BRUSELAS. La Comisión Europea propuso este lunes avanzar en la apertura de negociaciones para establecer nuevos acuerdos de cooperación entre Eurojust, la agencia de la Unión Europea encargada de coordinar investigaciones y procesos judiciales de carácter transnacional, y ocho países externos al bloque, entre ellos seis naciones latinoamericanas.
La iniciativa contempla a Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Perú, además de Canadá y los Emiratos Árabes Unidos, y tiene como principal objetivo fortalecer la capacidad de las autoridades judiciales para enfrentar organizaciones criminales que operan simultáneamente en diferentes países.
La propuesta forma parte de una estrategia europea destinada a profundizar la cooperación internacional frente al crecimiento y la sofisticación de delitos transnacionales, especialmente el tráfico internacional de drogas, el lavado de dinero, la ciberdelincuencia y otras formas de delincuencia organizada grave.
Mayor coordinación entre fiscales y autoridades judiciales
De concretarse los acuerdos, Eurojust podrá establecer mecanismos más amplios de intercambio de información operativa con las autoridades de los países involucrados, además de facilitar la coordinación de investigaciones que tengan ramificaciones tanto en Europa como en América Latina.
Uno de los principales objetivos es reducir las dificultades que actualmente enfrentan fiscales e investigadores cuando una misma estructura criminal opera en distintas jurisdicciones, utiliza empresas o cuentas bancarias en varios países o moviliza drogas, dinero y otros activos a través de diferentes continentes.
Los acuerdos también permitirían reforzar las investigaciones conjuntas entre autoridades de los Estados miembros de la Unión Europea y los países asociados, agilizando la comunicación entre fiscales, jueces y organismos encargados de perseguir delitos complejos.
Eurojust desempeña precisamente ese papel de coordinación en casos donde diferentes sistemas judiciales deben actuar sobre una misma organización delictiva. La agencia puede ayudar a determinar qué país está en mejores condiciones de procesar determinados hechos, organizar encuentros entre fiscales y coordinar actuaciones simultáneas para evitar que una investigación en un territorio perjudique procedimientos abiertos en otro.
El crimen organizado supera cada vez más las fronteras
La Comisión Europea sostiene que las organizaciones criminales han incrementado su capacidad para operar internacionalmente mediante nuevas tecnologías, sistemas financieros complejos y estructuras empresariales que dificultan el seguimiento del dinero y de sus integrantes.
La vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen, advirtió que los grupos delictivos aprovechan las fronteras y las herramientas tecnológicas para intentar evadir a las autoridades.
Según la funcionaria europea, incrementar la cantidad de países capaces de colaborar directamente permitirá reducir el margen de maniobra de las organizaciones criminales y aumentar las posibilidades de identificar, localizar y procesar judicialmente a sus responsables.
El énfasis puesto sobre América Latina responde también a la dimensión internacional que adquirieron estructuras vinculadas al narcotráfico, el lavado de activos, delitos financieros y ciberdelitos, cuyas investigaciones frecuentemente involucran movimientos de dinero, personas o mercancías entre el continente americano y Europa.
Información operativa y protección de datos
Uno de los aspectos centrales de estos acuerdos sería la posibilidad de intercambiar información relacionada directamente con investigaciones criminales.
Esta cooperación puede resultar fundamental cuando fiscales europeos necesitan información localizada en otro país o cuando autoridades latinoamericanas investigan estructuras con conexiones, propiedades, cuentas bancarias, empresas o miembros establecidos en territorio europeo.
Sin embargo, este tipo de intercambio debe realizarse bajo estrictas garantías relacionadas con la protección de datos personales, la privacidad y los derechos fundamentales.
Los acuerdos internacionales de cooperación judicial de Eurojust contemplan mecanismos jurídicos específicos destinados a determinar qué información puede ser compartida, quién puede acceder a ella y bajo qué condiciones puede ser utilizada dentro de una investigación penal.
Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Perú
Los seis países latinoamericanos incluidos en esta nueva iniciativa europea ya mantienen distintos niveles de cooperación judicial internacional, pero la intención es avanzar hacia un marco jurídico que permita una colaboración más profunda y sistemática con Eurojust.
La eventual entrada en vigor de estos acuerdos podría facilitar procedimientos relacionados con organizaciones delictivas que operen simultáneamente en Latinoamérica y Europa, especialmente cuando sea necesario coordinar allanamientos, detenciones, investigaciones financieras o recopilación de pruebas en diferentes jurisdicciones.
También podrían favorecerse los equipos conjuntos de investigación, herramientas que permiten que autoridades de varios países trabajen coordinadamente durante un mismo procedimiento.
Este mecanismo resulta especialmente relevante para investigaciones sobre narcotráfico internacional y lavado de dinero, donde las operaciones suelen involucrar múltiples países: desde territorios de producción y tránsito de drogas hasta países donde finalmente son distribuidas las sustancias o blanqueadas las ganancias obtenidas ilegalmente.
Eurojust ya coopera con otros países fuera de la Unión Europea
Actualmente, Eurojust mantiene acuerdos de cooperación con Armenia, Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Islandia, Líbano, Liechtenstein, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Noruega, Serbia, Suiza, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos.
Estos mecanismos permiten desarrollar una cooperación judicial más directa entre los respectivos países y las autoridades de los Estados miembros de la Unión Europea.
Paralelamente, existen procesos destinados a ampliar la red de cooperación internacional de la agencia hacia otras regiones.
La Comisión Europea cuenta además con autorización para avanzar en negociaciones de cooperación con Argelia, Argentina, Brasil, Colombia, Egipto, Israel, Jordania, Marruecos, Túnez y Turquía.
La incorporación de nuevos países latinoamericanos apunta así a consolidar una red internacional más amplia que permita responder a estructuras criminales que ya no operan exclusivamente dentro de las fronteras de un determinado Estado.
La propuesta todavía debe avanzar institucionalmente
La iniciativa presentada por la Comisión Europea constituye un paso hacia la apertura de las negociaciones, pero no significa que los acuerdos con los ocho países estén actualmente vigentes.
El proceso deberá continuar dentro de las instituciones de la Unión Europea y posteriormente avanzar hacia negociaciones con cada uno de los países involucrados.
Una vez establecidos los respectivos marcos jurídicos, deberán definirse las condiciones específicas para el intercambio de información y la cooperación entre Eurojust y las autoridades nacionales.
La intención de Bruselas es que estas nuevas alianzas permitan una reacción judicial más rápida frente a investigaciones internacionales y reduzcan los espacios utilizados por las organizaciones criminales para aprovechar diferencias entre legislaciones o dificultades de coordinación entre países.
La propuesta representa, además, un nuevo acercamiento en materia de seguridad y justicia entre la Unión Europea y América Latina, en un escenario en el que el narcotráfico, el lavado de activos, los delitos financieros y la ciberdelincuencia presentan cada vez con mayor frecuencia conexiones entre ambos continentes.
