Un Tribunal de Sentencia del Paraguay condenó a tres acusados por la violenta ejecución ocurrida en octubre de 2021. Entre las víctimas se encontraba Haylee Carolina Acevedo Yunis, hija del exgobernador de Amambay, Ronald Acevedo. El ataque fue atribuido a una disputa por el control territorial del narcotráfico en la frontera.
PEDRO JUAN CABALLERO. La Justicia paraguaya impuso penas de hasta 40 años de privación de libertad, incluyendo medidas de seguridad, contra tres hombres considerados responsables de participar en la sangrienta masacre registrada en octubre de 2021 en Pedro Juan Caballero, uno de los episodios criminales que mayor conmoción generó en la ciudad fronteriza.
La sentencia fue dictada por un Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Federico Rojas, Dina Marchuk y María Luz Martínez, que declaró la responsabilidad de los acusados por los crimenes de homicidio doloso calificado, posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Públicas y asociación criminal.
El atentado dejó cuatro personas muertas: Haylee Carolina Acevedo Yunis, hija del entonces exgobernador de Amambay, Ronald Acevedo; Osmar Vicente Álvarez, conocido como “Bebeto”, señalado como el principal objetivo del ataque; además de Kaline Reinoso de Oliveira y Rhannye Jamilly Borges de Oliveira.
Según los antecedentes analizados durante el juicio, el ataque se produjo en el marco de una violenta disputa por el control territorial y las rutas del narcotráfico en la región de frontera.
Una estructura criminal detrás del ataque
En la fundamentación de la sentencia, el presidente del Tribunal, Federico Rojas, destacó que los condenados formaban parte de una estructura con características propias del crimen organizado y que actuaban, de acuerdo con la acusación, bajo el mando de Marcio Sánchez, alias “Aguacate”.
El caso expuso la existencia de una guerra criminal por el dominio de territorios estratégicos en la frontera entre las organizaciones vinculadas a “Aguacate” y al grupo encabezado por Osmar Vicente Álvarez, “Bebeto”.
Uno de los elementos considerados determinantes por el Tribunal fueron las pruebas periciales y balísticas. De acuerdo con la fundamentación, los estudios realizados permitieron establecer vínculos entre armas incautadas durante procedimientos desarrollados en octubre de 2021 y las utilizadas en la ejecución de las cuatro víctimas.
Para los magistrados, el conjunto de pruebas permitió reconstruir la participación de los acusados y acreditar la existencia de una organización criminal que contaba con recursos, vehículos y armamento para ejecutar acciones violentas.
“Extrema violencia” en la ejecución
El Tribunal también resaltó las circunstancias de extrema violencia en que se produjo la masacre.
Según la reconstrucción de los hechos presentada durante el proceso judicial, las víctimas fueron perseguidas por los atacantes y recibieron numerosos disparos. La acusación sostuvo que los agresores continuaron efectuando disparos cuando algunas de las víctimas ya se encontraban en el suelo, sin posibilidad de defenderse.
La extrema brutalidad del ataque y los elementos probatorios incorporados durante el juicio fueron aspectos centrales para la calificación de los hechos y la aplicación de las penas.
La masacre provocó una profunda conmoción tanto en Pedro Juan Caballero como en todo el país, debido a la violencia empleada y a la muerte de jóvenes que se encontraban en el lugar cuando se produjo el atentado cuyo principal blanco, según la investigación, era “Bebeto”.
Penas de hasta 40 años
El Tribunal de Sentencia hizo lugar a los planteamientos del Ministerio Público y dictó las siguientes condenas:
- Julio César Centurión Cantaluppi: 30 años de prisión, más 10 años de medidas de seguridad, totalizando 40 años.
- Diego Alexis Vázquez: 30 años de prisión, más 10 años de medidas de seguridad, alcanzando una pena total de 40 años.
- Derlis Javier López Arce: 23 años de prisión, más 6 años de medidas de seguridad, con una sanción total de 29 años.
Además de las condenas privativas de libertad, los magistrados dispusieron el comiso de los vehículos utilizados por la estructura criminal en la ejecución del atentado, así como la destrucción de las armas, municiones y demás elementos incautados durante los procedimientos vinculados al caso.
Un fallo contra la impunidad
La condena representa un importante avance judicial en la investigación de una de las masacres más impactantes registradas en la frontera paraguayo-brasileña en los últimos años.
El fallo pone nuevamente en evidencia la dimensión de la violencia generada por las disputas entre organizaciones dedicadas al narcotráfico en Pedro Juan Caballero y otras zonas fronterizas, donde el control de territorios y rutas clandestinas ha derivado históricamente en atentados, ejecuciones y enfrentamientos entre grupos criminales.
Con esta sentencia, la Justicia determinó la responsabilidad penal de tres de los involucrados en el ataque que, en octubre de 2021, terminó con la vida de cuatro personas y dejó una de las páginas más trágicas y violentas en la historia reciente de Pedro Juan Caballero.
