La abogada Blanca Noemí Gauto Fernández, imputada junto a cinco agentes policiales por un grave caso de privación de libertad y extorsión agravada, fue detenida este viernes en la sede del Juzgado Penal de Garantías de Presidente Franco, en el departamento de Alto Paraná.
Gauto Fernández, de 38 años, domiciliada en el kilómetro 10 Acaray de Ciudad del Este, fue aprehendida por agentes de la Subcomisaría 11ª, según confirmó el corresponsal de Última Hora, Edgar Medina.
La profesional del derecho está procesada por su presunta participación en una maniobra extorsiva en complicidad con efectivos del Departamento de Investigación de Hechos Punibles, en perjuicio de tres ciudadanos: Fabio Junior Troche Zarza, Jorge Esteban Stoian Vidiella y su hija menor de edad.
De acuerdo con la imputación presentada por la fiscala Zunilda Ocampos Marín, el pasado 3 de junio, los policías interceptaron a las víctimas cuando circulaban en una camioneta sobre la avenida Monday, en Presidente Franco. Los intervinientes, actuando a cara descubierta y presentándose como agentes de Investigaciones, obligaron a Troche a descender del vehículo y lo trasladaron por la fuerza hasta la sede del Departamento de Investigaciones.
Simultáneamente, otros policías se apoderaron del vehículo, confiscaron los teléfonos de las víctimas y mantuvieron retenidos a Jorge Esteban y su hija dentro del rodado, dentro del predio policial.
Troche fue encerrado durante aproximadamente tres horas en un quincho con paredes de vidrio dentro de la dependencia, donde —según el relato fiscal— fue presionado para entregar USD 50.000 a cambio de su libertad. Los policías amenazaron con allanar sus propiedades y las de su familia, alegando supuestas investigaciones por lavado de dinero.
Durante el procedimiento, los agentes exigieron que Troche contactara a su abogada. Fue entonces cuando Blanca Noemí Gauto Fernández se presentó en el lugar, mantuvo una conversación privada con los policías, y luego informó a su cliente que debía entregar el dinero requerido para «evitar mayores complicaciones».
Según la investigación, con la intermediación de la propia abogada, la víctima logró retirar USD 30.000 de diversas entidades bancarias, suma que fue entregada a uno de los policías. El resto —USD 20.000— debía completarse en el plazo de un mes, según el acuerdo alcanzado en el mismo recinto policial.
Lejos de actuar en defensa de su cliente, la abogada habría colaborado con los extorsionadores, facilitando el pago bajo coacción.
La fiscala Ocampos imputó a todos los involucrados —la abogada y los policías Derlis Ariel Chávez Giménez, Silvio Javier Rojas Vera, Celiano Antonio Zayas Benítez, Ángel Gabriel Resquín Vera y Denis Evaristo Miltos Rojas— por los delitos de privación de libertad y extorsión agravada, solicitando además la prisión preventiva para los seis acusados, atendiendo la gravedad de los hechos y el riesgo de obstrucción de la investigación.
Fuente: Ultima Hora.
