En el corazón del XIII Departamento de la República, en la Circunscripción Judicial de Amambay, la justicia parece haber dejado de ser un templo de honor para convertirse, según la percepción ciudadana, en un escenario dominado por la corrupción, la impunidad y el descrédito institucional.
Lo más alarmante no es solamente la existencia de magistrados investigados, procesados, acusados o sumariados. Lo verdaderamente indignante es observar cómo quienes deberían encarnar la moral pública terminan siendo señalados por prácticas propias del mundo criminal que supuestamente combaten.
Cada mañana, hombres y mujeres abandonan sus hogares revestidos de autoridad, elegancia y solemnidad judicial. Se presentan ante la sociedad como respetables magistrados, guardianes de la ley y custodios de la justicia. Sin embargo, detrás de las paredes del tristemente célebre Palacio de Justicia —al que muchos ciudadanos ya denominan sin temor “el Palacio de la Corrupción”— emergen conductas que contradicen completamente la investidura que ostentan.
Y aunque existen jueces y juezas honorables, funcionarios que aún ejercen con dignidad, honestidad y profundo respeto hacia la sociedad paraguaya, la sombra de la corrupción termina opacando el sacrificio de quienes sí cumplen su deber con hidalguía.
Resulta particularmente doloroso observar cómo algunos magistrados, hombres y mujeres por igual, pasan de ser figuras públicas admiradas a protagonistas de escándalos judiciales, investigaciones internas y acusaciones que destruyen la credibilidad del sistema entero. Lo más grave no es únicamente la sospecha; es la descarada permanencia en funciones de quienes, pese a estar bajo cuestionamiento, continúan administrando justicia como si nada ocurriera.
Cuando las papas queman, muchos encuentran refugio bajo el cómodo manto de la jubilación precoz. Un mecanismo que para gran parte de la ciudadanía termina funcionando más como escape estratégico que como retiro honorable.
La situación se vuelve aún más absurda cuando magistrados cuestionados terminan juzgando a colegas igualmente investigados. Una escena que parece resumirse en la amarga expresión popular: “el sucio juzgando al mal lavado”.
Pero la crisis no se limita exclusivamente al Poder Judicial. El Ministerio Público también aparece constantemente envuelto en denuncias, sospechas y actuaciones que alimentan la percepción de una competencia de corrupción y caradurez sin precedentes.
Y mientras tanto, las víctimas esperan.
Esperan justicia quienes fueron vulnerados en sus derechos más legítimos. Esperan respuestas aquellos cuyas vidas quedaron marcadas para siempre por hechos criminales, abusos o atropellos. Espera el pueblo paraguayo, cansado de discursos vacíos y de autoridades que parecen burlarse del sufrimiento ciudadano con sonrisas irónicas y actitudes soberbias.
La indignación social no nace del odio. Nace del desencanto. Del dolor de ver cómo instituciones que deberían inspirar respeto terminan generando desconfianza, repudio y vergüenza.
Paraguay es una tierra regada demasiadas veces con la sangre de sus hijos para defender la soberanía, la dignidad y la libertad del pueblo. Por eso duele aún más contemplar cómo ciertos sectores encargados de aplicar la justicia parecen haberse apartado completamente de los valores que juraron defender.
«La ciudadanía no exige milagros. Exige decencia.»
«Porque cuando la delincuencia termina juzgando a la delincuencia, la justicia deja de ser justicia y se transforma en una peligrosa caricatura del poder.»
