El asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral Luis Alberto Mauro, reclamó que la ley de trazabilidad de financiamiento político no contempla sanción de suspensión a las agrupaciones políticas que no cumplen con los requisitos de trazabilidad, muchas agrupaciones políticas no rindieron cuentas de gastos en las últimas elecciones municipales de octubre pasado. Indicó que hay tiempo para legislar al respecto hasta abril de 2022, antes de la convocatoria para las elecciones presidenciales del 30 de abril de 2023.
La dirección de financiamiento político del Tribunal Superior de Justicia Electoral reveló que solo el 29% de los partidos políticos que participaron de las últimas elecciones municipales presentaron rendición de cuentas por cada candidato, informando sobre contribuciones y donaciones recibidas, así como de gastos electorales, el plazo para la presentación detallada de dicho informe venció el último 9 de diciembre.
No hay una ley que regula la participación o suspensión de las organizaciones políticas irregulares, la falta de una legislación que sanciona estas irregularidades, hace de que el 71% de los grupos políticos no estén preocupados para cumplir con esas obligaciones.
Lamentablemente, la ley solo establece multa y están expuesto a la no calificación para recibir el subsidio electoral, no una sanción de suspensión, eliminación o no presentar, la ley no tiene prevista esa exigencia, dijo el asesor Mauro.
