Pese a denuncias previas y la visibilidad mediática del caso, la situación en el barrio Corumbá Cué de Mariano Roque Alonso no muestra mejoras. Vecinos aseguran que, lejos de revertirse, la problemática incluso podría haberse agravado.
“Todo está igual y tal vez empeoró”, coinciden pobladores de la zona, conocida también como “barrio zombie”, denominación utilizada por adolescentes que alude a la presencia de jóvenes —en su mayoría integrantes de la comunidad indígena Maka— que deambulan por las calles bajo los efectos de sustancias, en un contexto marcado por el microtráfico y la explotación sexual.
La problemática ya había sido expuesta en un reportaje televisivo, pero tras una nueva verificación en el lugar, se constató que no se registran cambios significativos.
Los vecinos atribuyen la persistencia del problema a la falta de gestión tanto de las autoridades municipales como del Gobierno Central. Señalan que esta situación afecta no solo a la comunidad indígena, sino también a jóvenes no nativos.
Ramona Villalba, residente del barrio, afirmó que uno de los principales desafíos sigue siendo el control de la venta de drogas.
“Detienen a uno y enseguida aparece otro. Es un problema generalizado que no se soluciona. Mientras no se ataque de raíz la adicción, esto va a seguir empeorando, no solo aquí, sino en todo el país”, expresó.
Villalba también recordó que, en reuniones entre líderes de la comunidad Maka y vecinos, se planteó restringir la venta de bebidas alcohólicas a indígenas como posible medida, aunque cuestionó su efectividad.
Por su parte, Ricardo Leiva, otro poblador, denunció la falta de respuesta municipal ante reiterados reclamos por la limpieza de veredas, patios baldíos y espacios públicos.
“He presentado varias denuncias y no hay respuesta. Si nosotros no limpiamos, la maleza cubre todo”, sostuvo.
Leiva advirtió que estos espacios abandonados son utilizados por personas con adicciones, lo que agrava la problemática social. Según relató, en algunos casos se registran situaciones de exposición pública y daños a propiedades, como la depredación de árboles frutales.
Comerciantes de la zona también manifestaron preocupación. Sandy, propietaria de un negocio, señaló que la presencia de personas en situación de adicción se ha vuelto constante, incluso durante el día.
“Vienen a pedir comida. Algunos están muy deteriorados, y entre ellos hay también adolescentes no indígenas”, comentó.
Asimismo, indicó que existe temor en la población debido a la percepción de inseguridad. En su caso, decidió mudarse al lugar para resguardar su comercio tras haber sufrido reiterados robos, aunque aclaró que no se pudo identificar a los responsables.
Desde la Policía Nacional, el comisario Pedro Espínola, de la Comisaría 10ª de Mariano Roque Alonso, afirmó que actualmente no se registran hechos delictivos vinculados a miembros de la comunidad indígena.
“Se trata principalmente de un problema social relacionado con las adicciones, que afecta a todo el país”, explicó.
El jefe policial señaló que en el distrito residen aproximadamente 3.000 integrantes de comunidades indígenas desde hace más de cuatro décadas. Añadió que la zona cuenta con cuatro comisarías, 50 agentes, patrulleras, motocicletas y apoyo del Grupo Lince.
No obstante, para los vecinos, la presencia policial no es suficiente para revertir una problemática que consideran estructural y que, según advierten, continúa sin una respuesta efectiva por parte de las autoridades.
