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Bolsonaro se mantiene mudo en su declaración ante la Justicia, que le acusa de haber tramado un golpe de Estado

Silencio. Silencio total. Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil, optó este jueves por no abrir la boca en su declaración ante la Justicia, que le acusa de haber tramado un golpe de Estado para impedir que Luiz Inácio Lula da Silva asumiera la Presidencia en 2023.

«El presidente ya se fue, guardó silencio como la defensa anticipó», dijo Paulo Cunha, abogado de Bolsonaro, al que aconsejó no responder a las preguntas.

Cunha alega que la defensa no tuvo acceso a todos los elementos de la investigación, como el acceso al acuerdo de culpabilidad del teniente coronel del Ejército Mauro Cid, estrecho colaborador de Bolsonaro durante su Presidencia y hoy un enorme dolor de cabeza para el ex mandatario al haber aceptado un acuerdo de delación premiada. «El presidente Bolsonaro nunca ha simpatizado con ningún tipo de movimiento golpista», añadió Cunha.

Bolsonaro se presentó en la sede de la Policía Federal en Brasilia 11 minutos antes de lo previsto para prestar declaración en el marco de la investigación conocida como Tempus Veritatis, que intenta determinar lo sucedido en los últimos meses de 2022 en el Gobierno que por entonces comandaba el político de la derecha dura conservadora. Tras solo 15 minutos ante el juez, el ex presidente se retiró.

Bolsonaro «no teme nada porque no ha hecho nada», insistió su abogado, aunque la investigación comandada por Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal (STF), apunta en otra dirección.

Investigación en marcha

La mañana del jueves 8 de febrero de 2024 marcó un antes y un después para el hombre que gobernó Brasil entre 2019 y 2023. La Policía Federal ingresó en su casa de vacaciones en el paraíso de Angra dos Reis, a un par de horas de Río de Janeiro, y le pidió el pasaporte. Bolsonaro no lo tenía consigo, le dieron 24 horas para que lo entregara. Al ex presidente se le prohibió salir del país y a él y a sus cómplices se les acusa de haber integrado una organización criminal, de intentar la abolición violenta del Estado democrático de derecho y planear un golpe de Estado en las semanas finales de 2022.

La operación apunta a Bolsonaro, militares y ex ministros de su Administración. En total, se emitieron 33 órdenes de registro e incautación y cuatro órdenes de detención preventiva. Este jueves, la Justicia brasileña tomó 23 declaraciones simultáneas en siete estados diferentes: 14 en Brasilia, cuatro en Río de Janeiro, dos en São Paulo, una en Paraná, una en Minas Gerais, una en Mato Grosso do Sul y una en Espírito Santo. Entre los declarantes había cuatro ministros del Gobierno de Bolsonaro.

El STF dio el paso tras una investigación plasmada en 135 páginas en las que se revela que el entonces presidente buscó mantenerse en el poder pese a haber perdido la segunda vuelta electoral de octubre de 2022 ante Lula. Ocho días después de la asunción de Lula, el 8 de enero de 2023, hordas bolsonaristas invadieron la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia y destrozaron el Palacio del Planalto, el Congreso y la sede del STF.

La Policía Federal se presentó en la casa de veraneo e incautó el teléfono móvil de Tercio Arnaud Thomaz, uno de los asesores de Bolsonaro.

Bolsonaro, de 68 años, tiene prohibido comunicarse con otras personas que son también objeto de la operación. De Moraes, el súper juez que fue clave para frenar los impulsos para-institucionales de Bolsonaro durante su mandato, es quien gatilló el operativo policial a partir de la investigación.

Bolsonaro se presenta como víctima de una conspiración. «Dejé el Gobierno hace más de un año y sigo sufriendo una persecución implacable«, dijo hace dos semanas el ex presidente a Folha de São Paulo.

A lo largo de esta semana, los abogados de Bolsonaro advirtieron que el ex presidente no declararía hasta tener pleno acceso a las pruebas del caso. Bolsonaro y su defensa intentaron obtener permiso del STF para no declarar, pero De Moraes negó la solicitud.

El ex presidente, de 68 años, convocó para este domingo a una manifestación en el centro de Sao Paulo. El objetivo es mostrar hacia afuera, pero también hacia adentro de su partido, que cuenta aún con suficiente apoyo popular para ser un factor decisivo de poder en la política brasileña.

Expertos juristas citados por Folha de São Paulo señalan que Bolsonaro juega con fuego y se arriesga a una prisión preventiva al convocar el acto.

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