El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Ramírez Candia, planteó investigar los antecedentes académicos de funcionarios judiciales egresados de universidades cuestionadas. El máximo tribunal avanza con un relevamiento de títulos profesionales para determinar si existen casos que requieran una revisión más profunda.
La formación académica de funcionarios del Poder Judicial quedó bajo análisis luego de que el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Ramírez Candia, planteara la necesidad de investigar los títulos profesionales de funcionarios que egresaron de universidades consideradas bajo sospecha.
Ramírez Candia manifestó que la revisión debe abarcar los antecedentes académicos de aquellos funcionarios cuyos títulos podrían presentar inconsistencias, particularmente ante informaciones sobre carreras de Derecho que supuestamente habrían sido culminadas en apenas tres años.
“Hay títulos que se expiden a los tres años, lo cual no es correcto. Generalmente tiene que ser cinco años”, sostuvo el ministro en declaraciones al medio El Observador, luego de la inauguración de la nueva sede de los juzgados de Fernando de la Mora.
El magistrado señaló que corresponde a la propia Corte Suprema analizar la situación debido a que los profesionales cuestionados forman parte de la estructura del Poder Judicial. En ese sentido, adelantó que propondría a sus colegas la apertura de una investigación formal.
“Investigar hace nuestra responsabilidad, a la imagen del Poder Judicial”, afirmó Ramírez Candia, al remarcar la necesidad de esclarecer cualquier eventual irregularidad que pueda afectar a la institución.
El planteamiento se produce en un contexto de creciente atención sobre los títulos universitarios de profesionales que ocupan cargos públicos y funciones dentro del sistema de justicia. En particular, la Universidad Sudamericana quedó bajo revisión a raíz de distintos cuestionamientos relacionados con títulos de Derecho.
La Corte Suprema ya solicitó a su Dirección General de Recursos Humanos un informe para determinar cuántos funcionarios judiciales cuentan con títulos de abogado expedidos por dicha universidad. El objetivo inicial es contar con un registro completo de los funcionarios involucrados y sus respectivos antecedentes académicos.
Una vez obtenido el informe, la máxima instancia judicial podrá determinar si corresponde realizar verificaciones adicionales sobre los documentos presentados, los años de formación, los planes de estudio y demás requisitos académicos exigidos para la obtención del título profesional.
El análisis también se encuentra relacionado con el caso del exsenador Hernán Rivas, quien obtuvo su título de abogado en la Universidad Sudamericana y posteriormente fue condenado por la Justicia por la falsificación de su título profesional. El caso generó cuestionamientos sobre los mecanismos de control y verificación de documentos académicos utilizados para acceder a cargos públicos.
Sin embargo, desde el punto de vista institucional, la pertenencia de un funcionario a una determinada universidad no constituye por sí sola una prueba de irregularidad. Cada caso deberá ser analizado individualmente y cualquier eventual responsabilidad tendrá que establecerse mediante una investigación y las correspondientes pruebas documentales.
La revisión impulsada dentro de la Corte Suprema busca, en una primera etapa, establecer cuántos funcionarios poseen títulos provenientes de la institución señalada y verificar la documentación que respalda su formación profesional.
De confirmarse alguna inconsistencia, corresponderá determinar las medidas administrativas o legales pertinentes conforme a las normas vigentes.
La iniciativa de Ramírez Candia vuelve a colocar en el centro del debate la necesidad de fortalecer los controles sobre los títulos profesionales de quienes ejercen funciones dentro del Poder Judicial, especialmente en un momento en que la legitimidad y la transparencia de las instituciones encargadas de administrar justicia son objeto de especial atención.
Con el relevamiento solicitado a Recursos Humanos, la Corte Suprema tendrá ahora la posibilidad de conocer con precisión el alcance de la situación y, sobre la base de esa información, definir los pasos que correspondan en cada caso.
