El Tribunal de Sentencia resolvió acumular en un solo proceso las causas abiertas contra Armando Javier Rotela Ayala y otros cuatro acusados por los hechos ocurridos durante el motín y la toma de rehenes registrados en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú en octubre de 2023.
La decisión fue adoptada por el Tribunal integrado por los jueces Yolanda Portillo, Héctor Capurro y María Fernanda García de Zúñiga, quienes consideraron que existe conexidad entre los expedientes y que realizar procesos separados podría provocar una duplicación innecesaria de actuaciones y mayores demoras.
Con la resolución, Armando Rotela, señalado como líder del denominado Clan Rotela, será juzgado conjuntamente con Milciades Giménez Prieto, César Ramón Ortiz Sosa, alias Gordito Lindo; Arsenio Erico Alvarenga Sosa y Darío Fidel Villalba Fernández.
Los cinco están procesados por hechos relacionados con toma de rehenes, motín de internos, asociación criminal y hurto especialmente grave.
Juicio comenzará el 8 de julio de 2027
El Tribunal fijó el inicio del juicio oral y público para el 8 de julio de 2027, a las 11:30.
Las audiencias tendrán continuidad los días 9, 14, 15 y 16 de julio, también desde las 11:30, de acuerdo con el calendario establecido por los magistrados.
Inicialmente, el Tribunal había recibido para juzgamiento el expediente correspondiente a Rotela, Giménez Prieto, Ortiz Sosa y Alvarenga Sosa, cuya causa había sido elevada a juicio oral el pasado 6 de agosto.
Posteriormente también fue elevada a juicio la causa contra Darío Fidel Villalba Fernández, decisión adoptada el 10 de agosto, aunque ese expediente había quedado inicialmente a cargo del juez Juan Carlos Zárate.
Al tratarse de investigaciones relacionadas con los mismos acontecimientos ocurridos en Tacumbú, los magistrados determinaron que correspondía acumular los procesos.
De esta manera, en lugar de realizar dos juicios distintos sobre hechos estrechamente vinculados, todos los acusados serán sometidos a un único debate oral y público.
Fiscalía sostiene que Rotela ordenó el motín
La acusación fue presentada originalmente por el fiscal Joao Carlos Báez, quien solicitó que los procesados afrontaran juicio oral. La posición del Ministerio Público fue posteriormente ratificada durante la audiencia por el fiscal Marcial Machado.
Según la reconstrucción fiscal, los hechos comenzaron durante la tarde del martes 10 de octubre de 2023, alrededor de las 15:30, dentro de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.
El Ministerio Público sostiene que Armando Rotela exigía el ingreso de miembros de la prensa al establecimiento penitenciario con la intención de responder públicamente a declaraciones realizadas por quien entonces era ministro de Justicia, Ángel Barchini.
La controversia surgió después de que Barchini afirmara públicamente que integrantes del Clan Rotela habrían secuestrado al interno Oliver Daniel Lezcano Galeano, llevado al Pabellón D y posteriormente descuartizado.
Siempre según la acusación fiscal, Rotela pretendía desmentir esas afirmaciones y exigía la presencia de periodistas dentro de la cárcel.
Reclusos tomaron el portón 6
La Fiscalía señala que internos que respondían a las órdenes de Rotela iniciaron entonces un motín y tomaron el control de la zona correspondiente al portón 6.
Los reclusos supuestamente se encontraban armados con armas blancas, portaban teléfonos celulares y mantenían una actitud agresiva hacia los funcionarios penitenciarios.
Ante la situación, el entonces director de Tacumbú, Luis Esquivel, se dirigió al sector para intentar dialogar con los internos.
Entre los presos mencionados por la acusación se encontraban Juan Valentín Insfrán Espínola, alias Bebé; Pedro David Ledesma; Milciades Giménez Prieto; César Ramón Ortiz Sosa, alias Gordito Lindo; Sergio Ramírez; Darío Fidel Villalba Fernández, alias Mala Visión, y Arsenio Erico Alvarenga Sosa.
Según el Ministerio Público, Gordito Lindo y Arsenio Alvarenga actuaban como voceros del grupo y habrían comunicado las exigencias de los internos mientras actuaban bajo instrucciones atribuidas a Rotela.
Quema de colchones, destrozos y amenazas
La acusación sostiene que durante el levantamiento los internos comenzaron a quemar colchones, ocasionar destrozos dentro del establecimiento y amenazar tanto al director como a los agentes penitenciarios.
La situación fue escalando hasta que los reclusos consiguieron superar el portón 6 y acceder al patio del penal.
Uno de los guardias, identificado como Isabelino Godoy, comunicó al director Esquivel que los internos querían conversar nuevamente con él.
Cuando el responsable del penal llegó al sector, según la Fiscalía, los reclusos ya habían sobrepasado la zona de seguridad.
Fue entonces cuando se habría producido la toma del director.
“Quedaba en carácter de rehén por orden de Rotela”
El relato fiscal señala que Esquivel fue sujetado por los internos mientras varios de ellos se encontraban armados con armas blancas.
Según la acusación, César Ramón Ortiz Sosa, alias Gordito Lindo, comunicó al director que quedaba retenido como rehén por orden de Armando Rotela.
Posteriormente, Juan Valentín Insfrán Espínola habría sido encargado de trasladar al director hacia otra zona de la penitenciaría.
Esquivel fue conducido inicialmente al área conocida como “la privada”. Desde allí habría recibido una comunicación telefónica y posteriormente fue trasladado hasta el Pabellón D, sector donde se encontraba Rotela.
La Fiscalía atribuye de esta manera al presunto líder del grupo una participación central en la organización y conducción de los acontecimientos.
23 funcionarios permanecieron como rehenes
La crisis no se limitó a la retención del director.
Durante el motín, otros 22 funcionarios penitenciarios también quedaron privados de su libertad, elevando a 23 la cantidad de trabajadores retenidos por los internos.
La situación se prolongó durante varias horas y obligó al Gobierno a iniciar negociaciones con los reclusos.
El entonces ministro de Justicia, Ángel Barchini, intervino en las conversaciones destinadas a conseguir la liberación de los funcionarios y recuperar el control del establecimiento penitenciario.
Finalmente, los rehenes fueron liberados durante la tarde del 11 de octubre de 2023, un día después del inicio del levantamiento.
Un episodio que expuso la crisis de control en Tacumbú
El motín se produjo en uno de los momentos más críticos de la Penitenciaría de Tacumbú, cuando sectores internos de la cárcel se encontraban bajo una fuerte influencia de grupos organizados de reclusos.
Los acontecimientos de octubre de 2023 exhibieron la capacidad que poseían determinados internos para movilizar a otros presos, controlar sectores del establecimiento, mantener teléfonos celulares y armas blancas dentro del penal y poner bajo amenaza directa a funcionarios penitenciarios.
Apenas dos meses después, en diciembre de 2023, el Gobierno ejecutaría la denominada Operación Veneratio, mediante la cual las fuerzas de seguridad ingresaron masivamente a Tacumbú para recuperar el control del establecimiento y trasladar a Rotela y a otros internos.
Un solo juicio para determinar las responsabilidades
Con la acumulación dispuesta ahora por el Tribunal de Sentencia, los diferentes episodios atribuidos a los acusados serán examinados dentro de un mismo proceso.
Durante el juicio, previsto para julio de 2027, el Ministerio Público deberá demostrar la participación individual de cada acusado en los hechos y sustentar las acusaciones de motín, toma de rehenes, asociación criminal y hurto especialmente grave.
La defensa, por su parte, podrá controvertir las pruebas presentadas por la Fiscalía y cuestionar la participación atribuida a cada procesado.
El proceso buscará determinar especialmente qué grado de intervención tuvo Armando Javier Rotela en la organización y dirección del motín, así como la responsabilidad de los demás acusados en la retención del director Luis Esquivel y de los otros 22 funcionarios penitenciarios.
Más de tres años después de aquella grave crisis dentro de Tacumbú, el episodio llegará finalmente a juicio oral, con Armando Rotela y cuatro coprocesados sentados en un mismo banquillo para responder por uno de los motines más significativos registrados en la principal penitenciaría del país.
