El procedimiento se inició durante la mañana de este martes en una vivienda ubicada sobre las calles Perpetuo Socorro y General Bríguido, en Pedro Juan Caballero. Agentes del Departamento contra el Crimen Organizado, bajo coordinación de la Fiscalía, buscan elementos relacionados con una investigación que involucra a familiares del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes y a exfuncionarios de alto rango de la Secretaría Nacional Antidrogas.
Un nuevo procedimiento fiscal-policial volvió a colocar este martes a Pedro Juan Caballero en el centro de una de las investigaciones más sensibles relacionadas con el crimen organizado en Paraguay.
Durante la mañana, una comitiva del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional se constituyó en una vivienda ubicada sobre la calle Perpetuo Socorro y General Bríguido, donde se desarrolla un allanamiento en el marco de la causa que investiga presuntos vínculos entre integrantes del entorno familiar del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes y funcionarios o exfuncionarios de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).
La intervención está encabezada por agentes especializados y cuenta con acompañamiento del Ministerio Público. La información difundida este martes identifica a la fiscala Ingrid Cubilla como una de las responsables de la diligencia. La investigación también cuenta con la intervención del fiscal Luis David.
El procedimiento se encuentra en desarrollo, por lo que todavía no existe un informe definitivo sobre documentos, dispositivos electrónicos, armas, dinero u otros elementos que eventualmente puedan ser incautados.
Una investigación que vuelve a apuntar al entorno familiar
El inmueble intervenido estaría relacionado con Lizany Solís Gómez, sobrina del fallecido legislador, cuyo nombre ya había aparecido anteriormente en investigaciones derivadas del análisis de comunicaciones y documentos vinculados al denominado entorno de “Lalo” Gomes.
La pesquisa fiscal busca determinar el alcance de los supuestos vínculos y las actuaciones que habrían mantenido personas relacionadas con el exdiputado con integrantes de organismos encargados de la persecución del crimen organizado.
La intervención judicial representa un nuevo paso dentro de una causa que se fue ampliando a partir de evidencias obtenidas de dispositivos electrónicos y de denuncias que apuntaron a posibles filtraciones de información, tráfico de influencias y otros hechos presuntamente relacionados con estructuras criminales.
En octubre de 2025, un informe de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles Conexos de la Policía había señalado a Lizany Solís Gómez como una persona cuyo nombre aparecía reiteradamente en comunicaciones relacionadas con el entorno del fallecido diputado. El documento, elaborado a partir de chats extraídos del teléfono de Gomes, describía presuntas gestiones ante funcionarios del sistema de Justicia y otros organismos.
La investigación también alcanza a la Senad
Uno de los aspectos más sensibles de la causa es que las pesquisas no se limitan al entorno familiar de Gomes.
También aparecen mencionados exfuncionarios de alto rango de la Secretaría Nacional Antidrogas, institución cuya función central es combatir el tráfico de drogas y las estructuras vinculadas al crimen organizado.
Entre los nombres relacionados con la investigación aparece Hugo Derlis Baptista, quien ocupó un cargo de alta responsabilidad dentro de la Senad y es señalado como primo del fallecido diputado.
También figura Aldo Osmar Pintos Martínez, exjefe de Fuerzas Especiales de la institución antidrogas.
Ambos nombres ya habían aparecido en investigaciones y denuncias anteriores relacionadas con supuestas filtraciones de información y vínculos con el entorno de Gomes.
Una denuncia presentada ante el Ministerio Público en febrero de 2026 sostuvo que existían elementos que ameritaban investigar a altos mandos de la Senad por supuestos hechos relacionados con asociación criminal, filtración de información sensible y tráfico ilegal de armas. Entre las personas mencionadas figuraban Baptista, Pintos y Lizany Solís Gómez.
La supuesta oferta de un fusil
Uno de los elementos que adquirió relevancia dentro de las investigaciones es una supuesta conversación relacionada con un fusil calibre 7,62 milímetros.
De acuerdo con la denuncia y los antecedentes investigativos publicados, Baptista habría ofrecido presuntamente a “Lalo” Gomes un arma de ese calibre.
Este punto es objeto de investigación y deberá ser corroborado mediante las evidencias incorporadas a la causa.
La existencia de comunicaciones y referencias a armas fue uno de los elementos que motivó pedidos de investigación sobre posibles irregularidades dentro de la institución antidrogas. Una denuncia presentada en febrero de este año señaló precisamente la necesidad de esclarecer si desde la estructura institucional se pudieron producir operaciones o movimientos irregulares de armamento.
¿Qué se investiga a las personas vinculadas al caso?
La investigación apunta a determinar si existió una estructura de relaciones capaz de facilitar información, realizar gestiones o intervenir de manera irregular en procedimientos relacionados con personas investigadas por hechos vinculados al crimen organizado.
Entre las hipótesis mencionadas aparecen hechos como asociación criminal, frustración de la persecución penal y tráfico de influencias, aunque corresponde aclarar que las responsabilidades individuales deberán ser determinadas dentro del proceso judicial y mediante las pruebas que sean incorporadas legalmente.
En el caso de Solís Gómez, investigaciones anteriores ya habían señalado presuntas gestiones ante funcionarios judiciales y fiscales.
Un informe de inteligencia divulgado en 2025 describió varios episodios en los que su nombre aparecía relacionado con gestiones ante integrantes del sistema judicial. El documento fue elaborado a partir de mensajes extraídos del teléfono de “Lalo” Gomes y posteriormente remitido a la Fiscalía.
El caso tiene como antecedente la muerte de “Lalo” Gomes
La investigación actual no puede analizarse sin recordar el origen de buena parte de las evidencias que posteriormente fueron incorporadas a distintas causas.
Eulalio “Lalo” Gomes, entonces diputado por Amambay, murió el 19 de agosto de 2024, durante un allanamiento fiscal-policial realizado en su residencia de Pedro Juan Caballero en el marco del operativo Pavo Real II.
El procedimiento estaba relacionado con una investigación por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal.
Durante el operativo se produjo un intercambio de disparos y el legislador falleció dentro de su vivienda. La muerte generó una fuerte controversia política y judicial y posteriormente se realizaron distintas investigaciones para determinar las circunstancias del procedimiento.
La denuncia relacionada con la muerte del legislador fue posteriormente desestimada por la Justicia, decisión que fue ratificada por la Cámara de Apelaciones de Amambay.
Sin embargo, la incautación y posterior análisis forense de dispositivos electrónicos pertenecientes a Gomes y a su hijo Alexandre Rodrigues Gomes permitió abrir nuevas líneas investigativas.
Los datos obtenidos de esos teléfonos derivaron en investigaciones relacionadas con políticos, funcionarios, fiscales, jueces y personas vinculadas al crimen organizado.
Los chats, una pieza central de las pesquisas
Los mensajes extraídos de los dispositivos electrónicos se convirtieron en uno de los elementos centrales para reconstruir las relaciones que mantenía el fallecido diputado.
Las conversaciones reveladas durante los últimos años motivaron investigaciones sobre presuntas gestiones ante autoridades, pedidos de favores, acceso a información sensible y posibles intervenciones en procesos judiciales.
En junio de 2026, por ejemplo, la Fiscalía presentó una acusación contra el exdiputado Orlando Arévalo, también a partir de elementos surgidos de la investigación derivada de los teléfonos de Gomes.
Esto demuestra que el caso dejó de ser exclusivamente una investigación sobre la situación patrimonial o judicial del fallecido legislador y pasó a convertirse en una causa de mayor alcance institucional.
Una causa que involucra a organismos de seguridad
La aparición de nombres vinculados a la Senad le otorga una dimensión particularmente delicada a la investigación.
La institución antidrogas es uno de los principales organismos estatales encargados de combatir las organizaciones dedicadas al narcotráfico, por lo que cualquier sospecha sobre filtración de información, protección o utilización irregular de recursos institucionales requiere un esclarecimiento exhaustivo.
Una denuncia presentada en febrero de 2026 ya había planteado interrogantes sobre la supuesta existencia de vínculos entre altos funcionarios de la Senad y personas relacionadas con el entorno de Gomes.
El escrito mencionó comunicaciones y documentos que, según el denunciante, deberían ser sometidos a una investigación penal para determinar si existieron delitos como asociación criminal, frustración de la persecución penal, violación de la legislación sobre armas y revelación de secretos de servicio.
El allanamiento de este martes puede aportar nuevas evidencias
La diligencia desarrollada en la vivienda de Pedro Juan Caballero tiene como objetivo principal buscar y asegurar elementos que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados.
En este tipo de procedimientos, los investigadores pueden levantar documentación, dispositivos electrónicos, registros, archivos, soportes digitales y otros elementos que posteriormente serán sometidos a análisis.
No obstante, hasta el momento no se informó oficialmente sobre un resultado definitivo del procedimiento.
Por ello, cualquier versión sobre supuestas incautaciones o hallazgos debe ser considerada con cautela hasta que sea confirmada por el Ministerio Público o la Policía Nacional.
La investigación sigue abierta
El allanamiento de este martes demuestra que la investigación continúa activa y que los fiscales buscan profundizar las líneas relacionadas con las presuntas conexiones entre particulares, funcionarios públicos y estructuras investigadas por hechos de crimen organizado.
La causa tiene múltiples ramificaciones y abarca hechos ocurridos antes y después de la muerte de “Lalo” Gomes.
El Ministerio Público deberá determinar ahora si los elementos recogidos durante el procedimiento permiten fortalecer las hipótesis existentes, identificar nuevas responsabilidades o descartar algunas de las sospechas que fueron planteadas durante la investigación.
Mientras tanto, el procedimiento permanece en desarrollo en Pedro Juan Caballero, y se aguarda un informe oficial de la Fiscalía sobre las evidencias eventualmente encontradas y las decisiones que puedan surgir a partir de la diligencia.
Investigación bajo la lupa
El nuevo allanamiento vuelve a poner en primer plano una investigación que durante los últimos dos años ha generado fuertes repercusiones políticas, judiciales e institucionales en Paraguay.
La causa nació en torno a la figura de Eulalio “Lalo” Gomes, pero las pesquisas posteriores ampliaron considerablemente el escenario y alcanzaron a personas vinculadas al ámbito político, judicial y de seguridad.
Ahora, la atención está puesta en los resultados del procedimiento realizado este martes en Pedro Juan Caballero y en determinar qué nuevas evidencias pueden surgir para esclarecer el entramado de relaciones que continúa siendo investigado por el Ministerio Público.
La investigación sigue abierta y, hasta que exista una resolución judicial definitiva, las personas mencionadas mantienen su derecho a la presunción de inocencia.
