Ramón Ramírez denunció graves irregularidades en la administración del intendente Miguel Prieto. Asegura que continuará con la investigación pese al ocultamiento de documentos.
El interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, expuso este lunes en conferencia de prensa una serie de presuntas irregularidades administrativas y financieras detectadas en la gestión del actual intendente, Miguel Prieto. Entre los hechos denunciados figuran el uso indebido de fondos públicos, desvío de combustibles y gastos injustificados con fondos rotatorios (caja chica), entre otros.
Ramírez detalló que el eje principal de la intervención se centra en la ejecución de 83 mil millones de guaraníes, recursos que debían destinarse exclusivamente a gastos de capital como obras públicas, infraestructura y adquisición de bienes duraderos. No obstante, la propia Municipalidad admitió ante la Contraloría General de la República (CGR) que más de 42 mil millones fueron utilizados para cubrir gastos corrientes, como salarios y servicios operativos.
“Esto constituye una violación directa a las normativas presupuestarias del sector público”, advirtió Ramírez, quien aseguró que se trata de una maniobra ilegal.
Anticipos millonarios sin obras visibles
El interventor citó como ejemplo emblemático el caso de cinco plazas adjudicadas en tiempo récord, cuyos contratos incluyeron anticipos por más de 4 mil millones de guaraníes (equivalente al 20% del monto total), pese a que las obras aún no muestran avances significativos.
“Lo único visible hasta ahora son vallas perimetrales. Por G. 4.000 millones, las obras no están ni cerca de justificar lo ya desembolsado”, remarcó.
Asimismo, Ramírez señaló que algunos pagos fueron realizados sin cumplir con el circuito legal ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), lo que pone en entredicho la validez jurídica de los desembolsos.
Uso excesivo de combustible y supuestos desvíos
Otro de los puntos críticos señalados es el uso desproporcionado de combustible institucional. Según el interventor, la Municipalidad adquiría en promedio más de 60.000 litros por mes, cifra considerada “sorprendente” para una administración local.
Se revelaron casos concretos como el de un vehículo que cargó G. 800.000 en combustible en un solo día (casi 100 litros), pese a haber recorrido solo 51 kilómetros. También se detectaron tickets firmados por personas ajenas a la institución, así como irregularidades en las facturas emitidas por ciertas estaciones de servicio.
“Estamos frente a un posible esquema de desvío sistemático. Hay personas externas involucradas y estaciones de servicio con prácticas cuestionables”, advirtió.
Caja chica utilizada para bocaditos y refrigerios
La intervención también detectó el uso inadecuado de fondos rotatorios (caja chica), los cuales deben destinarse únicamente a gastos menores y urgentes bajo control de las direcciones de Administración y Finanzas. En la práctica, dichos fondos fueron utilizados para compras de bocaditos y refrigerios, en contravención a su uso previsto.
Ramírez anunció la suspensión de estas prácticas y la centralización del uso del combustible, con el objetivo de restablecer el control administrativo.
Concejales cuestionan denuncias
Tras las declaraciones del interventor, los concejales de la bancada “Yo Creo”, Sebastián Martínez y Alison Anisimoff, salieron al paso calificando las acusaciones de Ramírez como “imprecisas” y una “intención de confundir a la ciudadanía”.
Ambos ediles defendieron la práctica del uso de vehículos particulares para tareas institucionales, así como la carga de combustible con fondos públicos, alegando que está respaldada por una resolución administrativa vigente en el marco de un plan de mejora elaborado por la Contraloría entre 2019 y 2020.
Pese a la resistencia y el supuesto ocultamiento de documentos, Ramírez aseguró que continuará con la elaboración del informe final, que podría incluir derivaciones ante el Ministerio Público y otras instancias de control.
