Asunción, 4 de noviembre de 2026. La crisis financiera e institucional generada por el cierre de ueno bank continúa provocando importantes repercusiones en las principales autoridades económicas del Paraguay. Este miércoles, Marco Aurelio González presentó su renuncia como miembro titular del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), en medio de los cuestionamientos sobre los mecanismos de supervisión y control aplicados a la entidad bancaria.
La dimisión fue comunicada mediante una breve nota dirigida al presidente de la República, Santiago Peña, y se produjo después de la salida de Carlos Carvallo, quien también abandonó la presidencia del Banco Central tras conocerse la delicada situación financiera de ueno bank.
La renuncia de González representa un nuevo golpe para la conducción de la banca matriz, una institución fundamental para la estabilidad monetaria y financiera del país. Las salidas de sus autoridades ocurren en un momento especialmente sensible, cuando el organismo debe administrar las consecuencias del cierre de una entidad bancaria, garantizar la protección de los depositantes y colaborar con las investigaciones judiciales.
Una cadena de renuncias que profundiza la crisis institucional
La salida de Marco Aurelio González no constituye un hecho aislado. Se suma a las renuncias de otras autoridades del Banco Central, entre ellas Carlos Carvallo y Carmen Marín, en medio de crecientes cuestionamientos sobre la actuación del organismo regulador.
Carvallo, quien había asumido la presidencia del BCP en agosto de 2023, también quedó en el centro de las críticas debido a su anterior vinculación profesional con Financiera Ueno, institución que había presidido antes de llegar a la banca matriz.
Tras su renuncia, Liana Caballero asumió interinamente la presidencia del Banco Central, con la responsabilidad de conducir la institución durante uno de los momentos más complejos de su administración reciente.
La salida de varios integrantes del Directorio plantea dificultades para el funcionamiento regular del organismo, debido a los requisitos legales de integración y quórum necesarios para adoptar determinadas decisiones.
En consecuencia, el Gobierno enfrenta el desafío de recomponer la conducción del Banco Central en medio de una crisis que exige respuestas rápidas, transparencia y coordinación institucional.
El deterioro financiero de ueno bank que desencadenó el escándalo
El origen inmediato de la crisis se encuentra en la resolución adoptada por el Directorio del Banco Central el 2 de noviembre de 2026, mediante la cual se dispuso iniciar el procedimiento de resolución de ueno bank.
La medida fue comunicada públicamente durante la madrugada del martes 3 de noviembre, después de que las autoridades regulatorias identificaran problemas graves en los indicadores financieros de la entidad.
Según los datos comunicados, el índice de solvencia del banco se encontraba por debajo del 50% del mínimo requerido legalmente, como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización.
El índice de solvencia es uno de los indicadores más importantes para determinar la capacidad de un banco de respaldar sus operaciones, absorber pérdidas y responder a las obligaciones asumidas con sus clientes y acreedores.
Cuando este indicador cae por debajo de los niveles mínimos exigidos, las autoridades regulatorias pueden intervenir mediante mecanismos especiales destinados a impedir que el deterioro financiero produzca consecuencias mayores.
En el caso de ueno bank, el Banco Central resolvió activar el procedimiento previsto en la legislación paraguaya para atender la situación de manera ordenada y proteger los intereses de los depositantes.
Sin embargo, la decisión provocó fuertes repercusiones políticas, económicas y judiciales, especialmente por los interrogantes relacionados con la supervisión de la institución antes de llegar a esta situación.
Investigación penal: ocho directivos detenidos y millonario embargo
La crisis también llegó al ámbito judicial después de que el Banco Central presentara una denuncia ante el Ministerio Público por presuntas irregularidades relacionadas con la administración de ueno bank.
Como parte de las investigaciones, la Fiscalía solicitó la detención de ocho personas vinculadas con la conducción de la entidad bancaria.
Entre los detenidos figuran Miguel Vázquez Villasanti, Juan Manuel Gustale Cardoni, Diana Leticia Mongelós González, Mariana Isabel Torres Rubiani, Julio Daniel Rey Fernández, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada Frutos.
Los investigadores buscan esclarecer las circunstancias que provocaron el deterioro financiero de la institución, determinar si existieron operaciones irregulares y establecer las eventuales responsabilidades de sus administradores.
La investigación también comprende el análisis de documentos, operaciones financieras, registros contables y otras informaciones que podrían resultar relevantes para reconstruir la situación patrimonial del banco.
Es importante señalar que las detenciones y las investigaciones en curso no constituyen una declaración de culpabilidad. La responsabilidad penal de los involucrados deberá determinarse mediante el correspondiente proceso judicial.
Paralelamente, el juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Walter Mendoza dispuso un embargo preventivo sobre bienes de representantes del grupo Vázquez y de ueno bank, hasta cubrir la suma de USD 70 millones.
La medida fue solicitada por el Banco Central con el propósito de preservar bienes y recursos que eventualmente podrían resultar necesarios para responder por obligaciones derivadas del procedimiento.
Preocupación entre los ahorristas por el futuro de sus depósitos
Uno de los aspectos más sensibles de la crisis está relacionado con la situación de las personas y empresas que mantenían dinero depositado en ueno bank.
El cierre de una institución financiera puede generar dificultades inmediatas para clientes que utilizan sus cuentas para recibir salarios, administrar ahorros, pagar proveedores o realizar operaciones comerciales.
En Paraguay existe un Fondo de Garantía de Depósitos, establecido para proteger los recursos de los clientes de entidades financieras comprendidas en el régimen.
Este mecanismo contempla una cobertura máxima equivalente a 75 salarios mínimos mensuales por depositante y por entidad bancaria, conforme a las condiciones previstas en la legislación.
Sin embargo, la devolución de los fondos debe realizarse mediante los procedimientos correspondientes y puede requerir diferentes etapas de verificación, clasificación y pago.
Por ese motivo, resulta fundamental que los clientes afectados reciban información clara sobre los mecanismos de recuperación de sus depósitos, los montos cubiertos y los plazos establecidos oficialmente.
La incertidumbre también afecta a empresas y comercios que dependen de sus cuentas bancarias para cumplir compromisos laborales y comerciales.
El Gobierno enfrenta cuestionamientos sobre los controles financieros
La sucesión de renuncias en el Banco Central coloca al Gobierno del presidente Santiago Peña ante un escenario institucional delicado.
El Ejecutivo deberá impulsar la recomposición del Directorio y garantizar que el organismo cuente con las autoridades necesarias para continuar ejerciendo sus funciones regulatorias.
Al mismo tiempo, el caso reabre el debate sobre la eficacia de los mecanismos de supervisión bancaria y la capacidad de los organismos competentes para identificar oportunamente situaciones de riesgo.
Una de las principales interrogantes que surgen del escándalo es cómo una entidad financiera pudo alcanzar semejante deterioro en sus indicadores de solvencia y qué medidas de control se habían aplicado previamente.
Estas cuestiones adquieren especial importancia debido a que el sistema bancario depende, en gran medida, de la confianza de sus clientes en la capacidad de las instituciones para administrar adecuadamente los recursos depositados.
Aunque las renuncias representan consecuencias institucionales significativas, no demuestran por sí mismas la existencia de responsabilidades administrativas o penales de las autoridades salientes.
Determinar si hubo omisiones, negligencia o irregularidades requerirá investigaciones específicas y la evaluación de las actuaciones desarrolladas por los organismos de control.
La estabilidad del sistema financiero, entre las principales prioridades
Pese a la gravedad del caso, es importante diferenciar los problemas de solvencia de una entidad bancaria de la situación general del sistema financiero paraguayo.
El procedimiento de resolución busca precisamente reducir los riesgos de contagio y evitar que las dificultades de una institución provoquen consecuencias desproporcionadas sobre otras entidades.
En este contexto, la comunicación transparente del Banco Central y la actuación coordinada de las autoridades económicas serán factores esenciales para preservar la confianza pública.
También será importante garantizar que los depositantes conozcan sus derechos y puedan acceder a los mecanismos de protección establecidos legalmente.
La recuperación de la credibilidad institucional dependerá de la capacidad de las autoridades para explicar las circunstancias del caso, establecer responsabilidades cuando corresponda y demostrar que existen controles eficaces para prevenir situaciones similares.
Una crisis que todavía está lejos de terminar
La renuncia de Marco Aurelio González marca un nuevo capítulo en el escándalo financiero de ueno bank, que en apenas unos días pasó de ser una situación de deterioro patrimonial a convertirse en una crisis con consecuencias institucionales, judiciales y económicas.
Con altas autoridades del Banco Central fuera de sus cargos, ocho directivos detenidos, bienes embargados por millones de dólares y numerosos depositantes pendientes del futuro de sus ahorros, el caso continúa generando incertidumbre.
La atención se concentra ahora en las próximas decisiones del Gobierno, el avance de las investigaciones del Ministerio Público y la ejecución de los mecanismos destinados a proteger a los clientes afectados.
Lo ocurrido con ueno bank no solamente plantea interrogantes sobre la administración de una institución financiera, sino también sobre la eficacia de los controles, la transparencia de los organismos reguladores y la responsabilidad de quienes tienen a su cargo la protección de la estabilidad bancaria del Paraguay.
La crisis representa una prueba importante para las instituciones económicas del país, cuyo principal desafío será restablecer la confianza de la ciudadanía y garantizar que las investigaciones permitan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.