, acompañado por sus colegas Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera.

La integración se produjo luego de la inhibición del ministro Manuel Ramírez Candia, debido a que su esposa, la jueza Yolanda Morel, integra el Tribunal de Sentencia que lleva adelante el juicio.

Goiburú fue acusado y llevado a juicio oral por presunto prevaricato ante un Tribunal Especializado en Delitos Económicos conformado por las juezas Ana Rodríguez, Yolanda Morel y Karina Cáceres. El juicio se inició en octubre de 2025, pero durante el desarrollo de las audiencias surgieron elementos que llevaron al tribunal a advertir a los acusados sobre la posible existencia de hechos que podrían derivar en una investigación por presunta extorsión.

Junto al exjuez también enfrentan proceso Julio César Martínez Isasi y Reinaldo Rubén Benítez, acusados por los hechos punibles de apropiación y prevaricato, este último en calidad de cómplices.

La paralización del juicio se produjo luego de que Martínez Isasi recusara a la totalidad del Tribunal de Sentencia alegando supuesta parcialidad. Posteriormente, presentó recusaciones contra las camaristas Silvana Luraghi y Claudia Criscioni, quienes debían resolver dicha impugnación. Como consecuencia, el proceso quedó suspendido hasta que la Corte Suprema se pronuncie sobre estas incidencias.

Uno de los aspectos más cuestionados es la demora en la tramitación de estas recusaciones. La impugnación contra las camaristas fue presentada en noviembre de 2025 y recién ahora, varios meses después, la Sala Penal quedó integrada para analizar el caso.

Mientras tanto, Goiburú continúa ejerciendo funciones judiciales. La situación generó críticas dentro del ámbito jurídico debido a que, pese a haber sido desaforado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), no fue suspendido en el cargo.

Incluso, semanas atrás, el magistrado protagonizó una maniobra que le permitió prolongar su permanencia en funciones. Cuando la Corte Suprema debía analizar una terna de candidatos para la designación del cargo que ocupa, y en la que figuraba buscando su confirmación, presentó su renuncia a la postulación. La decisión impidió que los ministros estudiaran la terna en ese momento e incluso evaluaran devolverla al Consejo de la Magistratura para su recomposición.

Con esta situación, el exjuez continúa en funciones mientras el proceso judicial permanece estancado por cuestiones incidentales aún no resueltas.

Un escenario similar se observa en el caso de la jueza de Pedro Juan Caballero, Librada Peralta, quien también fue desaforada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Sin embargo, el órgano resolvió no solicitar a la Corte Suprema su suspensión preventiva. La magistrada fue imputada por presuntamente haber presentado documentos falsificados ante el Consejo de la Magistratura con el objetivo de aumentar su puntaje en concursos para cargos judiciales.

Fuente: El Observador.