El ex diputado colorado Ulises Quintana, procesado en el marco del denominado Operativo Berilo, solicitó este viernes su libertad ambulatoria durante una audiencia de revisión de medidas. El pedido se produce luego de que el juez penal de garantías Miguel Palacios revocara las medidas sustitutivas que le permitían afrontar el proceso en libertad.
La diligencia se desarrolló de manera telemática en horas de la mañana. A través de su abogado defensor, Derlis Martínez, el ex legislador planteó la reposición de su libertad, ofreciendo caución real y personal, además del compromiso formal de comparecer a la audiencia preliminar en la causa.
Revocatoria de medidas
El pasado martes, el magistrado había dispuesto la revocatoria de las medidas sustitutivas que beneficiaban tanto a Quintana como a Reinaldo Javier Cabaña, alias “Cucho”, y a Hugo Martín Ríos. La decisión se fundamentó en las reiteradas suspensiones de la audiencia preliminar, que acumula 15 postergaciones y lleva 3 años y 8 meses sin poder realizarse.
En el caso específico de Quintana, la Fiscalía lo acusa por presunta asociación criminal y lavado de dinero, cargos que deberán ser analizados en la audiencia preliminar, etapa clave para definir si la causa es elevada a juicio oral.
La fiscala Lorena Ledesma, quien no participó de la audiencia por encontrarse en otra diligencia judicial, ya manifestó su oposición al pedido de libertad planteado por la defensa. Ahora, el juez Palacios deberá emitir una resolución al respecto.
Apelaciones y planteamientos de la defensa
Por su parte, la defensa de Reinaldo Javier Cabaña promovió un pedido de revocatoria de la prisión preventiva, argumentando que el acusado ya cumplió siete años y medio bajo medidas privativas de libertad: cinco años en prisión y dos años y medio con arresto domiciliario.
Además, presentó un recurso de apelación general contra la resolución del juez Palacios, solicitando al Tribunal de Apelación Penal que revoque la decisión adoptada. El magistrado dio trámite tanto a la revocatoria como a la apelación, corriendo traslado a la Fiscalía, que pidió el rechazo de los planteamientos y la confirmación del fallo.
Un proceso dilatado
La audiencia preliminar fue fijada para el próximo 5 de marzo, en una causa que ya acumula casi ocho años de tramitación. Del total del tiempo transcurrido, tres años estuvieron paralizados debido a una acción de inconstitucionalidad promovida por la Fiscalía, que finalmente fue rechazada. Posteriormente, otros 3 años y 8 meses se consumieron entre recusaciones, incidentes procesales y suspensiones, incluidas inasistencias del Ministerio Público.
El juez deberá ahora resolver si concede o no la libertad ambulatoria solicitada por el ex parlamentario, en un expediente que sigue marcado por prolongadas dilaciones y controversias procesales.
