Los cartistas y sus satélites no alcanzan a reunir los 30 votos que requieren para desaforar al expresidente Mario Abdo Benítez por la supuesta filtración de datos. Intentarán enviar a comisión o postergar sine die con la idea de reflotar cuando tengan votos.
El líder de la bancada cartista, Basilio “Bachi” Núñez, sostuvo que manejan dos posibilidades: derivar nuevamente a la comisión de Asuntos Constitucionales, que implicaría volver a emitir dictamen o postergar sine die (sin plazo). Para ambos casos solo precisarían de mayoría simple, ya que no tienen los 30 votos de 45 para aprobar el pedido de desafuero.
Según Núñez, no operó para reunir los votos a favor del desafuero del expresidente como en otras oportunidades. En segundo lugar, dijo que recibieron la propuesta de sus aliados para plantear un pedido de pérdida de investidura de la que dijo no fue sujeto de análisis en la bancada.
“La idea es que esté en comisión así como acá llegaron pedidos de juicios políticos a ministros que fueron cajoneados por años; entonces hablamos de que prosiga la investigación fiscal y tratar nuevamente cuando tengamos los números”, dijo Núñez.
La comisión de Asuntos Constitucionales dictaminó ayer en mayoría rechazar el pedido de desafuero del expresidente y en minoría recomendar su aprobación. El órgano recibió a los abogados de la defensa: César Trapani, Enrique Kronawetter y Federico Huttemann.
La defensa del expresidente Mario Abdo
El abogado César Trapani dijo “que como nunca antes, existen evidencias contundentes e imposibles de ignorar, que reflejan una manipulación e instrumentación del Ministerio Público. En términos históricos, podría decirse que el Congreso nunca recibió un pedido de desafuero con semejante escándalo de engaño de por medio”, señaló.
Asimismo, señalaron sin citar a Ovelar que ordenaba los actos investigativos que debían realizarse. También que se autorizaba una extracción de datos de correos electrónicos para realizar una pericia sin que las personas afectadas puedan controlar esta prueba.
El abogado Enrique Kronawetter cuestionó a la jueza penal de Garantías, Cynthia Lovera, porque admitió la imputación y no dio la garantía de cumplir con el recaudo del artículo 328 del Código Procesal Penal y con el artículo 191 de Constitución. Indicaron que se debió plantear una querella y no una denuncia penal.
